DOMINGO 30 DE JULIO DE 2000
* José Antonio Rojas Nieto *
Petróleo e impuestos
Una vez más hay que decirlo. No es justo que la renta petrolera siga subsidiando fiscalmente a los que más tienen. Con recursos de todos se subsidia y fortalece a unos cuantos: en el petróleo, entonces, sucede a diario y desde hace muchos años, lo del Fobaproa. De un patrimonio perteneciente a todos, en este caso el petróleo, que, por lo demás, debiera ser cuidado y manejado escrupulosamente, se benefician más, mucho más, unos cuantos. Así pues, en la medida que las necesidades fundamentales del gasto público no sean satisfechas con los ingresos tributarios ųhoy de no más de 10 a 11 por ciento del PIBų, en esa medida será imposible liberar a la renta petrolera de ese lamentable papel que desempeña prácticamente desde 1975 como ingreso gubernamental hasta hoy imprescindible. En buen romance esto significa seguir subsidiando a ese 10 por ciento de la población que recibe prácticamente la mitad del ingreso nacional y que, pese sus quejas y lamentos, no paga los impuestos que debiera. Y esto no se resuelve, a fondo y en serio, profundizando la tributación del consumo, al menos mientras no haya una restructuración drástica de la distribución del ingreso.
La única manera de que los recursos provenientes de la renta del petróleo que capta el gobierno ųeste año superiores a los 15 mil millones de dólares, con lo que alcanzarán su máximo históricoų, sirvan para fortalecer la inversión en ámbitos que incuestionablemente mejorarían la vida social, es liberándolos de esa función fiscal actual. Esto exige un proceso de liberación, sin duda gradual pero irreversible, de esa renta petrolera, proceso que debe orientarse a sustituir los casi 4 puntos del PIB (a veces hasta 6) que representa esa renta, con aportaciones fiscales de las personas y las empresas. Sólo así se podrá resolver la terrible astringencia fiscal de un país en el que los ingreso tributarios no debieran ser inferiores a 20 por ciento del producto nacional, si es que, como se dice, se jura y se asegura, se desea superar para siempre la pobreza extrema y la marginación; los desequilibrios de infraestructura, rurales y urbanos; los problemas de contaminación de fuentes hidráulicas, ríos y mares; el deterioro de suelos y de bosques; del aire, y garantizar una mayor extensión y una irreversible profundización de la educación, de la capacitación, del adiestramiento, de la formación técnica y profesional, de la formación de posgrado.
Con el ánimo de reconocer una vez más la importancia de los recursos petroleros, veamos algunos números de los ingresos petroleros del 2000. En este año el precio medio del petróleo mexicano de exportación ha alcanzado al mes de julio un promedio superior a los 24 dólares por barril. Y para el resto del año se esperan precios ligeramente mayores o acaso similares, incluso considerando que un día de estos Arabia Saudita amplíe su plataforma de producción en 300 mil barriles y algunos otros productores OPEP y México hagan lo propio. Con todo, se pueden esperar ingresos por exportaciones de más de 13 mil millones de dólares. Si a esto sumamos los ingresos fiscales provenientes de una comercialización interna de más de millón y medio de barriles diarios de derivados del petróleo, es posible estimar recursos petroleros totales de no menos de 26 mil millones de dólares: casi 16 mil por Derechos de Extracción de Hidrocarburos, esa parte que urge liberar para el fortalecimiento productivo; 7 mil 500 millones de dólares a poco más por el Impuesto Especial de Productos y Servicios (el famoso IEPS que resulta del diferencial del precio internacional de referencia y el precio interno); y cerca de 3 mil millones provenientes del IVA. Así, este gobierno tendrá ingresos petroleros totales superiores a 26 mil millones de dólares, equivalentes a más de 5 por ciento del PIB, de los cuales la mayor parte (más de 3 por ciento del PIB) se derivan de la renta petrolera, la cual no debe seguir siendo ųhay que decirlo hasta el cansancioų subsidio para los que no pagan impuestos o pagan menos, mucho menos de lo que debieran.
Cualquier cambio fiscal que no llegue al fondo de este asunto siempre resultará insuficiente. Sólo una reforma fiscal de fondo, que recupere el sentido original para el que debieran ser utilizados los recursos derivados de la explotación de los yacimientos petroleros (por lo demás que no son inagotables, que no se nos olvide eso), pondrá en evidencia la falsa necesidad de recursos privados para la prestación de servicios públicos, incluido, por cierto, el servicio público de electricidad, un servicio en el que el gobierno actual ha manipulado no sólo las cifras sino la teoría sobre ellas para plantear una falsa problemática y, consecuentemente, una falaz solución, asuntos que un análisis cuidadoso deberá poner en claro muy pronto, pues resulta urgente evitar que el nuevo gobierno continúe por la engañosa senda de privatización del servicio público de electricidad a la que se lanzó el gobierno saliente.