LUNES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Iván Restrepo Ť
En Hidalgo, campesinos versus depredadores
Si viviéramos en un país menos kafkiano, el gobierno reconocería los esfuerzos de quienes defienden los recursos naturales. No es así: se encarcela a dos campesinos guerrerenses, acusados de sembrar enervantes. En realidad, se les detuvo, torturó y condenó por oponerse a la destrucción de los bosques en Guerrero. No es el único caso: las autoridades del estado de Hidalgo, en contubernio con empresarios textiles, amedrentan a los que defienden el uso racional de un bien cada día más escaso: el agua.
Los 16 mil habitantes de La Cañada, Santiago Tlautla, Magdalena, Vega de Madero y San Ildefonso, pertenecientes al municipio de Tepeji del Río, han vivido desde siempre gracias al líquido cristalino del manantial El Peral. De él toman para las necesidades domésticas y el uso agrícola, medio de subsistencia de muchos ejidatarios. Mas, en años recientes, se instalaron en la zona dos plantas de teñido y lavado textil. Se trata de Salmitex-Ropa Viva y Hadamex-Mexica, las cuales se conectaron al agua limpia del manantial, en vez de extraerla de los pozos que tienen. Además de malgastar esa agua cristalina en sus procesos fabriles, luego la tiran muy contaminada a los canales de riego y al río Jilotepec, violando así normas estatales y federales sobre la materia. Después de operar así durante dos años, fueron obligadas a instalar plantas de tratamiento, que no siempre utilizan para ahorrar costos.
Aunque la ley dice que el agua debe ser, en primer lugar, para abastecer a la población, después para uso agrícola, y en último lugar para la industria, en las comunidades mencionadas de Tepeji del Río hay desabasto porque las fábricas se llevan buena parte del agua del manantial. Los campesinos y un grupo de colonos que defienden allí ese recurso, el bosque y la fauna local, han denunciado lo que sucede ante las instancias locales y federales, como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Semarnap y la Comisión Nacional del Agua. En febrero, el gobernador del estado prometió resolver el problema y nada pasó. En junio, el presidente municipal de Tepeji del Río, Vicente Chávez, prometió suspender el suministro de agua a las fábricas. Así ocurrió por unos días. Luego ordenó que la volvieran a conectar, con lo que el descontento de la población ha crecido.
Quienes se oponen a un mal uso del agua y a su contaminación no son enemigos de la industria, pero sí de que ésta funcione y obtenga ganancias a costa de la pobreza de los campesinos y del ambiente. Además de pedir a las autoridades el cumplimiento de la legislación, estiman que las dos empresas citadas deben efectuar en la zona sólo sus procesos de confección, y trasladar los de teñido y lavado adonde abunde el agua, reutilizándola en lo posible, y no en donde comienza a escasear por su culpa. Además, exigen regular la instalación de nuevas factorías en la zona.
Cansados de promesas incumplidas, hace ocho días los campesinos se reunieron para tratar todos estos asuntos y fijar la actitud que deben tomar ante las autoridades. Además de pedirles por enésima vez su intervención urgente, procedieron a cortar el agua a una de las fábricas, Adamex. No lo hicieron en Salmitex porque, según parece, se surte de líquido por una toma clandestina que está dentro de las instalaciones. No faltaron los que propusieron bloquear la autopista México-Querétaro como forma de presión.
En Tepeji del Río se está gestando un conflicto que puede llevar a la violencia. En efecto, mientras el gobernador del estado envía señales de intervenir para arreglar los problemas como dicta el bien común, colaboradores suyos deslizan amenazas hacia los líderes de la comunidad, tachándolos de "agitadores profesionales", término que creíamos erradicado del lenguaje oficial y que nos regresa a los peores tiempos de represión. Y en paralelo, los dueños de las fábricas hacen creer a los obreros que los campesinos son sus enemigos y quieren dejarlos sin trabajo. Elevaron ante los tribunales de Tula demandas penales contra los líderes que defienden los derechos de sus agraviados pueblos.
Mientras esto ocurre, no faltará quien pregunte qué hacen las instancias oficiales, concretamente la Comisión Nacional del Agua y la Profepa, adscritas a la secretaría que preside la maestra Carabias. Bueno, parecen estar en la autocomplacencia, diciendo que entregan a la próxima administración el mejor de los mundos imaginables en cuanto a medio ambiente.