MARTES 5 DE SEPTIEMBRE DE 2000
No a los acuerdos de San Andrés
* Marco Rascón *
Bajo la suposición de que el 2 de julio trajo el cambio de régimen y la opinión oportuna de los negociadores y asesores del EZLN en el sentido de que los acuerdos de San Andrés eran la "propuesta mínima" para iniciar el programa de reformas en pro de los derechos indígenas en México, no hay razón para suscribir estos acuerdos, porque ya no corresponden a la nueva situación política: el interlocutor priísta ya no es tal, y por lo tanto, es momento de hablar del programa máximo y no del mínimo; más aún, se reinicia otro ciclo político que habla de una reforma de Estado en la que San Andrés debe ser sólo el punto de partida para alcanzar un acuerdo más avanzado.
Ni las posiciones del Ejército ni los acuerdos de San Andrés son hoy el punto central del debate respecto a la insurrección indígena, sino los temas expuestos en la Primera Declaración de la Selva Lacandona, en la cual se fijan los puntos que definirán una alternativa no neoliberal para los pueblos indígenas, y no sólo de ellos sino de todo el pueblo de México.
Si el foxismo es continuación de la oligarquía económica o la fase superior del neoliberalismo, su tarea es desmantelar al PRI, pero también tejer un nuevo sistema de poder y control social regional y social. Chiapas en este caso es un laboratorio, pues desde la concepción de la integración económica tiene todas las características que busca el nuevo modelo para legitimarse: inestabilidad política, extrema pobreza, guerra religiosa e intolerancia, atraso agrario, polarización social, racismo, lucha armada, paramilitares, contrainsurgencia, viejos y nuevos intereses económicos orientados a la exportación, riquezas naturales estratégicas, crisis ecológica, y fue además un ex bastión priísta hasta antes del 20 de agosto.
El atractivo estratégico que ejerce Chiapas para el proyecto global radica en su atraso y sus agudos problemas. Desde esa perspectiva, Pablo Salazar Mendiguchía no será el gobernador ni del PAN ni del PRD sino vanguardia de la política de Vicente Fox y su visión reformista; será el escaparate modernizante con el visto bueno de Estados Unidos y ejemplo de la Doctrina Monroe para el mundo que ofrece "democracia" a cambio de bienes naturales. Por eso el foxismo enfrentará la casta oligárquica local de finqueros coletos, cafetaleros, ganaderos y latifundistas, sobrevivientes a 200 años de cambios en México y protegidos por los poderes centrales, que hoy constituyen, paradójicamente, un obstáculo para la expansión de los intereses globales en el sureste mexicano. La tarea de Salazar y el foxismo será neutralizarlos y asimilarlos, sin caer en el agrarismo ni fomentar una alternativa popular que favorezca a la población indígena y campesina. Siendo esencialmente antifeudales y neoliberales las reformas políticas en Chiapas, la nueva Constitución pretende insertar a esa entidad en el desarrollo global.
Nada aporta reducir todo a la firma de los acuerdos de San Andrés, sería lo mismo que una consigna sin contexto, ya que hoy de nada sirve condenar los derechos indígenas a un apartado marginal del artículo 4Ɔ constitucional en el cual se protegen los derechos de la "población vulnerable", cuando la demanda histórica de los pueblos indios ha sido la lucha por ser reconocidos jurídicamente como parte de una nación plural que se integra con los valores, lenguas y derechos de 56 naciones distintas culturalmente, incluyendo la mestiza-criolla de habla castellana. No vale nada la firma de unos acuerdos que condenan a los pueblos indios a ser tratados filantrópicamente como indigentes, relegados al artículo 4Ɔ , pues la alternativa es la reforma al artículo 2Ɔ constitucional a fin de sembrar la razón de que México es una nación no sólo sin esclavos, sino integrada por pueblos diversos, culturas diferentes, lenguas distintas, que son la raíz activa de la identidad nacional. Todas las leyes posteriores y secundarias deberán adecuarse a esa definición inicial y de Estado.
Aceptar los acuerdos de San Andrés sería un retroceso para el EZLN, porque hoy están limitados a reivindicar derechos en los territorios originales y excluyen a toda la población india migrante que vive en los centros urbanos y en otros lugares distintos a los de origen.
Hay que dejar que el viejo régimen priísta no sólo se lleve la traición que cometió al no haber reconocido su firma en los acuerdos, sino también sus limitaciones y acotaciones, ya que fueron suscritos en un país y en una situación histórica distinta. Hay que recordar que los acuerdos de San Andrés fueron sólo el primer punto de una amplia agenda de diálogo que hoy debe replantearse en un espacio propio. Esto da para una nueva convocatoria multilateral que debe partir no sólo de los partidos y el Congreso de la Unión. *