SABADO 22 DE JULIO DE 2000

 

* Miguel Concha *

Transición y derechos humanos

Todo mundo está de acuerdo en que con las elecciones realizadas el 2 de julio se dio un paso importante en la transición a la democracia. Fue la conclusión del proceso de llegada al país de la alternancia, y únicamente de la alternancia, iniciada ya hace años en los munici-pios, luego en los estados de la República, posteriormente en la Cámara de Diputados, y por fin en el Ejecutivo federal, considerado por todos como la piedra angular del régimen político mexicano. Como es normal, entre muchos otros temas de importancia para la vida nacional, la atención de los comentaristas se ha centrado sobre todo en el escrutinio de las tendencias en las preferencias del voto de la ciudadanía, en el análisis de la cultura política que esos resultados reflejan y en las perspectivas de la formación del Congreso.

Pero de acuerdo con los principales analistas de los procesos de transición a la democracia en diversos países del mundo, la alternancia es sólo una fase de la transición a la democracia. Le sigue otra tal vez menos espectacular, y que por ello ha concitado menos la atención de nuestros analistas y de la opinión pública, pero que es básica para el futuro de nuestra democracia: la de la consolidación democrática mediante el rediseño de las instituciones públicas.

Como se sabe, el triunfador de las elecciones encomendó al fundador de Nueva República la organización de la mesa de discusión para la reforma del Estado, espacio en el que necesariamente se tendrá que debatir el nuevo arreglo institucional de la política mexi-cana. Diversas situaciones parecen hacer difícil esta encomienda, sobre todo porque la puesta en práctica de los acuerdos a que se pudiera llegar, requerirán de reformas constitucionales, y, como se sabe, las modificaciones a la Constitución requieren por su parte de una mayoría de dos tercios en las cámaras que conforman el Congreso de la Unión, y de la aprobación de las legisla-turas locales. Ahora bien, en la Cámara de Diputados una mayoría similar sólo se consigue con un acuerdo entre el PAN y el PRI, mientras que en el ámbito de las legisla-turas locales hay actualmente once en las que ningún partido tiene la mayoría absoluta. El PRI tiene además la mayoría en dieciocho de esas legislaturas, y el PAN únicamente en dos, todo lo cual reclama un intenso proceso de construcción de consensos, a fin de que las reformas sean viables.

Los consensos adicionalmente se vuelven impres-cindibles, toda vez que el éxito de una reforma de las instituciones se alcanza cuando todas las fuerzas políticas y sociales están dispuestas a procesar sus demandas y diferencias a través de las instituciones democráticas, lo cual exige que esas instituciones sean capaces de tomar en cuenta no sólo los procedimientos más adecuados, sino también los intereses de los diversos sectores de la sociedad, en particular los desafortunadamente cada vez más crecientes de la población mexicana en situación de pobreza y de pobreza extrema..

Se dirá que es difícil ponerse de acuerdo sobre los contenidos concretos de la democracia, aunque es necesario volver a repetir que no partimos de cero, pues diversas convenciones suscritas por la mayoría de los gobiernos del mundo, entre ellos el nuestro, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los pactos de la Organización de Naciones Unidas, sobre todo el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establecen una base sólida para pensar nuevas instituciones en las que la ciudadanía esté dispuesta a procesar con confianza sus diferencias. De lo contrario tendremos reformas que, además del difícil camino para lograrlas, podrían tener un decepcionante resultado, el cual no únicamente pondría en riesgo el bienestar futuro de la sociedad mexicana, sino también haría dudoso el futuro de la alternancia política.

Y es aquí donde las organizaciones civiles de derechos humanos y todas las organizaciones sociales, particularmente las que desde hace años vienen trabajando a niveles nacional e internacional con las bases de la sociedad, siguen teniendo un papel fundamental en el actual debate político mexicano.