Diputados del PRD logran acceder a las ''listas negras'' del Fobaproa

* Aparecen empresas de los Hank, Tribasa, Taesa, Hoteles Aristos y hasta el CDE del PRI en Jalisco

Alonso Urrutia * La fracción del PRD en la Cámara de Diputados consiguió la clave para abrir el disco compacto del auditor Michael Mackey, y acceder a las presuntas listas negras del Fobaproa. Aparecieron varios de los nombres que ya habían trascendido a la opinión pública ?como los de Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau?, alguna empresa de la familia Hank, otras como Tribasa, Taesa, Hoteles Aristos, subsidiarias de los propios bancos y hasta el Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco o particulares como Beatriz Fernández de Cevallos.

El coordinador parlamentario del PRD, Pablo Gómez Alvarez, dijo que lo importante ?más allá del análisis de los nombres involucrados? es que ''dimos a conocer créditos considerados por el propio auditor como aquellos que no debió haber asumido nunca el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), porque habían sido contratados de una forma que violaba la regulación que la propia autoridad dio y eran claramente producto de la comisión de delitos''.

En una conferencia de prensa ofrecida por Gómez y Alfonso Ramírez Cuéllar, aseveraron que estaban ante una ''monumental'' impunidad expresada en una relación perversa de autoridades e iniciativa privada, pues se dejó transcurrir deliberadamente el tiempo para que prescribieran muchos de los delitos cometidos.

Ante esta prescripción deberá fincarse responsabilidad, inclusive de tipo penal, al ex secretario de Hacienda y hoy gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz; al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández; al ex responsable del Fobaproa, Javier Arrigunaga, y al ex procurador fiscal, Ismael Gordillo.

Ramírez Cuéllar señaló que estudiarían la posibilidad de demandar a Mackey por no haber cumplido totalmente con su responsabilidad, toda vez que hay más de 20 mil nombres que no se incluyeron. Apuntó que aguardarán a que llegue el disco compacto que enviará el propio auditor, para confrontarlo con la lista que ya tiene el PRD.
 
 

Violación al secreto bancario: PRI
 
 

Por su parte, la fracción del PRI reaccionó violentamente. Omar Alvarez Arronte, actual presidente de la comisión especial de análisis del funcionamiento del IPAB de la Cámara de Diputados, calificó de irresponsables a los perredistas y aseveró que habían incurrido en un delito tipificado en el artículo 112 de la Ley de Instituciones de Crédito, por haber violado el secreto bancario.

Dijo que con la difusión de esta lista ?misma que minimizó por su contenido? prácticamente daban elementos a los involucrados, incluido Cabal Peniche, para promover denuncia en contra de los diputados. Alvarez Arronte señaló que el PRI analizará si en su caso apoya demandas de particulares o promueve por sí mismo una querella contra los perredistas. Agregó que Mackey podría incurrir también en responsabilidades, si colabora con la pretensión del PRD de confrontar la lista con el disco original.

Desde el martes por la noche, los perredistas trataban de descifrar la clave priísta para acceder a la información del Fobaproa. Mediante un programa diseñado para probar diversas combinaciones de diez dígitos, se logró finalmente conseguir la tan ansiada llave de acceso, que fue wteopb549.

Eran las 22:00 horas, cuando personal técnico notificó al coordinador perredista que se había localizado la clave. De inmediato diputados, asesores y técnicos se abocaron al análisis superficial de un larguísimo listado de 2 mil 300 operaciones definidas como reportables por el auditor, con créditos cuya suma asciende a 73 mil 773 millones 429 mil 262 pesos, los cuales fueron ''indebidamente asumidos por el Fobaproa para después trasladar su costo a los contribuyentes''.

Se detectó una deficiencia: 20 mil 107 operaciones sólo estaban enumeradas por el monto del crédito, pero no del beneficiario, si bien la suma de éstos representa en conjunto 14 mil 951 millones de pesos, menos de 20 por ciento del quebranto por operaciones ilegales.

La larga lista no trajo grandes sorpresas y en ella aparecieron: Tribasa, una de las empresas constructoras más fuertes del país; Gutsa Construcciones, hasta hace poco propietaria del World Trade Center; la cadena de Hoteles Aristos, que tiene casi una decena de créditos denominados relacionados; organismos como el propio Bancomext, Nafin, Fira y Fividesu, entre otros; la aerolínea Taesa; la empresa Baby Creysi; Residencial Club de Golf Lomas; la empresa Mexlub; el Grupo Xacur, una de las principales productoras de aceite comestible; Colchones Selther; Muebles Dico; Grupo K2, y el Grupo Costamex.

Asimismo, se encuentran algunas empresas subsidiarias de las propias instituciones bancarias, como la Arrendadora Probursa, Factoraje Probursa y la Inmobiliaria Inverlat.

Entre los créditos otorgados a personajes con vínculos de carácter político sobresalen los cerca de 4 millones de pesos que Banca Promex le prestó al Comité Directivo Estatal del PRI en Jalisco y que, según el PRD, nunca fue liquidado. Asimismo, otro otorgado a Beatriz Fernández de Cevallos, y otro de 53 millones 880 mil pesos al Hipódromo Agua Caliente, empresa vinculada a la familia Hank.

Hay otros nombres como William Karam Kasab, uno de los mayores concesionarios de Pemex en gasolineras; Arcadio Valenzuela Valenzuela, quien hace pocos años fuera dirigente de la Asociación de Banqueros de México; José María Montemayor Seguy, hermano de Rogelio Montemayor, actual director de Petróleos Mexicanos; Ignacio Santos de Hoyos, hermano de un conocido empresario regiomontano; Pablo Funtanet, connotado empresario; Jaime Weis, que tiene reportado un crédito relacionado con el Banco Capital, del cual fue recientemente presidente; Julio Mariscal, empresario dedicado a la distribución de automóviles Ford; el empresario poblano Emilio Maurer; varios miembros de la familia Ballesteros, así como Abel Vázquez Raña.

La lista incluye a los únicos que han sido señalados por el gobierno como delincuentes: Angel Isidoro Rodríguez, Jorge Lankenau, Carlos Cabal Peniche y su cerebro financiero, Marcos Pasini.

Tras distribuir un legajo de 74 cuartillas con los nombres relacionados de los 2 mil 300 créditos, Gómez Alvarez dijo que el monto de estas operaciones definidas como reportables ?con algún viso de ilegalidad? podría sumar ya, a precios actuales, 200 mil millones de pesos, considerando los intereses devengados y el interés compuesto. Destacó que aún faltan los nombres de más de 20 mil acreditados que no fueron incluidos por Mackey, aunque el perredista justificó que en su momento el auditor dijo no haber contado con la ayuda requerida para realizar la investigación del Fobaproa y de la CNBV, porque los banqueros no cooperaron.

El legislador señaló que en los próximos días se podrá contar con un mayor desglose de quiénes son los accionistas de las empresas incluidas en la lista: "Ya se puede apreciar que existen créditos concedidos a personas y empresas que cuentan ostensiblemente con recursos para cubrir sus obligaciones y, sin embargo, éstas han sido asumidas total o parcialmente por el Estado''.

Citó los casos de Gutsa Construcciones y de la familia Ballesteros, que tienen fuertes créditos por más de 800 millones en total; mencionó operaciones de Bancentro e Inverlat, que ''siendo parte relacionada con tales bancos a pesar de ello el Fobaproa los asumió total o parcialmente''.

Indicó que hay créditos que fueron concedidos ilegalmente a accionistas de los bancos (créditos relacionados), que se dieron con avales sin suficiente valor o simplemente a la palabra, mismos que se entregaron fuera de las elementales normas bancarias o que se hicieron para cometer delitos por parte de los involucrados. Subrayó que si bien la responsabilidad de otorgar los créditos fue principalmente de los bancos ?que actuaron al margen de la ley?, también existe la necesidad fincar responsabilidades a las autoridades gubernamentales encargadas de vigilar las instituciones financieras.

En el caso de los funcionarios, Ramírez Cuéllar señaló a Ortiz, Fernández y Arrigunaga, como un grupo que decidía a quién perseguir y a quién no. ''Ahí está la gran responsabilidad de que casi no vaya a haber recuperación fiscal por esa vía''.

Los legisladores del PRD puntualizaron que en la lista de Mackey pudiera haber personas que nunca supieron que sus créditos fueron a dar al Fobaproa o que ya pagaron. En cualquier caso, dijo Gómez, todos los créditos que están en esta lista fueron ilegales y de alguna manera formaron parte del quebranto fiscal, aun cuando sea por un descuento en el monto del pago del deudor.

El legislador perredista Pablo Gómez Alvarez * Foto: Archivo