MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Chimalhuacán, ejemplo del agotamiento de esa táctica: Alejandro Natal


Se desmorona el corporativismo mexiquense

Ť Los grupos sociales del PRI, sin mecanismos de acceso al poder ni beneficios, señala el investigador

Víctor Ballinas y corresponsales /II y último Ť El corporativismo se desmorona. Después del 2 de julio parece que en el PRI pasó un terremoto, y eso sus organizaciones sociales lo saben, lo viven. ''Ya no hay mecanismos que les permitan el ascenso al poder, ni beneficios... lo que les queda es la guerra'', advierte el coordinador del Programa de Estudios del Tercer Sector, de El Colegio Mexiquense, Alejandro Natal.

Eso explica en parte lo ocurrido en el municipio de Chimalhuacán, en agosto pasado, apunta el investigador. Los grupos sociales organizados en el Partido Revolucionario Institucional tienen poder, responden a fuertes intereses, por ello ''se salen del control del gobernador y de su propio partido. No atienden ya la disciplina que los premiaba''.

Las organizaciones sociales mexiquenses salen entonces a conquistar lo que pueden y como les sea posible. Ese tipo de organizaciones, cuyos líderes están acostumbrados a recibir beneficios a cambio del control del municipio, saldrán a pelear lo que creen que les pertenece. Por eso, en Chimalhuacán hubo un enfrentamiento violento, ''pues ya no les importan los acuerdos, sino ganar mayores espacios como sea'', sostiene el especialista en organizaciones del Tercer Sector.

Los más pobres, la clientela de organizaciones priístas

Esta situación se puede repetir en estados priístas como Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, advierte el investigador, porque ahí existen grupos de campesinos cooptados por el PRI y el gobierno. Además, son las regiones más pobres del país, y ''si el corporativismo era calmar los focos de descontento social y atender ciertas necesidades, se esperaría que los focos potenciales de descontento surjan de esos lugares donde hay muchas necesidades sociales insatisfechas''.

Y en esos estados, reconoce el investigador de El Colegio Mexiquense, hay grupos armados que en algunos casos fueron solapados desde los gobiernos estatales y el federal, pues en la lógica de la corrupción, de la cooptación, ''eso pareció no importarles. ƑPor qué? Porque era parte de lo mismo. Si eran parte del Partido Revolucionario Institucional, se les permitía hacer ruido, y eso no significa descontento social sino sólo la movilización de los grupos para mostrar su poder y conseguir prebendas''.

En el estado de México hay grupos armados, ''eso no es nuevo. El gobierno sabía que la dirigente de la Organización de Colonias Populares (OCP), Guadalupe Buendía, La Loba, tenía armas; como también sabía de los grupos armados en Tejupilco desde 1991. Hasta eso estaba permitido en el partido oficial. No les preocupaba esa situación, porque las armas no eran para enfrentarse con priístas, sino para crear enfrentamientos con grupos ajenos al tricolor. Al final, se aplicaba el refrán de ese gallo quiere maíz. Así conseguían espacios políticos, pero hoy los grupos quedan a su suerte'', resalta el académico.

Natal dice que en el estado de México pueden presentarse todavía más conflictos como el protagonizado en Chimalhuacán por La Loba y Antorcha Campesina. Las zonas de la entidad donde hay más presión son la oriente y la sur, en esas dos regiones se le puede desbordar al gobierno el problema.

Pese a esos escenarios, asegura que en caso de que se presenten nuevos conflictos entre organizaciones priístas, en este y otros estados, ''serán muy focalizados, pequeños, incluso aislados, lo que no representaría un conflicto regional para el país''. Y eso es así porque los líderes del PRI estaban en el partido tricolor porque era un buen negocio. Se buscaban ''los beneficios individuales''.

Precisa que en la investigación sobre organizaciones sociales del estado de México se engloba a todas ellas sin distinción, por eso es que hay que hacer una separación entre los grupos de base, que son las organizaciones vecinales informalmente organizadas, cuyo objeto es la satisfacción de ciertas necesidades sociales locales, y luego están las organizaciones civiles, que tienen varios objetivos, no locales sino estatales o nacionales. Se trata de los grupos ambientalistas, de derechos humanos, de jóvenes, de mujeres, de niños, de protectores de los animales y de drogadictos, entre otras.

El coordinador del Programa de Estudios del Tercer Sector subraya que muchas de las organizaciones sociales priístas surgieron sólo para pedirle al gobierno estatal, federal o municipal que resolviera demandas de servicios e infraestructura, ''pero de cívicas no tienen nada. Son grupos corporativizados, como los taxistas, los jóvenes revolucionarios, los tianguistas, transportistas, que en realidad son grupos de presión''.

El negocio no es la venta de terrenos, sino su uso político

A su vez, el también investigador de El Colegio Mexiquense, Elías A. Huamán Herrera, urbanista y experto en estudios de suelo, y quien actualmente realiza un proyecto de investigación en Chimalhuacán, resalta: ''Lo ocurrido hace un mes en ese municipio nos llama la atención para revisar todo el sistema político-económico en relación con el acceso al suelo''.

Porque el negocio de la venta ilegal de predios ''no es fraccionarlos y venderlos de manera ilegal, eso es lo de menos. Ese no es el negocio, ahí no está lo rentable. El asunto es el hecho político, eso es lo importante y lo que cuenta'', subraya.

Y explica: ''A un fraccionador no le interesa sólo la venta de predios, pues nadie puede acceder en Chimalhuacán al suelo pagando de contado. Lo que interesa ahí es la dinámica global de ese contingente de población lumpen. El último censo habla de 550 mil habitantes, pero el municipio rechaza esa cifra porque saben que hay más, cerca de 800 mil. Esa es la dinámica que les importa a los grupos priístas, a Guadalupe Buendía, La Loba, y Antorcha Popular''.

Para entender la disputa entre ambas organizaciones ''habría que preguntarse qué está detrás. Y eso no es otra cosa que la dinámica económica de miles y miles de personas; no son ni 5 mil ni 10 mil, son casi 800 mil. Los negocios son la luz, el comercio, la basura, los mercados, los tianguis, el transporte, el agua''.

Huamán inquiere: ''ƑQuién está detrás de los fraccionadores en Chimalhuacán? Porque ahí hay dinero diario en los servicios precarios que se tienen. Por ejemplo, la basura. Ese servicio deja mucho dinero, pero no para el municipio. El ayuntamiento no tiene máquinas modernas para recoger la basura casa por casa y mucho menos a los comercios. Todavía se recoge en pequeños carretones movidos por mulas. Las máquinas que hay sólo se usan en las escuelas y parques. La luz es otro negocio. Los materiales de construcción...''

El esfuerzo de colonos, vendido a futuro

Sin embargo, lo destacable ahí es la relación política que se da entre los habitantes y el fraccionador, y a su vez entre éste y los gobiernos municipal y estatal. ''Obtener un predio en el municipio de Chimalhuacán es relativamente fácil. La mayoría de los habitantes no tienen recursos, son desempleados o subempleados, y sólo establecen una relación contractual con los dirigentes; venden a futuro su esfuerzo político'', señala.

Con años de trabajo en esa zona del estado de México, sobre todo en investigaciones de acceso al suelo, el académico de El Colegio Mexiquense detalla: ''En 1998, el municipio de Chimalhuacán ocupaba el segundo lugar en irregularidad en tierras privadas y estatales, con mil 229 lotes irregulares, y el primer lugar lo detentaba Tultepec, con mil 789 lotes en esa condición. Pero eso no es real. Chimalhuacán ocupa el primer lugar en predios irregulares, con mil 229, lo que ocurre es que en el municipio de Tultepec lo que se está presentando es una subdivisión de predios. En esa condición, este municipio tiene mil 114 predios, y 675 irregulares, en cambio en Chimalhuacán, mil 3 predios fueron invadidos, 215 irregulares y sólo 11 subdivididos".

Proceso inhumano y con un alto costo

Cita los datos de su trabajo incluidos en el libro Los pobres de la ciudad y la tierra, que coordinaron Alfonso X. Iracheta y Martín O. Smolka. Además, en su investigación titulada Transformación del hábitat en el municipio de Chimalhuacán, apunta que los costos de la ''urbanización'' del medio en su conjunto, considerando la adquisición del terreno fangoso, la autoconstrucción de la vivienda, la compra de agua almacenada en tambos, los gastos por cables -que en ocasiones son hasta 500 metros de alambre-, la dotación de luz y otras cooperaciones de habilitación del poblado, expresan un proceso no sólo inhumano sino de alto costo''.

No obstante ello, Chimalhuacán es un lugar donde los trabajadores que recién llegan a la ciudad, los subempleados y trabajadores eventuales, pueden adquirir un predio ''vendiendo a futuro su esfuerzo político. Si no tienen nada de dinero, llegan con Guadalupe Buendía o con Antorcha, y hacen un contrato. Reconocen que no tienen dinero, pero cuentan con su fuerza para la gestión, desde ir a las marchas, mítines y a los acarreos, hasta realizar el trabajo que les pidan para apoyar la gestión''.

Ahí se puede tener acceso al suelo sin dinero. ''Yo no conozco otro lugar en el mundo donde sin dinero, sin trabajo y sin estudios se puede ser propietario de un predio, que al paso de los años o décadas se paga o se regulariza'', concluye el especialista. (Con información de los corresponsales Silvia Chávez, María de los Angeles Velasco, René Ramón Alvarado y Javier Salinas)