MIERCOLES 6 DE SEPTIEMBRE DE 2000

* El servicio a los pobres, objetivo: cardenal Rivera

Desea el clero nuevas formas de colaboración con el gobierno

* Establece los lineamientos para la conducción de Cáritas

José Antonio Román * Luego de señalar que el número de pobres ha crecido de manera alarmante pese a las condiciones óptimas de la macroeconomía, el cardenal Norberto Rivera Carrera expresó su deseo de que los tiempos de "mayor democracia" que vive el país lleven al gobierno y a la Iglesia a buscar nuevas formas de colaboración en beneficio de las mayorías.

Sin embargo, dijo que la Iglesia conserva su "derecho y deber" de impulsar sus propias obras caritativas de asistencia, promoción y cambio social. Dijo que con este servicio la Iglesia no pretende suplir las responsabilidades del Estado mismo, ni debe pensarse que se desconoce la autonomía e independencia de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el campo de la asistencia.

"Se trata más bien de establecer relaciones maduras de colaboración y cooperación que no produzcan una pérdida de la identidad de las actuaciones de la Iglesia, sin que ello signifique un proselitismo entre los pobres".

En su carta pastoral de la caridad, dada a conocer ayer en el 40 aniversario de la fundación de Cáritas de la arquidiócesis de México, el prelado señaló que no puede negarse que las condiciones que pesan sobre los pobres tienen como origen social problemas estructurales muy complejos.

Por esta razón, Cáritas debe actuar a partir del análisis que haga, siempre con la preocupación ética y el mandato evangélico de la fraternidad, de las políticas sociales y, cuando parezca necesario, abrirá espacios de diálogo y propositivos con las autoridades competentes y con los autores de dichas políticas, para que se incluyan medidas que hagan posible la aspiración a una sociedad más justa y fraterna.

La carta pastoral, editada en un cuaderno de 30 páginas, fue distribuida ayer en la misa por dicho aniversario en la parroquia de San Miguel, en Tacubaya, donde hace 40 años, en época del cardenal Miguel Darío Miranda, se fundó Cáritas, organismo diocesano que hoy se ha convertido en una institución de asistencia privada.

En la instrucción, el cardenal Rivera da los lineamientos generales bajo los cuales se conducirá Cáritas, pero también hace una reflexión de las condiciones de pobreza que existen en el país, así como del deseo de la Iglesia para cooperar con las autoridades civiles y organismos intermedios, en beneficio de las mayorías.

Así, por ejemplo, subrayó que el interés y compromiso de la Iglesia debe ser mayor en las actuales circunstancias, pues el número de pobres "ha crecido de manera alarmante", donde muchos de los mexicanos "ya no están en la pobreza sino en la miseria extrema".

Señaló que el servicio a los que menos tienen conlleva "problemas complejos", e implica la relación de la Iglesia con el Estado y la comunidad civil. Recordó también que en el pasado la Iglesia realizaba obras de beneficencia, incluso supliendo a la autoridad civil, pero que en la actualidad tanto el gobierno como la sociedad asumen cada día la responsabilidad más importante para atender y promover a los pobres.

No obstante, el cardenal Rivera adelantó que sin dejar de alentar las obras de acción social de la sociedad civil en general, la Iglesia tiene un deber ineludible de colaboración y de servicio a los más pobres.

Enumeró que entre las acciones más comunes que realiza la Iglesia está, por ejemplo, la atención de dispensarios, apoyos nutricionales a enfermos y ancianos solos, grupos de autoayuda a alcohólicos, banco de alimentos, centros de acopio en casos de desastre, alfabetización y educación abierta, así como formación de promotores de salud y prevención de situaciones de vulnerabilidad social entre los niños, mujeres y ancianos.

El arzobispo primado de México advirtió también que el problema social de la pobreza es un problema ético, en el sentido más amplio de la palabra. Se trata de la necesidad de una justicia que dé equidad a las relaciones entre las naciones, entre los grupos sociales y entre las personas.

Sugiere la arquidiócesis de Puebla

agenda para la reforma del Estado

La "acotación" del poder presidencial, la erradicación de la corrupción y el fortalecimiento de los poderes Legislativo y Judicial, son algunos de los temas prioritarios que deben plantearse en la reforma del Estado que hoy ya se discute en el país, afirmó la arquidiócesis de Puebla. En forma un poco más desahogada, agregó, la agenda también debe considerar aspectos como medios de comunicación, cultura, justicia y derechos humanos, así como el "respeto" a la vida indígena.

"Ya no podemos seguir parchando ciertos artículos de la Constitución para un país que vive otra circunstancia histórica y social. Educación gratuita para todos, respeto a las garantías individuales y justicia son sólo algunos de los conceptos que merecen una desempolvada o actualización urgente", dice la arquidiócesis poblana en el editorial de su órgano informativo Koinonía.

Sin embargo, aclara que este proceso no es fácil, ni posible que de la noche a la mañana, por decreto presidencial o por la vía legislativa, se atiendan y resuelvan todas las necesidades de este país; "tampoco podemos esperar a que el gobierno y otros actores sean 'hermanitas de la caridad', ni siquiera por el hecho de que Fox llegó a la Presidencia se puede pensar que las cosas se van a restaurar con una varita mágica".

El semanario católico señala que el viejo pacto social está roto y que la Constitución, tantas veces modificada y parchada, se ha vuelto irreconocible. Además, dice que la transición hacia la democracia requiere de un cambio de régimen, de separar de una vez y para siempre a esos "hermanos siameses perversos" que son el PRI y el Estado, por lo que se necesita gestar una vía inédita, pacífica, que estimule las iniciativas y las acciones de la sociedad civil, así como construir amplias coaliciones opositoras. Más adelante, recordó que en la administración de Zedillo se ha planteado la necesidad de que nuestro país convoque a un congreso constituyente para una reforma del Estado que renueve el pacto federal.