SABADO 22 DE JULIO DE 2000

* Las Margaritas

Respalda la CNDH el retorno de las 29 familias expulsadas

Elio Henríquez, corresponsal, San Cristóbal de las Casas, Chis., 21 de julio * La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió al gobernador Roberto Albores Guillén reforzar las medidas cautelares en la comunidad Plan de Ayala, municipio de Las Margaritas, en favor de las 29 familias evangélicas expulsadas por católicos tradicionalistas, informó Alejandro Sousa Bravo, coordinador del organismo en los Altos y Selva.

En tanto, Mariano López Pérez, subprocurador de Justicia Indígena, afirmó que 400 policías de Seguridad Pública estatal mantienen el control en la comunidad, luego de que ayer los tradicionalistas bloquearon el camino de acceso e intentaron impedir con piedras y palos la llegada de los agentes, lo que provocó que tres de éstos resultaran lesionados.

Aseveró que la dependencia a su cargo ejercitará acción penal en contra de los 16 indígenas tradicionalistas detenidos ayer, pues sobre ellos pesan acusaciones por ataques a las vías de comunicación, lesiones a tres policías y daños al patrimonio estatal, ya que averiaron tres vehículos del gobierno.

López Pérez señaló que la fuerza policiaca tuvo que actuar ayer para poner orden en Plan de Ayala, ya que "se habían agotado las vías del diálogo para solucionar el problema, por la intransigencia de los católicos tradicionalistas".

Entrevistado por separado, Sousa Bravo informó que este día la CNDH solicitó a Albores Guillén, al procurador estatal Eduardo Montoya, y al alcalde de Las Margaritas, reforzar la medidas cautelares para el retorno en condiciones de seguridad de las 29 familias desplazadas.

Manifestó que las medidas incluyen que se les indemnice por los daños sufridos y se proporcione apoyo humanitario a los expulsados, ya que están refugiados sin contar con lo elemental, pues todas sus pertenencias se quedaron en sus viviendas o fueron destruidas.

Agregó que el organismo ya envió a visitadores para conocer en detalle el caso de intolerancia religiosa, y espera que pronto los desterrados regresen a sus hogares en Plan de Ayala, donde también viven unas 900 familias católicas tradicionalistas.

También dio a conocer que solicitó a las autoridades estatales medidas cautelares para proteger la vida de tres indígenas de San Juan Chamula que fueron expulsados por los tradicionalistas de ese lugar "acusados" de escuchar música religiosa.