SABADO 29 DE JULIO DE 2000

* Este lunes la comisión aprobará el documento

Informe de legisladores: debe el IPAB revisar operaciones ilegales

* Llama a tomar acciones para deslindar responsabilidades

Víctor Ballinas * El Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) debe "de inmediato" realizar la evaluación sobre la legalidad de las operaciones crediticias relacionadas con el programa de capitalización, considerando, para el efecto, las decisiones del Fobaproa, pues a la fecha "no ha informado si lo ha hecho, y tampoco ha reportado el tratamiento que le ha dado a las operaciones calificadas por el auditor Michael Mackey como reportables".

Tampoco se tiene conocimiento de "si en las irregularidades detectadas en las operaciones que no cumplían con los requisitos establecidos por el Fobaproa, los responsables de dichos créditos han asumido su responsabilidad legal y económica, cuáles han sido devueltos a las instituciones bancarias, si han sido sustituidas por otros a entera satisfacción del IPAB, qué monto representan y si se ha reducido la garantía respectiva".

Estas son parte de las observaciones del informe final de la Comisión Investigadora para el Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que este lunes aprobará dicha instancia en su reunión de trabajo. El documento fue revisado ayer por integrantes de ese espacio legislativo, y por los equipos técnicos del IPAB y de los diputados.

Otras observaciones que contiene el informe, hechas por la fracción del PAN en la Cámara de Diputadas, y que apoya el PRD, son que "en las irregularidades detectadas, el IPAB debe ejercer de inmediato acciones y deslindar las responsabilidades legales a que haya lugar".

Asimismo, se apunta en el documento que en el nuevo esquema de capitalización los bancos deben participar en un porcentaje mayor de la pérdida de esa cartera, al que originalmente se comprometieron, esto es, en lugar de 25 por ciento (de pérdida compartida), se sugiere que se alcance entre 30 y 40, y "en virtud de la falta de estímulos para administrar y cobrar la cartera, se recomienda que como lo establece el propio artículo transitorio del IPAB, se imponga una pena convencional por la falta de cumplimiento en el programa de cobranza, de 40 por ciento sobre la cartera que no se recupere".

En tanto, en las observaciones hechas por la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, destaca que "el IPAB no cuenta ni con los recursos ni con la infraestructura requeridos para llevar a cabo, en forma directa, la custodia y administración de los bienes muebles e inmuebles". Destaca además que éstos fueron valuados a precios muy altos, que no corresponden con los valores de mercado, por lo que su enajenación requiere nuevos avalúos y, "en suma, la banca intervenida no cuenta con un control eficiente, ni con proyecciones acerca del valor real de sus activos y, en muchos casos, se sobrestima el monto de activos y de su recuperación".

Las fracciones panista y perredista son críticas en la parte del informe que les tocó elaborar. El PRD apunta que durante los tres meses que esta comisión legislativa trabajó, enfrentó diversas limitaciones para desarrollar sus trabajos, toda vez que el flujo de información fue lento y, respecto de algunos temas, hubo falta de disposición del IPAB para proporcionar la información.

"Quedan dudas por aclarar, aun cuando se hizo del conocimiento de los vocales y del secretario ejecutivo del IPAB que, conforme a las disposiciones legales conducentes, la reserva de aplicación no aplica sobre las funciones que realiza esta comisión, y el IPAB, argumentando información de carácter reservado, no la proporcionó".

En ese informe también se apunta que el IPAB no entregó la información relativa a la lista nominativa, completa y desagregada de las operaciones calificadas como reportables por Michael Mackey, durante la ejecución del programa para la Evaluación Integral de las Operaciones y Funciones del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, en el saneamiento de las instituciones financieras de México.

También se señala que el IPAB no cumplió con su compromiso de facilitar información "que no pueda enviarse en fotocopia", pues a pesar que el secretario ejecutivo expresó de manera verbal su disposición a que aquélla podría ser consultada en las oficinas del instituto, no se tuvo acceso a ella, como fue el caso de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por la Junta de Gobierno del instituto, o de los expedientes anexos que forman parte del acta de entrega del Fobaproa al IPAB.

Los panistas subrayan en el informe final que "se aprecia una total irresponsabilidad y actitud sospechosa por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en el desempeño de sus funciones, ya que desde marzo el IPAB le ha requerido diversa información sobre los créditos reportables y, a la fecha, tal autoridad financiera no ha dado respuesta alguna, ni siquiera respecto de las operaciones en las cuales se presume existe responsabilidad de tipo penal, aun cuando el instituto tuvo a bien enviarle la documentación relacionada con tales operaciones".

La CNBV, irresponsable: AN

Además, puntualizó el PAN en el informe final, la CNBV, "en un dejo total de irresponsabilidad y en una franca violación a las disposiciones legales, ha dilatado, sin justificación alguna, la entrega al IPAB de los bancos intervenidos, ello sin dejar de menospreciar que ni siquiera ha realizado acción alguna para proceder a la liquidación de las instituciones bancarias que se encuentren en esta situación, generando con ello un alto costo financiero al instituto".

Los panistas agregan que "se observó una actitud negligente del IPAB, pues a pesar de tener perfectamente documentada una operación de crédito a través de la cual se canalizaron recursos por parte de Arrendadora Unión a la empresa Lomas Mil, y posteriormente a un fideicomiso administrado por Banco Unión, cuyo beneficiario era el Partido Revolucionario Institucional, sin mayor investigación aquél determinó que no se actualizara lo señalado en el segundo párrafo del artículo séptimo transitorio del IPAB, en donde se establece que, de comprobarse irregularidades que hayan generado quebranto financiero, se debe devolver el dinero de los créditos involucrados con cargo al financiamiento público".