MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Luis Hernández Navarro Ť

Piratas de la vida

Hay una nueva clase de piratas en el mundo. Usualmente trabajan en silencio y se disfrazan de hombres de progreso y benefactores de la humanidad. Sin la rudeza de los antiguos corsarios despojan a pueblos, campesinos y naciones de una parte de su riqueza: la que tiene que ver con la vida. Su objetivo es convertir en ganancia privada un bien público.

Aunque en ocasiones se trata de individuos aislados, con frecuencia los nuevos piratas personifican empresas transnacionales de la industria farmacéutica y de los agronegocios. A ellos se les suman también otras compañías que buscan beneficiarse con el control del medio ambiente o con el desarrollo de otras nuevas tecnologías como la obtención de petróleo, la microelectrónica o la nanotecnología. Sus nombres son conocidos en todo el planeta. Se llaman: Monsanto, Novartis, y de cien maneras más.

Estas empresas buscan genes de plantas, animales y humanos, principios activos y conocimientos etnobotánicos, para ser explotados económicamente por la industria de la farmacéutica, la agricultura y la alimentación. También les interesa identificar las regiones precisas del mundo con megadiversidad, lo que hoy el Banco Mundial llama hotspots.

Realizan su trabajo en todo el mundo, pero principalmente en las áreas de gran diversidad biológica y cultural, ubicadas todas en el sur. Buscan atesorar esta riqueza porque es la materia prima mediante la cual logran una innovación tecnológica permanente, y así obtienen beneficios extraordinarios. Expropian esta riqueza biológica a las comunidades indígenas y campesinas, y a las naciones (a todos los habitantes de un país y sus generaciones futuras).

Estas empresas transnacionales expropian este conocimiento levantando patentes que privatizan los seres vivos (microorganismos, plantas, animales o genoma humano), que, hasta ahora, eran bienes comunitarios o públicos, y a través del control de los mercados. Se amparan en la ausencia de normas internacionales y leyes nacionales.

Esta apropiación tiene graves consecuencias sociales y ambientales. Las comunidades pierden lazos de identidad debido a que la comercialización y privatización de sus conocimientos tradicionales y los bienes ambientales colectivos socavan sus principios culturales. Las naciones pierden el control de sus principales recursos estratégicos y, por ahí, de su soberanía. Las empresas transnacionales pueden usar discrecionalmente los conocimientos del código genético con fines de lucro.

La bioprospección permitiría, de no existir la privatización de seres vivos y su explotación comercial, sacar del aislamiento y olvido los conocimientos indígenas, colocándolos en un plano universal (lo cual, por desgracia, hoy sólo ocurre a manera de saqueo, privatización y descontextualizando estos saberes). Facilitaría el desarrollo de la investigación científica, que hoy, también por desgracia, sólo se da a partir de los intereses de las empresas transnacionales.

Aunque desde hace varios años hay noticias de diversas actividades de piratería en varios países, así como del registro de numerosas patentes sobre genes, principios activos y especies vivas, en México se comenzó a saber públicamente de dos contratos de bioprospección hasta 1999. Es el caso del contrato entre la empresa Diversa con la UNAM y el contrato de Ecosur con la Universidad de Georgia y Moleclar Nature Limited, en el cual se requería el consentimiento de una organización indígena de médicos tradicionales y parteras del estado de Chiapas. Sin embargo otros contratos, aún peores, apenas comienzan a ver la luz pública. Es el caso del establecido entre la empresa Sandoz (hoy Novartis) y la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas y Chinantecas de la Sierra Juárez de Oaxaca, o bien del contrato entre American CyICBG zonas áridas. Los especialistas saben de otros, pero prefieren callar.

Detener estas actividades es fundamental, porque México es uno de los países más expuestos a la piratería por su compleja diversidad biológica y cultural. El caso de la Compitch en Chiapas es un buen ejemplo. En lo inmediato podría decretarse una moratoria nacional hacia los proyectos de bioprospección en curso o pendientes, en tanto la sociedad civil se da tiempo de entender y defender la soberanía sobre la principal riqueza nacional.

Precisamente para comprender el tamaño del reto que significa la biopiratería, este jueves 14 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Centro Cultural San Angel de la ciudad de México, tres distinguidos investigadores: Pat Roy Mooney, Alejandro Nadal y Joan Martínez Salier dictarán una conferencia. Si usted está interesado en saber quiénes son y qué hacen los nuevos corsarios debería darse una vuelta por allí.