Ť Fueron consignados por ataques a vías de comunicación

Liberan a 68 de los 73 indígenas detenidos en bloqueo carretero

Elio Henríquez y Angeles Mariscal, corresponsales, Tuxtla Gutiérrez, Chis., 25 de julio Ť Luego de haber sido detenidos ayer durante el desalojo de San Felipe Ecatepec, 68 de los 73 indígenas capturados fueron liberados la noche de este martes, informó el abogado Cecilio López.

Después de que este día habían sido consignadas las 73 personas que bloquearon el acceso a la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal, por la presunta comisión del delito de ataques a las vías de comunicación, esta noche quedaron en libertad sin que se les dieran mayores explicaciones.

"De repente, poco antes de las 11 de la noche, nos dijeron que estábamos libres y que nos podíamos ir todos los que estábamos detenidos" en Tuxtla Gutiérrez, dijo vía telefónica el litigante.

Agregó que a las afueras de las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) estaban a su dispocisión dos autobuses, que esta misma noche los trasladarían a San Cristóbal de las Casas.

Sobre este incidente, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ya había abierto dos quejas por el desalojo policiaco de que fueron víctimas los tzotziles miembros de la Coordinadora Nacional de Pueblos Indios (CNPI).

Tras la detención, las mujeres y hombres, quienes permanecen hacinados en una habitación, denunciaron las agresiones físicas y psicológicas que han sufrido en las últimas horas, entre ellos la carencia de alimento y un sanitario. Las cinco niñas que se encontraban entre los manifestantes habían sido trasladadas al Centro Tutelar para Menores Infractores.

Fianzas de hasta $12 mil para menores

Por la tarde el procurador estatal de Justicia, Eduardo Montoya Liévano, informó que el Ministerio Público del fuero común había determinado que la totalidad de los detenidos -incluidas las menores Concepción Martínez González, Cecilia Silva Vázquez, Brenda Vázquez Vázquez, Socorro Domínguez Gómez y Brenda Vázquez Hernández- eran presuntos responsables del delito de ataques a las vías de comunicación.

Por este motivo, y de no pagar una fianza de entre 10 mil y 12 mil pesos cada uno, se comentó que serían remitidos al penal de Cerro Hueco para entablar el proceso jurídico en su contra, mismo que llevaría al menos un año.

El funcionario había explicado que según la averiguación previa AA40/758/2000, los detenidos también serían responsables del delito federal de obstrucción a la construcción de obra pública, por lo que fueron remitidos a la PGR, para que nuevamente presenten su declaración, tras lo cual se determinaría si se inicia otro proceso en su contra.

Los tzotziles de la CNPI bloquearon el acceso a la vía en protesta por el incumplimiento de un acuerdo firmado con representantes de diversas instancias de gobierno y con la constructora Tribasa -responsable de una parte de la obra-, con el propósito de garantizar que los trabajos de construcción de la autopista respeten el entorno ecológico, urbano y agrícola de San Felipe Ecatepec.

El abogado de los detenidos, Miguel Angel de los Santos, denunció que durante el interrogatorio a que fueron sometidos los hombres y mujeres no se les permitió la asistencia de un abogado defensor o persona de su confianza; en este sentido no pudieron solicitar se les fijara una fianza.

Sólo a dos de ellos se les había dado la posibilidad de libertad bajo caución.

También había denunciado la arbitrariedad de las autoridades al fincarles el delito de ataques a las vías de comunicación, debido a que los detenidos protestaban por la construcción de una carretera que aún no se ha concluido, y por tanto no se constituye aún como una vía de comunicación.

Dijo también que la compañía constructora que efectuó la demanda señaló que sólo tuvo pérdidas por 12 mil pesos, por lo que sería absurdo e improcedente fijarles una fianza a los detenidos pretendiendo que cada uno de ellos pague por separado tal cantidad.

Entre los detenidos estaba Víctor Viera, reportero de la estación XERN de San Cristóbal de las Casas, quien señaló que durante el desalojo perdió parte de sus pertenencias, entre ellas la credencial de reportero, por lo que al intentar entrevistar al subprocurador de Justicia, Miguel Yáñez Mijangos, éste le propinó un golpe y ordenó su detención.

Denunció que al igual que a los otros detenidos no se le ha permitido comunicarse con su familia ni con los dueños de la radiodifusora.