MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2000
* Dispositivo policial de represión sin disimulo
Inexistente, la normalidad política en Chiapas, a un mes de la elección
* El gobierno estatal reparte a sus leales y golpea a opositores
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de julio * Las campañas electorales para gobernador se efectúan en condiciones excepcionales, aún más que las del pasado 2 de julio, que ya es decir.
La normalidad política, cualquier cosa que ésta sea, en Chiapas no existe. La militarización desatada contra cientos de comunidades indígenas en resistencia sigue su curso inexorable. Mientras se desarrolla una contienda electoral muy reñida, la presencia de toda clase de cuerpos policiacos habla de un dispositivo de control y represión desplegado sin pudor ni disimulo.
El uso electoral de la inversión pública es el pan de cada día, con lo cual las diferencias entre los distintos sectores de la población se ahondan. A un mes de los comicios, los repartos de despensas, materiales de construcción y otros "estímulos" producen escenas notables. Hoy fue en Teopisca, hace pocos días había sido en la región fronteriza, mañana será en cualquier otra parte. Grandes tráileres cargados de materiales y víveres descargan ante cientos de campesinos ansiosos que esperan su parte en las plazas centrales de las cabeceras municipales, en un desatado clientelismo.
El partido todavía oficial va por todo
Un gobierno inusual, encabezado por un mandatario interino del anterior interino, ha dispuesto de recursos cuantiosos, muy por encima de las demás entidades federativas, y se les ha dado un empleo parcial, claramente partidista y de contrainsurgencia. Sus efectos se pudieron ver en los comicios federales: ahora resulta que Chiapas es el último bastión del priísmo duro; el partido todavía oficial va por todo, y tiene todo a su disposición para lograrlo.
En buena medida sostenido por las fuerzas militares que ocupan por completo las regiones indígenas, el gobierno de Roberto Albores Guillén con una mano reparte a sus leales, y con la otra golpea y persigue a los opositores, y en especial a las comunidades en resistencia que han constituido municipios autónomos y no aceptan los estimulantes estímulos de origen federal.
La fecha misma de la elección es excepcional (20 de agosto). Y su composición. De un lado disputa la gubernatura el PRI, y por el otro, un candidato reúne a los partidos de oposición.
Ante el priísta Sami David contiende Pablo Salazar Mendiguchía, apoyado por el PAN, el PRD y otros. Cabe señalar que el 2 de julio el partido gubernamental ganó 11 de 12 distritos electorales, las dos senadurías, y hasta la elección presidencial. Quizás por eso la imagen de Francisco Labastida sigue expuesta en las ciudades y pueblos del estado, nadie ha venido a descolgar su propaganda.
No obstante, de haberse elegido gobernador en esa fecha, el PRI hubiese perdido, pues obtuvo 42 por ciento de los votos, mientras la suma de PAN y PRD fue superior a 55 por ciento. Esa sombra se cierne sobre el tricolor triunfante.
El nerviosismo es la regla. Se siente, en primer lugar, entre los propios indígenas que han recibido Procampos, Progresas y promesas en años recientes. Un locatario del mercado sancristobalense lo ponía en pocas palabras: "Ahora que ya no vamos a tener presidente del PRI, Ƒquién nos va a dar los programas?". Este tipo de comentarios se suceden por la entidad.
Las organizaciones campesinas, en particular las que han sido señaladas como paramilitares, han llevado su nerviosismo a la violencia (como ocurrió en El Bosque), la confrontación interna (es el caso de los tres grupos que resultaron de la división de Paz y Justicia en la zona norte) o la presión directa sobre las autoridades para obtener las más prestaciones posibles, ahora que todavía se puede.
El talante represor se ha visto en las detenciones arbitrarias de Salvador López González y Manuel López González, originarios de la comunidad zapatista de Unión Progreso, y de Francisco Demeza Aguilar, de la ranchería Yetal Mobal Teƀel, en Chilón, en días recientes. Y en la agresión y posterior castigo a Oscar Abarca Aguilar, Roberto Hernández Aguilar, José Raymundo Juárez, Jorge Alberto Morales y Edmundo Fonseca Argüello, presos en el penal de Comitán que se declararon en huelga de hambre el 3 de julio, exigiendo "Libertad con justicia y dignidad", a nombre de muchos otros detenidos.
Los presos políticos agrupados en La Voz de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez, anunciaron hoy que se están preparando para sumarse a la huelga de hambre de sus compañeros en Comitán, a quienes el licenciado Carlos Córdova Solís, director del Cereso número 10, castigó ordenando que se les golpeara, se les obligara a comer, y a uno de ellos, Jorge Alberto Morales, se le recluyera en una celda de castigo.
A partir de esta semana, la CNDH anunció que recorre los retenes militares de la zona de conflicto, para constatar que se respetan los derechos humanos. Casualmente, los puestos de revisión han "suavizado" sus modos estos días, lo cual permitió al delegado de la comisión en los Altos y la selva, Alejandro Souza Bravo, anunciar ayer que él y sus visitadores no han encontrado "alguna presunta violación a los derechos humanos", al menos cuando ellos pasan "de incógnito" las revisiones.
Al mismo tiempo, observadores civiles que permanecen en comunidades como Amador Hernández y La Realidad denuncian constantes insultos y agresiones por parte de los soldados que realizan patrullajes diarios. Tanto indígenas como observadores han sido golpeados por elementos castrenses en Amador, mientras que las mujeres que participan en el campamento civil por la paz en La Realidad aseguran ser insultadas, manoseadas y amenazadas sexualmente por los soldados en un alarde de sexismo; las aluden incluso por su nombre, para que además sepan que las tienen fichadas.