SABADO 29 DE JULIO DE 2000

* Aún no hay consenso entre las corrientes de los amalios y los chuchos

Coordinadores parlamentarios del PRD, el 4 de agosto

Juan Antonio Zúñiga * Las fracciones parlamentarias del PRD en las cámaras de Diputados y Senadores designarán el 4 de agosto próximo a sus respectivos coordinadores, sin que hasta el momento hayan llegado a un consenso los distintos grupos y corrientes de este instituto político.

En la Cámara de Diputados, donde el partido del sol azteca quedó con 53 legisladores al perder 59 por ciento de las curules que detentaba en la legislatura que termina, por el momento no se observa una definición clara que favorezca a alguna de las fuerzas perredistas internas, debido a que por lo menos diez de los nuevos diputados no han identificado su preferencia por alguna de ellas.

Aunque la corriente conocida como de los amalios parece llevar la delantera, con 15 legisladores agrupados en torno a ella, en realidad no representa un número que le permita asegurar, por ahora, que el nuevo coordinador de la fracción perredista en San Lázaro será uno de sus integrantes, aun en el caso en que otras dos diputaciones que se encuentran en litigio ųuna de Baja California Sur y otra de Michoacánų les fueran reconocidas.

Esto es así porque las negociaciones y el trabajo que realizan otras corrientes, entre el sigilo y el rumor, podrían anular esa aparente mayoría, en particular en el caso de Nueva Izquierda, también llamada de los chuchos, con la cual se identifica a once diputados, y la cual podría establecer una alianza con los cinco de la Corriente de Izquierda Democrática (CID) y otros siete grupos en los que participan doce legisladores más, sin considerar a los diez que se mantienen sin definirse en lo particular.

Los nombres que se mencionan dentro del ajedrez político interno perredista para alcanzar la coordinación de esta fracción parlamentaria son: Martí Batres, identificado con la CID y quien desempeñó este cargo en la Asamblea Legislativa; Rosario Tapia, Eric Villanueva Mokul y Rafael Hernández, por parte de Nueva Izquierda; Silvano Aureoles, por cuenta de los amalios, y Héctor Sánchez, miembro de la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo (COCEI).

En el Senado, donde el PRD cuenta con 14 escaños ųdos menos que en la legislatura que terminaų, los momios parecen inclinarse hacia el lado de Nueva Izquierda, con cinco integrantes de esta corriente, entre quienes figura su líder Jesús Ortega.

Pero tampoco la situación está definida. De la corriente de los amalios se identifica a otros cuatro senadores, y cinco más se acuerpan en otras corrientes; de tal manera que las alianzas y los acuerdos con estos últimos son determinantes para designar al coordinador de la fracción perredista en el Senado. Los contendientes para este cargo parecen ser Jesús Ortega, por parte de NI, y Raymundo Cárdenas, muy cercano al gobernador de Zacatecas, Ricardo Monreal, por los amalios.

La agenda

Cualesquiera que sean designados para coordinar a sus compañeros de bancada en el Congreso de la Unión, los 53 legisladores nuevos del PRD han asumido el compromiso de impulsar una agenda de once puntos, considerados como fundamentales para la línea perredista y mandatados por su Consejo Nacional. Esta agenda será también el instrumento básico para la realización de alianzas parlamentarias con otros partidos políticos, y entre sus puntos figuran: la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por el Congreso; someter a la ratificación del Senado a los secretarios de Hacienda, Comercio, Energía, Semarnap y Relaciones Exteriores.

Además impulsarán una iniciativa para que el presidente de la República pueda ser sometido a juicio político; darán seguimiento a los procesos políticos que han quedado pendientes; introducirán una reforma electoral para reducir el tiempo y los gastos de campaña, así como el que los mexicanos en el exterior puedan votar.

Desde luego, la agenda legislativa del PRD compromete a sus legisladores a dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés, y aprobar la ley de derechos y cultura indígenas; ampliar la autonomía de los órganos de gobierno del DF para nombrar procurador de Justicia, jefe de la policía, y para decidir sobre los niveles de endeudamiento; preparar la reforma para crear el estado 32, e introducir otras que permitan el referéndum, el plebiscito y la consulta popular.

También tendrán que legislar sobre la distribución de las facultades entre el jefe de Gobierno en el Distrito Federal y los jefes delegacionales; pugnar por hacer públicos los créditos que están amparados por el Fobaproa y el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, y defender las prioridades sociales en el próximo presupuesto de la Federación, tales como educación, apoyo al campo, desarrollo social y el aumento general de pensiones y jubilaciones.