LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* La indagatoria por corrupción podría ampliarse a un mayor número de senadores
Garantiza De la Rúa la vigencia de las instituciones en Argentina
* Ratifica "todo el apoyo" al juez Liporaci y descarta la renuncia de ministros en su gabinete
Ap, Afp y Reuters, Buenos Aires, 3 de septiembre * El presidente Fernando de la Rúa negó hoy la renuncia de sus ministros, pidió que "nadie hable de crisis institucional", y se declaró convencido de la claridad de las cuentas públicas, en alusión al escándalo provocado por las denuncias de sobornos en el Senado.
Al término de un acto en el que firmó el decreto que desregula el mercado de las telecomunicaciones locales a partir de noviembre, el mandatario argentino dijo también a la prensa que en su gabinete no hay renuncias "porque no hay imputaciones, entonces siguen los ministros funcionando. Todos saben que deben ponerse a disposición de cuanto organismo los requiera".
Informes de prensa especularon el fin de semana con la posibilidad de que ocurriera el alejamiento del ministro de Trabajo, Alfredo Flamarique, y del jefe de los servicios de Inteligencia, Fernando de Santibáñez, quienes han sido mencionados en el caso del presunto ofrecimiento de dinero a senadores de la oposición para que votaran el pasado abril a favor de una ley de reforma laboral.
Según fuentes oficiales citadas por agencias de prensa, dijeron que si el presidente decidiera cambios antes de conocerse con claridad lo ocurrido, sería como una forma de aceptar anticipadamente una eventual responsabilidad de sus colaboradores en el escándalo.
"Que nadie hable de crisis institucional, que no la hay. Yo garantizo la vigencia de las instituciones", afirmó De la Rúa, quien mañana inicia una gira de 11 días por el exterior, con primera escala en México.
El Senado, virtualmente paralizado
El mandatario, por otro lado, dijo confiar en que el Senado, virtualmente paralizado por las denuncias contra algunos de sus miembros, "aprobará las leyes que necesitamos".
"Si se demoran voy a utilizar las facultades que la Constitución me otorga para ir adelante y que este país avance", sostuvo, en alusión a la posibilidad de dictar decretos de necesidad y urgencia ante la demora de los legisladores.
Por su parte, la justicia ordenó a la Policía Federal que investigue las cuentas bancarias, posesiones y viajes al exterior de casi todos los senadores, publicó este domingo el diario Clarín.
Así, podría sumar más pedidos de desafueros a los ocho presentados, ya que los fiscales de la causa recibieron información de que cerca de 20 senadores habrían viajado al extranjero tras la polémica sanción en mayo pasado de la ley de flexibilización laboral, reclamada por el Fondo Monetario Internacional y por el empresariado argentino.
El vicepresidente Carlos Alvares, titular del Senado y principal impulsor de la investigación en la Cámara alta, afirmó al matutino que si hubo sobornos, "habrá que seguir la pista del dinero en los patrimonios, en los gastos y en todas la investigaciones sobre el entorno de los senadores", para que el caso sea "un disparador de la transformación política en Argentina".
El juez federal Carlos Liporaci, encargado del caso, comenzará además a buscar pistas sobre los supuestos sobornadores, para lo cual citó el lunes al secretario de Hacienda, Mario Vicens, con el objetivo de conocer sobre los gastos reservados del gobierno. Liporaci adelantó que tiene "presunciones ciertas" de que el dinero de los presuntos sobornos "salió del Estado".
En este sentido, De la Rúa ratificó hoy que el juez "tiene todo el apoyo" del gobierno y aseguró que "estoy convencido de la claridad de las cuentas públicas, por eso quiero ponerlas a disposición (de la justicia). Este es un punto clave, he dado la orden de que todo se informe plenamente".
El escándalo ha dañado la imagen de De la Rúa, quien llegó al poder en diciembre pasado enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción. Aunque muy pocos ponen en duda la probidad del jefe de Estado, la actitud vacilante que adoptó cuando surgieron las primeras acusaciones provocó un derrumbe del alto nivel de aceptación que gozó hasta hace poco.
Diversos comentaristas locales coinciden en que la modalidad personal del presidente, hombre dubitativo y enemigo de adoptar rápidas decisiones, conspira conta su buena imagen.
Según varias encuestas, el deterioro público se extiende a la clase política en general y a las instituciones del sistema democrático. El hecho de que los involucrados sean varios senadores de la oposición peronista y algunos de la Alianza gobernante ha golpeado duramente a las dos principales fuerzas políticas de Argentina.
De este deterioro solamente parece salvarse el vicepresidente Alvarez, que en su carácter de titular del Senado, reclamó desde el comienzo una investigación a fondo. Esto le valió la abierta hostilidad del peronismo, que tiene mayoría en la Cámara alta, y de los senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), el partido de De la Rúa. Alvarez encabeza el centroizquierdista Frente País Solidario, que integra la Alianza con la UCR. Pero tampoco el Frepaso se ha salvado del escándalo, ya que el ministro Flamarique pertenece a esa formación.