MARTES 25 DE JULIO DE 2000

* Auditorías al organismo de vivienda revelan otras anomalías y deficiencias

Ficapro no comprobó 44.8 mdp que le otorgó el GDF durante 98

* Fijó la Contaduría Mayor de la ALDF un plazo de 45 días para que aclare irregularidades

Raúl Llanos Samaniego * Por lo menos 44 millones 827 mil pesos que fueron otorgados por el gobierno capitalino al organismo de vivienda Fideicomiso Casa Propia (Ficapro) no fueron comprobados en las cuentas y registros de esa entidad durante 1998, revela el Informe de Resultados de la Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El órgano fiscalizador de la ALDF detectó, además, diversas "irregularidades y deficiencias" en los estados financieros de Ficapro, que junto con una laxa supervisión en los mismos, llevaron a que hubiera diferencias por más de 50 millones de pesos de una cuenta a otra; también se reembolsaron a la Tesorería del DF recursos sin intereses; se hicieron adquisiciones de predios en condiciones poco claras; pagos en exceso; contratos sin firma del director general, y omisiones en el cobro de intereses moratorios.

A lo largo de 40 hojas, el documento de la CMH detalla los resultados de las tres auditorías financieras realizadas a Ficapro, y de entrada resalta que el fideicomiso "no proporcionó la totalidad de la documentación comprobatoria y justifica- tiva" de la aplicación de 27 millones 203 mil pesos aportados por el Gobierno del Distrito Federal (GDF) para cubrir intereses a instituciones de crédito y gastos notariales por pagos de pasivos pendientes en 1997.

Pero dentro de esa cantidad, refiere la Contaduría, están 5 millones 214 mil pesos que se aplicaron en gasto corriente y que hasta octubre de 1999 el organismo "no había integrado ese importe ni comprobado en qué se utilizó". Aunque también se asignaron remanentes de las individualizaciones para cubrir rezagos monetarios de 1998, lo que implicó una anomalía que se turnó a la Contraloría interna "para los efectos procedentes".

Compra de predios

Más adelante, se cita que hubo cheques que no fueron registrados en la contabilidad hasta varios meses después, y en otros casos se reintegraron recursos --hasta por 3 millones de pesos-- a la Secretaría de Finanzas, de manera tardía y sin los respectivos intereses.

Dentro del texto se documenta la compra de 77 terrenos --con una superficie de 41.3 mil metros cuadrados-- en 34 millones 284 mil pesos, pero que debido a la forma en que se presentaron los registros contables y presupuestales, "no fue posible determinar y verificar la adquisición de la totalidad de los predios", pues "no se desagregan por programas, subprogramas, partidas y metas, sino sólo por capítulo de gasto".

Aunado a ello, la CMH analizó los rubros Deudores Diversos y Patrimonio, que son rubros donde se registra ese tipo de movimientos, y ahí las cifras difieren, en el primer caso, en 20 millones 832 mil pesos, y en el segundo en 36 millones 508 mil pesos.

En este contexto, la Contaduría precisó que Ficapro, en 1998, también pagó a la empresa "Zynco, SA de CV", 466 mil pesos de más, de un contrato de compraventa de un predio, cuyo documento no tenía la firma de su director general. También pagó 56 mil pesos en exceso por un predio de la colonia Tlaxpana, cuyos recursos luego fueron regresados a la Tesorería del DF, pero 402 días naturales después. Por eso, "se dio vista a la Contraloría interna" de tal irregularidad.

La CMH detalló más adelante que el GDF otorgó a Ficapro, por medio de una ampliación presupuestal, 67 millones 347 mil pesos --que corresponden al ajuste del ejercicio de 1997-- y que el organismo público manejó bajo el esquema de Fondo Revolvente, pero de ellos solamente 27 millones 733 mil tienen documentación soporte. De los 39 millones 613 mil 400 pesos restantes, la CMH puntualizó:

"Es conveniente que las autoridades superiores del Ficapro aclaren a la Contraloría General del DF esa diferencia por las operaciones realizadas mediante Fondo Revolvente, derivadas de las Aportaciones del GDF. Asimismo, que en el ámbito de sus atribuciones y de considerarlo procedente, aplique las medidas en materia de responsabilidades que correspondan".

Otro resultado de sus auditorías es que entre lo reportado en los estados financieros de la Cuenta Pública y los Dictaminados del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 1998, "existe una diferencia de 26 millones 912 mil pesos, relativa a las aportaciones del GDF".

Frente a todas esas anomalías detectadas, la CMH dio un plazo de 45 días a los funcionarios de las áreas señaladas de Ficapro para que aclaren o expresen lo que a su interés convenga, luego de lo cual se determinará si proceden sanciones administrativas o penales.

Recuento de una destitución

Ricardo Olayo * El 17 de junio de 1998, la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal, entonces encabezada por Gastón Luken, separó del cargo de director general del Fideicomiso Casa Propia (Ficapro) a Juan Alfredo Juárez Díaz al detectar que omitió mencionar que era accionista mayoritario en el Grupo Empresarial Inmobiliario SA de CV, mismo que tenía contratos con el organismo capitalino de vivienda.

Posteriormente, adjudicó en forma directa un contrato de terminación de vivienda a la citada empresa, lo que hizo suponer a los auditores de la Contraloría que Juárez Díaz se ubicaba en un "conflicto de intereses", dada su participación en las dos entidades --una privada y otra pública.

Según las pesquisas de la Contraloría, se encontró registro de dos empresas que participaron en un concurso, obteniendo el primero y el segundo lugares, pero con domicilios y datos comunes, lo que constituiría una irregularidad y significa que se trata de una misma persona o empresa; a tal extremo llegaron las sospechas que se investigó si se podía tratar de compañías relacionadas con Juárez Díaz.

Tras la indagatoria, las empresas declinaron continuar con una obra que se había asignado para trabajos en la colonia San Miguel Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, y fue entonces que se dio la adjudicación directa a la empresa en la que Juárez Díaz tenía la participación accionaria.

Juárez Díaz es uno de los pocos servidores públicos de este gobierno que, con un mando jerárquico importante, fue sancionado al retirarlo de su encomienda. La propuesta de su nombramiento fue hecha por el secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Roberto Eibenschutz, quien lo defendió y consideró que era honorable en el desempeño de su trabajo; de hecho, Juárez ya se había desempeñado durante la regencia de Oscar Espinosa Villarreal.

Junto a Juárez, fue suspendido de su cargo el director administrativo, Arturo Toledo Petriz, y para ambos se decretó la inhabilitación por un año, debido precisamente a que omitieron informar a las autoridades que eran parte de una empresa con la que tenían relación en su papel de funcionarios públicos.