MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000
* Familiares de 500 desaparecidos llevarán el caso al Congreso de la Unión
Denunciarán a Acosta Chaparro por genocidio
* Encabezó la represión durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa en Guerrero, aseguran
La Jornada/ El Sur, Acapulco, Gro., 5 de septiembre * Organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y sobrevivientes de la represión desencadenada durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa, y ejecutada por el general Mario Arturo Acosta Chaparro ųarrestado por posibles vínculos con el narcotráficoų, acordaron presentar el caso de las más de 500 desapariciones y asesinatos; torturas, detenciones extrajudiciales y encarcelamientos clandestinos ante el Congreso de la Unión, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el presidente electo Vicente Fox Quesada para que se le castigue por narcotráfico y genocidio.
Encabezados por la vicepresidenta nacional de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violación a los Derechos Humanos en México, Tita Radilla Martínez ųquien reclama la desaparición de su padre Rosendo Radilla Pachecoų, exigieron, después de 25 años, la presentación con vida de sus familiares desaparecidos en el municipio de Atoyac, y la creación de una comisión de la verdad que investigue el caso y esclarezca cuál fue el destino final de esas personas.
En conferencia de prensa, el diputado perredista Octaviano Santiago Dionicio ųquien fue torturado en 1978 por Acosta Chaparro en una cárcel clandestina de la ciudad de México, en la época en que "combatía al lado del comandante Lucio Cabañas"ų aseguró que en su calidad de presidente de la fracción de diputados del PRD en el Congreso de Guerrero propondrá un punto de acuerdo para que se solicite al Congreso federal que se abra una investigación para esclarecer los crímenes cometidos por Acosta Chaparro durante "la guerra sucia" desplegada por las corporaciones policiacas que durante el gobierno de Rubén Figueroa Figueroa fueron comandadas por el general brigadier arrestado.
Señaló que en el punto de acuerdo se planteará al gobernador René Juárez Cisneros que se manifieste por el esclarecimiento de los hechos y "abra los espacios" para que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) levante los testimonios de familiares de los desaparecidos y de los sobrevivientes.
Propuso crear un frente amplio que reencuentre a todos los familiares de los desaparecidos y víctimas de la represión para exigir que se castigue a Acosta Chaparro por genocidio, y dijo que "ojalá y los diputados priístas no se echen para atrás".
Informó que hasta la fecha existen 80 casos documentados de desaparecidos, con las fechas en que fueron detenidos. Adelantó que continuarán recopilando testimonios de familiares y víctimas de Acosta Chaparro para integrar expedientes que tengan valor jurídico con el fin de presentar la denuncia correspondiente ante la PGR, y llamó a la sociedad a presentar el caso de algún familiar que haya sido afectado por la represión de los años 70.
Los defensores de derechos humanos acordaron enviar a la PGR una solicitud formal con el fin de que envíe una agencia móvil del Ministerio Público a Guerrero para que levante testimonios y declaraciones en Chilpancingo, Atoyac y Acapulco.
El profesor universitario Eloy Cisneros Guillén, quien fue detenido en ese periodo y aún padece del oído a causa de la tortura de la que fue objeto, se manifestó por castigar a los responsables de los agravios cometidos contra la sociedad, de la represión y asesinatos de ciudadanos que en la Costa Chica dejaron una estela de desapariciones y de torturados.
Propuso crear una comisión coordinadora que recoja los testimonios de las víctimas del "gobierno sanguinario" y se busque jurídicamente la apertura del caso.
Señaló que el caso debe presentarse ante la CNDH para que ésta a su vez envíe a un visitador a recoger testimonios, y sugirió involucrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Juan Alarcón.
El dirigente del PRD en Atoyac, Wilibaldo Rojas Arellano, consideró que es necesario buscar la asesoría de personas especializadas en la materia para presentar una querella ante la PGR, y propuso realizar un foro sobre desaparecidos en Guerrero, al que asistan familiares de las víctimas, documentar los casos de desaparecidos y ejecuciones extrajudiciales, y organizar una conferencia de prensa en la ciudad de México.
La profesora Rosa María Gómez Saavedra, quien también fue detenida por Acosta Chaparro Escapite, y Arturo Gallegos Nájera, preso político durante ocho años, se manifestaron por la creación de una comisión de la verdad con el fin de castigar a Acosta Chaparro por genocidio; que esclarezca qué pasó durante la "guerra sucia" y que se encuentren los cuerpos de desaparecidos y se hagan públicos los domicilios de las cárceles clandestinas.
Acordaron solicitar la intervención del presidente electo Vicente Fox Quesada, y a esta propuesta se sumaron Andrés Nájera Hernández, presidente del grupo Eureka en Guerrero, el diputado local Juan García Costilla, perseguido político; Saúl López Sollano, quien exige la aparición de su hermano Jaime; la maestra Alejandra Cárdenas Santana, detenida el 18 de julio de 1978 en la ciudad de México y quien asegura que el actual secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, comandó el grupo que la detuvo y la torturó en ese entonces.