LUNES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Es uno de los beneficiarios principales del manejo contable de la corporación
Rodes aún estaría detrás de asociación de la PA
* Diferentes documentos revelan una red de complicidades con familiares y ex funcionarios
Ricardo Olayo * Hasta ahora oculto de la vida pública, Orlando Rodes Arenas ha sido uno de los principales beneficiarios del manejo contable de la Policía Auxiliar (PA) desde 1988, año en que él mismo ayudó a diseñar el esquema de trabajo de la asociación civil de uniformados, organismo que en diferentes ocasiones ha pretendido desaparecer el Gobierno del Distrito Federal.
Diferentes documentos --entre otros, contratos privados de promesa de compraventa-- revelan que los beneficios se extienden a la contratación de un despacho de contabilidad propiedad de Rodes, la venta de un inmueble para oficinas médicas que finalmente lo favoreció con la renta de las instalaciones y el acuerdo con su hermana Virginia para concretar una operación ventajosa en la cual la asociación civil pagaría un sobreprecio por un terreno en el estado de Guerrero; en este último caso estaba al tanto del procedimiento irregular el ex director general de la PA, Francisco Ruiz Gamboa.
Las operaciones han quedado así en un círculo de cuatro o cinco personas quienes en algunos casos se autocompran un terreno, se lo venden entre sí y después lo ofrecen a precios más altos de mercado a la asociación de policías que se nutre de los fondos de los uniformados.
A finales de la década de los ochenta Rodes fue contralor de la Policía Auxiliar y al paso de los años aún se mantiene detrás de la asociación civil, ahora con la conducción de los policías de tropa que con manifestaciones y con el acuerdo de los 26 comandantes recién destituidos se hicieron del control del comité técnico en la citada asociación.
Este comité que administra los recursos de los uniformados ha encontrado resistencia por las dudas del liderazgo surgido de un pacto con los comandantes y por ello iniciaron la recolección de al menos 20 mil firmas --51 por ciento de los integrantes de la Policía Auxiliar-- para desconocer al comité presidido por Sergio Armando Díaz Zavala.
Ganancias directas cada mes
Orlando Rodes encabezó Servicios Especiales Administrativos, SA (Seasa), empresa contratada por la asociación civil y cuya tarea principal era expedir los cheques de pago a los comandantes y demás personal de la PA y, a cambio, retenía 1.5 por ciento del total de la cuantiosa nómina "más IVA sobre el importe neto de los recursos procesados en el periodo".
Por años, mes con mes se repetía la operación que dejó a Seasa importantes recursos financieros e información de primera mano sobre las cuentas en la corporación. El último contrato entre las partes indica que Seasa, representada por Jorge Ignacio Cortes Soto tenía una duración obligatoria de un año y precisamente al concluir se le puso fin en noviembre de 1999, apenas unas semanas después que el entonces jefe de Gobierno del DF, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, instruyera al ex oficial mayor, Porfirio Barbosa, intervenir en el conflicto que había rebasado a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Barbosa y su personal canceló el servicio de Seasa y en lugar de que los efectivos pagaran 1.5 por ciento de la nómina a la empresa de Rodes se dejó la expedición de los cheques en manos de la Policía Auxiliar, y con ello se rompió una de las ligas con el personaje.
Cuando Cárdenas decretó la intervención del gobierno central en la actividad de la asociación civil los últimos días de septiembre de 1999, también con esa acción se impidió, sin saberlo, otra de las transacciones de Rodes, esta vez mediante su hermana Virginia.
La operación consistía en que la asociación --que se nutre de los recursos retenidos a los 40 mil uniformados-- dispusiera de fondos para comprar un terreno en Coyuca de Benítez, Guerrero, propiedad de la familia Rodes y entregara un sobreprecio.
Además establecía el contrato --del cual se tiene copia-- que en caso de no concretar la compra, la asociación civil daría a Virginia Rodes 2 millones 300 mil pesos como "pena convencional".
El inicio de dicha operación tenía como plazo el primero de octubre de 1999, día en que se entregarían 11 millones 500 mil pesos. Pero el relevo en las áreas administrativas tras la intervención de Cárdenas impidió que se concretara la transacción, para pagar posteriormente otros 18 millones de pesos.
Sin embargo, surgen contradicciones pues en otro contrato cuyo representante era Jorge Ignacio Cortes Soto --el mismo de la empresa Seasa-- se mencionan precios distintos al valor de un predio aledaño con un margen de diferencia de 700 millones de pesos.
Curiosamente en los contratos eran testigos el director de la PA, Francisco Ruiz Gamboa, actualmente sometido a proceso administrativo por otros asuntos en la Contraloría General del DF, y el director administrativo de la corporación, Severo Rodríguez Huezo.