MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Existen múltiples testimonios contra el ex militar, señala Carlos Slepoy
El juez Garzón entregará a México pruebas suficientes
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 5 de septiembre * Las pruebas que implican a Ricardo Miguel Cavallo en los delitos de genocidio, terrorismo y tortura cometidos durante la dictadura militar de Argentina (1976-1983) son "múltiples" y serán entregadas a las autoridades mexicanas junto con la petición de extradición que emitirá el juez español Baltasar Garzón, informó el abogado de la acusación popular y particular, Carlos Slepoy.
"En el sumario del juez Baltasar Garzón existen decenas de miles de folios con testimonios de personas y documentos que se han elaborado en los últimos 25 años, y cada vez que Garzón toma una decisión de imputar o procesar a alguien es porque está absolutamente fundado en las pruebas que hay en el sumario", agregó.
"En este sentido, hay varias personas que se acercaron de Argentina a España para declarar sobre los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma) y señalaban a Cavallo como uno de los principales oficiales que se dedicaban al secuestro y la tortura. Hay múltiples pruebas contra él", sostuvo.
El plazo fijado por las leyes mexicanas para la presentación de pruebas inculpatorias es de 60 días desde el momento de la detención. Al respecto, Slepoy explicó a La Jornada que el magistrado español, quien el 1o. de septiembre pasado dictó el auto de procesamiento contra Cavallo, está elaborando la petición de extradición que cursará a México.
"Quizás el juez Garzón en el transcurso de la próxima semana formalice la solicitud de extradición y ahí se enviará toda la documentación que pide el tratado respectivo y se señalarán las pruebas en las que se apoya la solicitud", explicó el también presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina en Madrid.
Al preguntarle si habrá suficientes pruebas para que no haya la más mínima posibilidad de que Cavallo evada la acción de la justicia, Slepoy respondió que "efectivamente, habrá pruebas testimoniales y documentales suficientes".
El líder del exilio argentino y pieza esencial en los procesos abiertos contra los regímenes militares en Chile, Argentina y Guatemala se refirió al principio de territorialidad, del que el presidente Fernando de la Rúa dijo ser "partidario".
"El principio de territorialidad para la persecución de estos crímenes tiene jurisdicción universal, establecido en el artículo 118 de la Constitución argentina, el cual señala que se juzgarán los crímenes cometidos fuera de Argentina cuando afectaran al derecho de gente, o sea de los crímenes contra la humanidad. Por tanto, el presidente De la Rúa, al reclamar el principio de territorialidad, contradice lo que señala la Constitución emitida desde el siglo XIX y está negando la existencia de leyes que se oponen a la legislación argentina y a las leyes internacionales.
"Por otra parte, es una hipocresía por parte del presidente decir que es partidario del principio de territorialidad, porque él no pretende que Cavallo vaya a Argentina o que los militares argentinos sean juzgados en ese país. Su pretensión es que estén en Argentina para quedar en la impunidad. Es realmente lacerante el hecho de que el único lugar del mundo donde Cavallo podía escapar cuando se enteró de que lo podían detener era precisamente Argentina, que se ha convertido en un refugio para los genocidas del propio pueblo. Nosotros decimos que el alegato de De la Rúa respecto de la territorialidad no se sostiene desde el punto de vista jurídico ni desde el punto de vista moral", expuso.
Slepoy argumentó que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron condenadas en los años 90 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, declarando que eran contrarias a la Convención de San José de Costa Rica y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la medida que impedían el derecho a la justicia de las víctimas.
"Por tanto, estas leyes son absolutamente ilegítimas, se oponen a la Constitución argentina y a los tratados internacionales que Argentina tiene suscritos", afirmó el abogado de la acusación popular y particular, quien calificó de "bochornoso" cualquier intento del gobierno argentino por dejar en la impunidad los crímenes cometidos por Cavallo.
Colaborará el gobierno español con las autoridades judiciales
Por lo pronto, acerca del proceso contra Cavallo, el gobierno español encabezado por José María Aznar señaló que no es "ni favorable ni deja de serlo", de acuerdo con un despacho de Dpa.
"El gobierno no es favorable ni deja de serlo porque no le corresponde en su papel institucional. Lo que corresponde es colaborar plenamente con las autoridades judiciales, ser absolutamente respetuoso con los procedimientos judiciales, ser como lo ha sido con el caso de (el ex dictador chileno Augusto) Pinochet y como lo va a ser en el caso de Cavallo", dijo el jefe de la diplomacia española, José Piqué.
Piqué agregó que cuando el juez Garzón tramite la solicitud para extraditar a Cavallo, el gobierno "la transmitirá de acuerdo con los procedimientos existentes".