SABADO 29 DE JULIO DE 2000
Ť El dinero era usado para financiar a empresas de directivos de la unión
Unicrer, un caso más de fraude y abuso de confianza contra ahorradores
Ť Las demandas prosperaron hasta finales 1999; los socios pierden entre 20 y 40% de su dinero
La Jornada San Luis, San Luis Potosí, SLP, 28 de julio Ť Los escándalos que todo el año pasado afectaron a las cajas de ahorro alcanzaron también a la Unión de Crédito Regional (Unicrer), con sede en esta entidad, pese a que contaba con buena imagen ante sus clientes, principalmente industriales de la construcción, quienes la constituyeron en 1985.
No obstante que el gobierno intervino la organización por una operación irregular de 5 millones de pesos, las verdaderas causas de la quiebra fueron, entre otras, que los principales accionistas tenían más de 50 por ciento de la cartera, muchos de ellos habían realizado sus pagos a través de daciones con propiedades subvaluadas y parte importante de los recursos fueron destinados al financiamiento -incluso con préstamos sin garantías- de empresas inmobiliarias propiedad de los principales directivos de la unión.
A más de un año de la quiebra, entre 500 y 600 ahorradores de siete entidades del país aún esperan recibir sus ahorros, luego de que se dio solución a la mayoría de los 4 mil ahorradores que tenían invertidos casi 2 mil millones de pesos en ese organismo.
Este dinero desapareció en una intrincada red operada por el consejo de administración -formado por los empresarios inmobiliarios más poderosos de la entidad y figuras importantes del panismo y priísmo potosinos- para financiar, a través de créditos en condiciones preferenciales, a empresas propiedad de socios privilegiados.
La organización gozaba de buena imagen ante sus clientes, quienes dejaron de ser sólo industriales de la construcción porque -atraídos por las atractivas tasas de interés que ofrecía Unicrer- pronto se asociaron profesionistas, viudas, ancianos y pequeños y medianos empresarios.
Todavía el 7 de julio de 1999, la televisión difundía promocionales del Pagaré 28 Días, el producto financiero más importante de Unicrer.
En un oficio fechado seis días antes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había ordenado la liquidación de Unicrer debido a una operación con la Caja Popular Mexicana, de la que recibió un depósito de 5 millones de pesos, un movimiento que contravenía la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Sin embargo, los verdaderos motivos de la quiebra aparecieron después. Ochenta socios, entre ellos los directivos, acumulaban 44 por ciento de la cartera de préstamos, 722 millones de pesos. En julio del 99 esa cifra se elevó a 942 millones, más de la mitad de la cartera.
Cincuenta y cinco de esos 80 socios habían realizado pagos por sólo 80 millones de pesos, muchos de ellos a través de daciones en pago de propiedades sobrevaluadas.
En cuanto a sus pasivos, Unicrer debía 480 millones de pesos a Nacional Financiera (Nafinsa) y Bancrecer. Ambas instituciones reclamaban su pago. La endeble situación de la unión era conocida desde 1998 por la CNBV y envió varias advertencias a los directivos para que sanearan las finanzas de Unicrer. Nunca lo hicieron.
Documentos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad indican que una buena parte de los recursos de la unión fueron destinados al financiamiento de empresas inmobiliarias propiedad de sus principales directivos.
Corporativo Altor fue ejemplo de ello. Propiedad de las familias Torres Corzo y Mahbub Sarquís, este conglomerado debía a la unión, en junio de 1998, más de 180 millones de pesos.
El monto de la deuda original de Altor era 48 millones. De repente, empezó a solicitar créditos a un ritmo frenético a través de préstamos quirografarios, es decir sin garantía. Hasta dos movimientos diarios de este tipo eran autorizados por el comité de crédito de Unicrer... cuyo presidente era también Alejandro Torres Corzo.
A través de quitas y entrega de inmuebles tomados en un valor más alto que el real, Altor pudo descontar 106 millones de pesos de su adeudo. Los 74 millones restantes los pagó también con inmuebles sobrevaluados.
Hasta el 1o. de julio del año pasado, cuando la CNBV ordenó su cierre, el consejo de administración de Unicrer estaba presidido por Alejandro Torres Corzo, hermano del ex gobernador Teófilo Torres Corzo. Formaban parte de esa dirección miembros de las familias Mahbub Sarquís, Gómez Madrazo, Rangel Lozano y Valladares García.
Como comisario de la unión fungía Marcelo de los Santos Fraga, director del despacho contable más importante del Bajío y persona muy cercana a Vicente Fox Quesada. De los Santos Fraga fue el candidato del PAN a la gubernatura en 1997 y el próximo 13 de agosto contenderá, en segunda vuelta, por la alcaldía de la capital potosina.
En ese momento, la cartera de Unicrer rondaba los 2 mil millones de pesos y la unión daba servicio a unos 4 mil clientes de San Luis Potosí, Zacatecas, Coahuila, Morelos, Querétaro, Guanajuato y el Distrito Federal.
La moderación mostrada por los ahorradores en un principio, trocó pronto en indignación cuando supieron que no eran simplemente ahorradores, sino socios obligados a compartir la suerte del organismo.
En una asamblea general de accionistas se les informó que la empresa entraba en proceso de liquidación y muy posiblemente perderían más de 50 por ciento de sus ahorros. El Fideicomiso de Liquidación de Organizaciones Auxiliares de Crédito (Fideliq), dependiente de Nafinsa, fue el organismo designado para llevar a cabo el proceso de liquidación.
Los afectados pasaron entonces a la organización y pronto, con marchas y plantones, exigieron al gobernador potosino Fernando Silva Nieto, a los directivos y al comisario Marcelo de los Santos Fraga una solución a su problema.
A éste le recriminaban no haber informado a los ahorradores la situación que enfrentaba la unión. De los Santos Fraga alegaba que había advertido al consejo de administración y que correspondía a este órgano el hacerlo público.
El PRI politizó el asunto y señaló a De los Santos Fraga -quien se perfilaba ya como el candidato blanquiazul a la alcaldía en las elecciones del pasado 2 de julio- como el principal responsable.
Al comienzo, el gobernador Silva Nieto se deslindó de la crisis, calificándola de "un asunto entre particulares". Sin embargo, la movilización pública lo obligó a presionar a los directivos de la unión para que respondieran por los ahorradores.
Por el lado legal se presentaron ante la Procuraduría de General de Justicia del Estado varias demandas por fraude y abuso de confianza. Sin embargo, ninguna prosperó hasta septiembre de 1999, cuando Alejandro Torres Corzo recibió una orden de aprehensión que lo llevó a la cárcel local.
El empresario, sin embargo, sólo pasó un fin de semana en prisión, de la que salió luego de pagar una fianza. El movimiento se interpretó como una advertencia del gobernador a los directivos de Unicrer para que aceleraran el proceso de pago.
A fines del año pasado, se integró un fideicomiso de 200 millones de pesos, formado por los directivos y el gobierno estatal, para liquidar a los pequeños ahorradores que formaban el grueso del movimiento.
Este se debilitó pronto por estas salidas, así como por divisiones internas. A principios de este año, los ahorradores que quedaron como líderes pactaron con el Fideliq un mecanismo de pago por medio del cual ahorradores y deudores se contactaban por su cuenta para negociar el pago de manera directa.
Los ahorradores que aún están pendientes de recibir su pago, entre 500 y 600, se quejan de que en la operación pierden entre 20 y 40 por ciento de su dinero.