MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Anasagasti alude a la política de expulsiones de Zedillo
Lo peor que podría hacer Fox es romper la tradición de asilo: PNV
Ť Cada cierto tiempo, Madrid necesita buscar etarras en México, dijo
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 11 de septiembre Ť El futuro gobierno del presidente mexicano electo, Vicente Fox, "lo peor que pudiera hacer es empezar a romper con una tradición de asilo, sin contrastar la información y sin conocer de verdad lo que está ocurriendo" en el País Vasco, señaló el vocero del gobernante Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, en alusión a la "política de expulsiones" que ha caracterizado a los últimos años de la administración del saliente mandatario Ernesto Zedillo, que entregó a 19 presuntos miembros de ETA tras aplicarles la Ley General de Población.
"Lo que busca de México el gobierno español es algo que le interesa cada cierto tiempo, cuando no tiene éxitos policiales agita las cosas en México para traer uno o dos etarras, para decir, entre otras cosas, como se les apoya internacionalmente. Hay mucha gente en México que está rehaciendo su vida y que no tiene ninguna causa pendiente y muchos salieron del país con base en un acuerdo con el propio gobierno español de Felipe González (1983-1996)", explicó a La Jornada el líder nacionalista.
Interrogado sobre la supuesta presencia de miembros de ETA en México, Anasagasti afirmó: "nos cuesta mucho creer cuando hablan de comandos durmientes en México", como llegó a afirmar el Ministerio del Interior español y la prensa afín al régimen del conservador José María Aznar.
"Lo que sí es seguro es la presencia de agentes secretos españoles" en México, subrayó el vocero del PNV entrevistado por este corresponsal en Bilbao.
Caso Lázaro Galarza
El refugiado vasco Lázaro Galarza Larrayoz, a quien sí le fue respetado su derecho a un proceso de extradición, está a la espera de la decisión que los tribunales mexicanos tomarán en torno a la petición de Madrid de entregar a este presunto "cómplice" de una acción de la organización armada vasca ETA.
El delito por el que se pide la extradición de Galarza Larrayoz ya fue juzgado y sentenciado por la Audiencia Nacional de España, y a juicio del abogado defensor Joseba Aguado se estableció en la conclusión final del órgano judicial la no participación de Galarza en el citado acto delictivo.
Los hechos son los siguientes: en un auto judicial fechado el 25 de mayo de 1992 se relata como "hechos": "siguiendo las órdenes marcadas" por ETA, "los siete imputados decidieron, utilizando la información elaborada por el comando, en los primeros días de abril de 1990, llevar a cabo una acción consistente en el lanzamiento de varias granadas Jotake y Heap contra el edificio que acogía el acuartelamiento de la Guardia Civil en Lecumberri (Navarra)".
Para esta operación, se señala en el auto, utilizaron "una furgoneta Renault Express, que había facilitado Lázaro Galarza Larrayoz sabiendo la utilidad que se le iba a dar y aceptando el resultado, trasladar los tubos lanzagranadas y éstas hasta un paraje conocido como Curva Muguiro junto al punto del kilómetro 32.600 de la carretera nacional 130 (Irurzun-Irún) término municipal de Muguiro, donde los colocaron, apuntando en dirección al cuartel de la Guardia Civil".
En dicho auto judicial se ordena la prisión provincial, incondicional y comunicada de los procesados, así como la búsqueda y captura de los que estuvieren en paradero desconocido. A Lázaro Galarza se le señala como "cómplice" del atentado.
La propiedad de la furgoneta, acreditada a otra persona
Sin embargo, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de España pronuncia sentencia el 15 de marzo de 1995, en relación con el "delito de atentado terrorista contra el cuartel de la Guardia Civil en Lecumberri", en el que señala que para la "comisión de la acción planeada", el comando de ETA "utilizó una furgoneta de (Javier) Goldaraz", quien actualmente cumple condena por la citada acción armada.
"Nuestra línea argumental es muy clara, pues cualquier persona con dos dedos de frente puede entender que esta persona no tiene causa pendiente con el Estado español. A Lázaro se le atribuye haber dejado una camioneta con la cual el comando Nafarroa trasladó los explosivos ahí. Esta es la acusación y la única causa que tiene abierta en el Estado español. Se le declara procesado y se libra la orden de detención a nivel internacional. Después, en 1995, la Audiencia Nacional dicta una sentencia el 15 de marzo, en la que se concluye que dicha camioneta es de Goldaraz, quien está cumpliendo prisión por esta furgoneta, entre otros cosas", sostuvo el abogado defensor de Galarza.
Pese a esto, señala el defensor Joseba Aguado, "el Estado español no ha quitado las órdenes de detención, y en estos momentos la extradición se sigue pidiendo por la acción mencionada, a pesar de que la propia Audiencia atribuyó la propiedad de la camioneta a otra persona".