DOMINGO 30 DE JULIO DE 2000

Electricidad: presiones o soluciones

* Antonio Gershenson *

Se ha dado una nueva serie de presiones con vistas a tratar de revivir el cadáver de la ya no muy fresca reforma constitucional para vender los activos de la industria eléctrica pública. A las declaraciones de algunos funcionarios se sumaron, ahora, avisos del exterior condicionando a la adopción de esta medida el otorgamiento del grado de inversión a México, para mayor atractivo de inversionistas no precisamente muy audaces, porque los que tienen alguna audacia, y por supuesto el dinero, ya están invirtiendo.

Los voceros del próximo gobierno (Ƒo virtual gobierno, para estar a tono con la palabrita de moda?) han hablado de estimular la inversión privada, pero no de privatizar las instalaciones existentes. Si cedieran a las mencionadas presiones, correrían el riesgo de cancelar su propio proyecto político de corto plazo, que incluye como elemento importante el tender puentes hacia las principales fuerzas del país, incluidas las fuerzas políticas. Como lo muestra la experiencia de cuando se cometió la reforma eléctrica constitucional en grado de tentativa, lo único que logró fue darle de patadas al hormiguero. Lo que se pudo haber hecho en ese tiempo con una reforma razonada y consensada, no se hizo por andarse embarcando en la línea de darse de topes contra la pared, repetidamente y con la mejor perseverancia.

Lo razonable es reformar lo necesario para que podamos tener un desarrollo sostenido y a largo plazo de la industria eléctrica, y para que se pueda garantizar el abasto eléctrico en el corto y en el largo plazo. Esto no se logra dejando las cosas al libre juego de las fuerzas del mercado, como lo muestran las experiencias desde Argentina y Ecuador, con sus respectivos apagones de largo metraje, hasta Estados Unidos, con varias regiones en virtual estado de alerta por el mismo problema, con apagones y disparos de los precios de la electricidad.

Necesitamos inversión, pero también planeación. Si no ha habido más inversión es en buena medida por la multitud de trabas burocráticas a los proyectos que se ha tratado de emprender. Pero si se abriera todo a la inversión incontrolada, ésta saturaría, al cabo de un tiempo, el mercado con exceso de oferta, los precios se desplomarían, y la inversión se retiraría o frenaría, optando por otras áreas de la economía en las que se aprovechara la electricidad barata... no por mucho tiempo, como se vio en experiencias como las mencionadas.

Además de simplificar drásticamente la tramitología, se requiere de parámetros que hagan rentable la inversión y le den certidumbre. Que los costos de la transmisión y los pagos por excedentes generados de electricidad en plantas de cogeneración o autoabastecimiento, sean públicos y entendibles para los interesados. Que las tarifas sean publicadas para un plazo largo, y que quede clara la supresión gradual de injustificados subsidios a algunos grandes consumidores, de modo que éstos puedan ver las ventajas de invertir para su propio consumo eléctrico.

Nada de esto requiere cambiar la Constitución, ni siquiera las leyes. Se requieren decisiones ejecutivas y una clara definición de objetivos y medios para alcanzarlos. *