DOMINGO 16 DE JULIO DE 2000
* El cura fue liberado ante protestas de civiles
Denuncian detención ilegal de un sacerdote en Guerrero
* Temen escalada represiva contra organizaciones de ciudadanos
Sin orden previa y de manera ilegal fue arrestado y retenido por varias horas el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de la comunidad El Rincón, municipio de Malinaltepec, y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la diócesis de Tlapa, Guerrero. El religioso fue acusado del delito de allanamiento de morada, cargo que no se le pudo comprobar, por lo que se le dejó en libertad, con un "usted dispense", dándole a entender que la parte acusadora "le había otorgado el perdón", informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La captura del cura Campos Hernández fue realizada por agentes de la Policía Judicial Estatal, a las cinco de la tarde del domingo 9 y fue puesto en libertad a las 9 horas del lunes 10. El hecho provocó indignación entre las comunidades que el sacerdote visita y donde es ampliamente conocido y respetado.
Las protestas y presiones de los indígenas de esta parte de Guerrero fueron dobles: una por la ilegalidad de la detención del sacerdote, y otra porque, en caso de existir una justificación jurídica, correspondía a la Policía Comunitaria hacer el arresto; esta autoridad es respetada en la región, ya que está integrada por indígenas y campesinos de la zona.
Cuando el proyecto de la Policía Comunitaria se inició, "tanto autoridades municipales como estatales apoyaron su creación y le proporcionó vehículos y armas para su funcionamiento. Por tanto no entendemos por qué ahora se actúa en su contra con mecanismos represivos como las detenciones arbitrarias llevadas a cabo por la PJE", afirmó el organismo defensor de las garantías básicas.
Según el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, la forma en que se ejerció la acción contra el padre Campos Hernández "no respetó sus garantías individuales como acusado en un proceso penal, como lo es el hecho de no ponerlo inmediatamente a disposición de la autoridad jurisdiccional competente y ofrecerle las condiciones necesarias para su debida defensa legal, por lo que tememos que este sea el principio de una escalada represiva contra las organizaciones civiles y especialmente contra la Policía Comunitaria". (Triunfo Elizalde)