MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2000
* 90% de presos, por delitos contra la salud
Agilizarán la defensoría pública de indígenas detenidos
* IFDP, Gobernación, PGR e INI: habrá respuesta a reclamos
Jesús Aranda * De mayo de 1998 a la fecha, 90 por ciento de los 345 indígenas detenidos por haber cometido delitos federales ųy que cuentan con defensor público federalų, han sido procesados por delitos contra la salud, y el restante 10 por ciento, por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
De acuerdo con información obtenida en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), respecto a los procesos seguidos contra indígenas por delitos contra la salud, en 50 por ciento de los casos se debe a la posesión ilegal de drogas; 35 por ciento, a transporte de estupefacientes; 5 por ciento, por cultivos ilícitos; 5 por ciento por compra y venta de narcóticos, y el restante 5 por ciento por otros delitos.
En relación con las violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego ųque ocupan 10 por ciento de causas seguidas contra indígenasų, trascendió que la mayoría de las veces los indígenas fueron detenidos por portar armas de uso exclusivo del Ejército, aun cuando se trata de una o dos pistolas que en muchos de los casos sus portadores ni siquiera estaban enterados de la prohibición.
Ante ello, el IFDP, que encabeza el magistrado César Esquinca Muñoz, se comprometió a agilizar la defensa o asesoría jurídica a los indígenas "sin dilación alguna", a partir de la averiguación previa hasta la ejecución de penas y en asuntos del orden no penal, como son la orientación, asesoría y representación jurídicas.
Para tal efecto, el instituto firmó hace unos días un acuerdo con la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Instituto Nacional Indigenista (INI) con el propósito de coordinar las acciones a fin de responder "a los reclamos de justicia, dignidad, trato igualitario y humanitario de los pueblos indígenas", y para garantizarles una defensoría pública adecuada, cuando se vean involucrados en delitos federales.
Por su parte, el IFDP buscará apoyos económicos de los sectores público, privado y social, a fin de atender los casos de insolvencia económica de algún indiciado, procesado o sentenciado indígena, cuando el acusado se vea impedido para obtener su libertad provisional por falta de dinero.
La solicitud inicial para obtener este tipo de servicios será tramitada inicialmente por el INI, mientras que la Secretaría de Gobernación aplicará periódicamente una cédula de identificación de la población indígena privada de su libertad, con el propósito de diagnosticar los casos en que sea factible la obtención de la libertad anticipada.
Asimismo, la dependencia promoverá el traslado de internos indígenas en el Distrito Federal a lugares más cercanos a su lugar de origen o residencia.
Por su parte, la PGR se comprometió a instruir a los agentes del Ministerio Público federal, para que cuando una persona se "autorreconozca" como indígena y se vea involucrada en un proceso penal federal ųsea como víctima o responsableų, se informe de inmediato al INI y al IFDP.