SABADO 29 DE JULIO DE 2000

* Insiste clero de Jalisco en señalar fallas de autoridades

Involucran a importantes políticos en el caso Posadas

* Carlos y Raúl Salinas, José Córdoba y Jorge Carpizo, entre ellos

José Galán * A la luz del informe final del grupo interinstitucional sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, presentado este jueves, la tesis del complot sustentada por el cardenal Juan Sandoval Iñiguez y el gobierno de Jalisco hace referencia a nombres conocidos por todos, ubicados en las más altas instancias del poder.

Carlos Salinas de Gortari, José Córdoba Montoya, Jorge Carpizo MacGregor, Jorge Carrillo Olea y Raúl Salinas de Gortari, mencionados por testigos, constituyen, a juicio de la parte que insiste en que el crimen fue premeditado, una importante línea de investigación desechada de antemano por la Procuraduría General de la República, institución que a su juicio no otorgó ninguna validez a dichos testimonios.

Es más, para el gobierno de Jalisco los testigos principales, a los que calificó de "sembrados", mencionaron estos nombres en sus declaraciones "como una forma de vacunar a los implicados contra cualquier acusación, en tanto dichos testigos eran descalificados por la propia PGR", que realizó, según el gobierno panista de Jalisco, indagatorias "plagadas de irregularidades, lo que benefició a los verdaderos responsables de la muerte del prelado".

Antecedentes de la denuncia

Ante la inconformidad resultado de la postura oficial sobre la muerte de Posadas Ocampo por hechos circunstanciales, desde el primer momento una comisión especial del Congreso de Jalisco exigió aclaraciones al entonces procurador Jorge Carpizo MacGregor: en primer lugar, cuál fue el motivo que permitió a la banda de los Arellano Félix escapar del aeropuerto; los gatilleros de los Arellano detenidos posteriormente nunca mencionaron en sus declaraciones estar al tanto de que Joaquín El Chapo Guzmán tuviera un vehículo como el del cardenal; no estaban identificadas ni las armas ni los sujetos que las dispararon, y que se investigaran las insignias policiacas y militares encontradas en el lugar.

Pero, sobre todo, dicha comisión exigió en 1993 la declaración ministerial del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, del nuncio apostólico, Gerónimo Prigione; del secretario de Gobernación, Patrocinio González Garrido, y del procurador Jorge Carpizo MacGregor, para que explicaran cómo se realizó la investigación, y por qué no se detuvo a los hermanos Arellano Félix.

Para el gobierno de Jalisco y el cardenal Sandoval Iñiguez, "la investigación fue precipitada, deficiente, manipulada y orientada desde el principio para imponer la tesis de la confusión", y refiere que la declaración de Alejandro Arenas Gallardo, primer fiscal especial de la PGR para investigar el caso, realizada el 26 de noviembre de 1998, es clara: "al cardenal Posadas no se le confundió con Joaquín El Chapo Guzmán por su vestidura, corte de cabello, el alzacuello".

Ante el cúmulo de testimonios y de pruebas periciales reunidos en las investigaciones, el gobierno de Jalisco afirmó que el asesinato de Juan Jesús Posadas Ocampo "fue un crimen doloso, con catorce disparos directísimos y a corta distancia, en un operativo que implicó premeditación, alevosía y ventaja"; afirma que el 24 de mayo de 1993, en el aeropuerto de Guadalajara, "alguien hizo coincidir a las bandas de narcotraficantes de El Chapo Guzmán y los Arellano Félix, en tanto un tercer grupo ejecutor dio muerte al cardenal Posadas, generándose después la confusión".