MIERCOLES 19 DE JULIO DE 2000
* Entregó documentos de Estado a un tribunal español, afirman
Acusan ex militares guatemaltecos al fiscal Arango
Dpa, Afp y Ap, Guatemala, 18 de julio * El fiscal guatemalteco de derechos humanos, Julio Arango, violó la Constitución al entregar documentos de Estado a un tribunal español --que investiga crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en este país-- a iniciativa de la lideresa indígena y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, afirmó este martes un grupo de militares en retiro.
Por lo mismo, el general Manuel Argueta, presidente de la Asociación de Veteranos Militares, y el abogado Julio Cintrón, que defiende a varios de los ocho militares y civiles mencionados en la querella de Menchú, presentaron ante la Corte Constitucional un escrito de denuncia contra Arango, el principal funcionario de derechos humanos.
En la querella presentada por Menchú, bajo investigación en la Audiencia Nacional española, donde despacha el juez Baltasar Garzón, se alega genocidio y tortura e intenta que sean juzgados represores militares guatemaltecos, tres de los cuales son ex gobernante de facto, entre ellos los generales Efraín Río Montt, Romeo Lucas y Oscar Mejía Víctores.
Lo anterior, por su papel en el incendio de 1980 de la embajada española en la esta capital, el asesinato de cuatro sacerdotes españoles en el occidente del país centroamericano y la muerte de familiares de la dirigente humanitaria indígena.
En abril anterior, Arango viajó a Madrid para entregar al tribunal español la información que había reunido durante las investigaciones detalladas en el pleito.
En el escrito introducido por los militares, el domingo pasado, se sostiene que el activista de derechos humanos violó cuatro artículos de la Constitución, que al establecer las funciones del fiscal garantizan la solidaridad internacional.
En su réplica, Arango dijo que las leyes guatemaltecas le permiten cooperar con cualquier investigación criminal en cualquier lugar del mundo, "porque los derechos humanos no conocen fronteras", pero Cintrón refutó al fiscal al señalar que de acuerdo con la Carta Magna guatemalteca, el funcionario sólo podía actuar a pedido del Congreso.
Por otro lado, la mayoría de la población guatemalteca, 65 por ciento, rechazó la labor de los primero seis meses de gestión del presidente Alfonso Portillo por considerar que no ha cumplido sus promesas de campaña, de acuerdo con un sondeo de opinión divulgado este martes, que añadió que solo 31 por ciento considera que está actuando bien.
También, 64.2 por ciento estima que la situación económica es peor con el nuevo gobierno, mientras que 32 por ciento de los guatemaltecos cree que el presidente del Congreso, el general retirado Efraín Ríos Montt, es quien manda en el actual gobierno, por encima de Portillo.
No obstante, el Banco Mundial consideró positiva la política económica del actual mandatario en sus primeros seis meses, pero criticó las incoherencias en los cambios estructurales que impiden un crecimiento acelerado, señaló el delegado del organismo crediticio internacional, José López Cálix.