JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Juan Moreno Pérez Ť

El gasto militar y la transparencia

La reciente detención de dos generales acusados de colaborar con el narcotráfico, hace que la opinión pública se empiece a preocupar seriamente con lo que está sucediendo dentro de las fuerzas armadas. A diferencia de la mayoría de las instituciones gubernamentales, que han estado han estado cada vez más abiertas al escrutinio público, el Ejército nacional continúa como una entidad de excepción, gozando de una gran autonomía en su gestión, y sin una verdadera obligación de informar con transparencia sobre cómo utiliza los recursos públicos que tiene encomendados.

Como es bien sabido, el gasto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) normalmente no se ajusta a los criterios que la Secretaría de Hacienda impone a las demás entidades públicas. Mientras las distintas áreas del gobierno están sujetas a un fuerte control hacendario, el gasto militar no sólo se determina con mucha autonomía, sino que registra con frecuencia importantes desviaciones respecto a lo que originalmente había sido autorizado por la Cámara de Diputados.

Para ilustrar lo anterior, basta un ejemplo. Para el ejercicio de 1999, los diputados autorizaron a la Sedena un gasto de 89.6 millones de pesos para el concepto 5300, correspondiente a compra de vehículos militares. En la cuenta pública para ese año, se informa que el gasto por ese concepto ascendió a mil 877.7 millones de pesos, es decir, que se registró una desviación de casi 20 veces. Esa ampliación presupuestal fue autorizada por las autoridades de Hacienda, mismas que no tuvieron empacho en incluir además un monto de mil millones de pesos para ese concepto en el presupuesto de egresos para 2000.

Pero donde se observa un alarmante margen de discrecionalidad es en el manejo de la nómina destinada al personal militar. A diferencia de lo que sucede con las demás secretarías de Estado, donde todos los recursos presupuestados tienen un destinatario conforme a la plantilla de personal existente, en la Sedena sólo 39 por ciento del monto destinado a nómina está plenamente identificado, quedando el restante 61 por ciento para ser distribuido de manera discrecional por los altos mandos.

El presupuesto de la Sedena para servicios personales asciende a 16 mil 88 millones de pesos para el presente año. De ese monto, mil 744 millones corresponden a previsiones para aumento salarial (concepto 1800). Los restantes 14 mil 345 millones de pesos se dividen de la siguiente manera (5 mil 598 millones (39 por ciento) en haberes y otras partidas plenamente distribuidas entre los 183 mil 297 empleados de esa secretaría; y 8 mil 747 (61por ciento) millones en sobrehaberes y otras compensaciones, que se distribuyen a discreción de los altos mandos.

Esa situación hace que las percepciones del personal militar, plenamente identificadas, resulten muy bajas, desde 2 mil 88 pesos mensuales para los soldados rasos, hasta 7 mil 801 pesos para los generales de división. Aunque es sabido que los sobrehaberes representan alrededor de 80 por ciento por encima de los ingresos básicos, variando según las tareas encomendadas y la región de adscripción, el nivel efectivo de ingresos, en especial el de los altos mandos, es desconocido.

Así, además de la disciplina que caracteriza a toda institución castrense, la gran discrecionalidad en el manejo de los fondos destinados al pago del personal militar constituye un eficaz mecanismo que permite controlar a los integrantes de esa institución. Esa posibilidad de premiar o castigar por ese medio todo comportamiento, permite utilizar a los militares en tareas ajenas a su responsabilidad.

Después del 2 de julio, ninguna institución nacional debe estar fuera de la vigilancia de la sociedad. Entre las tareas pendientes para el nuevo gobierno elegido por la mayoría de los mexicanos, se encuentra el hacer transparente toda la gestión de una institución tan importante como la Sedena. Un primer paso debe ser que los diputados se involucren a fondo en la determinación del presupuesto que se destine a esa entidad para el próximo año exigiendo, como es su responsabilidad, que todos los recursos tengan un destino preciso y que el gasto aprobado sea el que realmente se ejerza.