LUNES 17 DE JULIO DE 2000

* Los católicos podrían buscar privilegios, advierte el Centro Pro

Piden transparencia en las relaciones Iglesia-Estado

Triunfo Elizalde /II y última * Ante la duda y el temor de que con motivo de la transición política que se vive frente al triunfo electoral de Vicente Fox, una parte de la Iglesia Católica pudiera buscar privilegios y beneficios, el Estado y la Iglesia Católica deben ratificar el principio de un Estado laico, en el que el gobierno no oculte ni niegue sus relaciones con las iglesias, sino que sean abiertas, transparentes y dentro del marco jurídico existente, subraya el sacerdote jesuita Edgar Cortez, en entrevista con La Jornada.

Aceptó que entre varios sectores de la sociedad mexicana existen temores de que el clero político pudiera estar tratando de acercarse demasiado a la próxima administración de Fox, de manera preferente ante el resto de iglesias que existen en el país y que tienen distintas concepciones religiosas. ''Esas iglesias, al igual que la Iglesia católica ųdiceų debieran tener igual un trato claro y con certeza tanto para ellas como para sus integrantes, como también para quienes mantienen la responsabilidad de la administración pública''.

Y al hablar de laicismo, el también director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez se refirió a la educación pública. Dijo: ''primero debe verse como un derecho humano; debe garantizarse el acceso a todos los mexicanos y deben ratificarse los componentes de que la educación en nuestro país debe continuar siendo pública, laica y gratuita, desde la enseñanza básica hasta la universitaria''.

Comentó que, desde tiempo atrás, especialistas en el tema han planteado que el sistema educativo en México "atraviesa por serios problemas, por una crisis donde, a pesar de que se ha logrado ampliar la cobertura de la educación básica, la calidad sigue siendo un gran reto en torno a la cual hay mucho que hacer y donde el conflicto todavía cercano de la UNAM puso en la mesa el futuro de la enseñanza superior en México, por lo que debe reformarse con urgencia dicho sistema, desde sus niveles básicos hasta los superiores, dentro del marco de educación pública, laica y gratuita".

Para Cortez, otro de los temas que el próximo gobierno federal deberá atender de manera prioritaria es el de la justicia. En su opinión ''es un área que vive una prolongada crisis y donde se necesitan cambios radicales y urgentes''; donde las instituciones encargadas de la procuración de justicia por muchos años han mostrado su incapacidad e insuficiencia como instituciones persecutorias del delito y donde existen numerosos ejemplos de cómo dichas instancias, más que estar dedicadas a la búsqueda de la justicia se han visto influidas por intereses políticos que han deformado la exigencia de los ciudadanos de que se investigue de manera adecuada y expedita los delitos de que son víctimas''.

Agrega que para modificar lo anterior se requiere de una gran redefinición del sistema procesal ''que actualmente es un híbrido entre el sistema inquisitorio y el acusatorio, donde no hay certeza para los ciudadanos de que el órgano que va a acusar es un órgano capacitado, profesional e independiente''. Otro elemento fundamental, señala, debe ser el proceso de lograr una independencia de las procuradurías respecto del Ejecutivo federal, y sin dejar de tomar en cuenta que la efectiva procuración de justicia ''sólo es posible respetando los derechos humanos de los ciudadanos''.

La otra parte de la reforma del sistema de justicia es el relativo a la impartición, área donde el Poder Judicial está urgido de efectividad y plena independencia. En este aspecto, el sistema de justicia ųapuntaų ''tiene retos y realidades sociales que investigar, como podría ser el Fobaproa, elemento que ha contribuido a la falta de credibilidad de los ciudadanos en que la justicia sea efectiva, ya que tiene que ver directamente con la impunidad, la falta de castigo a quienes cometen un delito, sea éste pequeño o de trascendencia no sólo nacional sino internacional, como lo es el Fobaproa''. En la lucha contra la impunidad ''se requiere de signos claros, de que exista voluntad política, que se esté dispuesto a que se investigue, que se aclare y que sepamos efectivamente qué es lo que sucedió, quiénes son los responsables y que sean castigados aquellos que han transgredido la ley en el turbio asunto del Fobaproa''.

Como último tema, Edgar Cortez abordó el de los medios de comunicación diciendo: "Pienso que este es uno de los grandes pendientes de una reforma y una transición democrática. Los medios de comunicación no deben quedarse al margen de los cambios que se requieren en el país; ello, garantizando el derecho de libertad de expresión que permita lograr que los medios sean plurales y que expresen la pluralidad que existe en la sociedad, diferentes puntos de vista, pensamiento y posiciones políticas.

''La reforma de los medios de comunicación obliga a la revisión del marco jurídico bajo el que se otorgan las concesiones, de manera que se ponga un alto a la discrecionalidad existente, a la falta de claridad y transparencia con que se dan las concesiones''.