mento jurídico'', es decir, que desde hace un año y ocho meses se limita su aplicación por una evidente violación de lo dispuesto en su artículo tercero transitorio, pues debió expedirlo el Ejecutivo Federal, en abril de 1999.
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Sectores de la industria enviaron un documento al presidente electo
Proponen estrategia a Vicente Fox para reactivar el cine mexicano
Ť Expedir el reglamento de la ley de la materia, rubro principal de sus planteamientos
Ť Reiteran impugnación al ''fallo absurdo'' acerca del doblaje emitido por la Suprema Corte
Mónica Mateos Ť La comunidad cinematográfica envió a Vicente Fox una propuesta de los mecanismos y políticas para la reactivación de la industria fílmica mexicana, en la que señala como punto principal la expedición del Reglamento de la Ley Federal de Cinematografía.
Este documento ''fue consensado y aprobado" por los sectores laboral, autoral y productivo de esa comunidad, según informaron quienes rubrican el texto de 12 páginas, entre ellos, Marcela Fernández Violante, secretaria general del Comité Central del Sindicado de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC); Aarón Hernán, secretario general de la sección de actores del STPC; Rafael Montero, secretario del interior de la sección de autores, del mismo organismo; Juan Antonio de la Riva, secretario general de la sección directores; Otilio Acevedo, secretario general de la sección de filarmónicos; Gabriela Gurrola, secretaria general de la sección de técnicos y manuales; Víctor Hugo Rascón Banda, presidente de la Sociedad General de Escritores de México (Sogem); Lilia Aragón, presidenta de la Asociación Nacional de Intérpretes (Andi); Gilberto Gazcón, presidente de la Sociedad Mexicana de Directores y Realizadores de Obras Audiovisuales; Gonzalo Elvira Alvarez, presidente de la Asociación de Productores de Películas Mexicanas; Ernesto Rimoch, presidente de la Asociación Mexicana de Productores Independientes; Ramón Obón León, presidente de la Academia Mexicana de Derechos de Autor; Roberto Cantoral, presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música (SACM); y Daharma Reyes, presidenta de la sociedad de ex alumnos del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la Universidad Nacional Autónoma de México.
El escrito explica al presidente electo que la Ley Federal de Cinematografía (LFC), aprobada en 1998 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1999, se encuentra ''sin funda
mento jurídico'', es decir, que desde hace un año y ocho meses se limita su aplicación por una evidente violación de lo dispuesto en su artículo tercero transitorio, pues debió expedirlo el Ejecutivo Federal, en abril de 1999.
Fidecine y estímulos fiscales
El respeto a las leyes laborales y contratos vigentes, así como la obligatoriedad de exhibición de películas mexicanas, la asignación de tiempo en pantalla para los filmes nacionales, la regulación para exhibir cintas extranjeras dobladas al español en las salas de estreno, la aplicación de criterios para la clasificación de películas, la implementación de estímulos fiscales, la creación del fondo para la reactivación del cine mexicano y la normatividad contra prácticas monopólicas están en el aire debido a la carencia del reglamento.
Respecto del otorgamiento de estímulos e incentivos fiscales que determina la ley vigente, la comunidad cinematográfica detalla que el ordenamiento establece que se creará un Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) con una aportación inicial del gobierno federal preferentemente no menor de 500 millones de pesos, así como recursos anuales considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y otras aportaciones efectuadas por los sectores público, social y privado.
Al respecto, se hacen varias propuestas, como fortalecer y dotar a la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas de un patrimonio propio; consolidar a la Comisión Nacional de Filmaciones México, como organismo no lucrativo, dotándolo de personalidad jurídica y recursos propios a fin de que siga cumpliendo con su vocación de enlace, promoción y atención especializada a los productores nacionales y extranjeros de la industria audiovisual; y otros estímulos fiscales, como la posibilidad de que 20 por ciento de las utilidades de las empresas televisivas, generadas por la exhibición de películas, sea deducible y que este mismo porcentaje sea invertido en la realización de cintas mexicanas.
También se pide respeto a las leyes vigentes en materia laboral para las producciones nacionales y extranjeras realizadas en territorio mexicano y que el Tratado de Libre Comercio para América del Norte no considere a nuestra industria fílmica un mero ''servicio de esparcimiento, negándole a la película cinematográfica su carácter de obra intelectual protegida por el derecho de autor en los términos de la legislación nacional y sobre todo de la legislación internacional".
En este punto se insiste en señalar la necesidad ''inaplazable" de ''restituir el estado de derecho en materia de cinematografía, sustrayendo ésta del TLC, pues una actividad cultural de tal trascendencia no debe ser tasada o limitada por meros intereses económicos que han dejado en un estado de competencia desigual a la industria cinematográfica mexicana frente a la norteamericana que prácticamente la ha avasallado y aniquilado, copando más de 90 por ciento del tiempo de pantalla en todo el país".
Vicente Fox ha sido enterado, por medio de este documento, del ''fallo absurdo y a todas luces cuestionable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando el pasado 6 de marzo, por decisión dividida, se autorizó a tres empresas estadunidenses a exhibir todas sus películas en versión doblada en las salas de nuestro país".
Este hecho no sólo viola el Tratado de Berna y la Ley Federal de Derecho de Autor, sino que ''condena de facto a todos los habitantes de este país a ser consumidores de segunda. En un instante y sin medir las consecuencias internacionales, México se convirtió en violador del derecho de autor, y la industria fue obligada a competir en desventaja con la más poderosa del mundo''.
Finalmente, con el fin de garantizar la libertad de expresión de los artistas mexicanos, así como la elección del público, se sugieren, entre otras medidas, cumplir de manera fehaciente con la Ley Federal de Cinematografía en materia de clasificación, y excluir del Reglamento de Cine cualquier normatividad sobre censura, así como transformar a la Dirección de Cinematografía de RTC y remplazar el Departamento de Supervisión de esa instancia por un cuerpo colegiado integrado por especialistas cinematográficos a nivel profesional, que sólo indique la clasificación, tal como sucede en otros países.
''Estas medidas contribuirán a que en un gobierno democrático se garantice la libertad de expresión", añade la comunidad cinematográfica la cual, para concluir, propone un perfil de los funcionarios del sector: que sean mexicanos por nacimiento y se hayan formado culturalmente en nuestro país; que hayan estado vinculados a la industria cinematográfica nacional, tengan una trayectoria profesional destacada, de honestidad probada y cuenten con el respeto y el apoyo de esa comunidad; que tengan capacidad de diálogo y sensibilidad, con actitud de apertura para escuchar, y que tengan una decidida actitud y una gran disposición para la defensa de los intereses de México.