VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Lo acusa de los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y tortura
Diputado del PRD pide que PGR atraiga el caso Acosta
Ciro Pérez, Triunfo Elizalde y Juan Antonio Zúñiga Ť El legislador perredista Rubén Aguirre Ponce propuso al pleno de la Cámara de Diputados se pronuncie porque las investigaciones que se siguen al general Mario Arturo Acosta Chaparro sean atraídas por la Procuraduría General de la República (PGR) ante la probable comisión de los delitos de genocidio, privación ilegal de la libertad y tortura, además de exhortar al Ejecutivo para que acepte la Declaración sobre la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada, aprobada en la ONU en 1992.
En tanto, los secretarios de Derechos Humanos de los comités estatales del PRD demandaron abrir y extender las investigaciones a quienes integraron la Brigada Blanca, encabezada por Miguel Nassar Haro, la cual fue constituida por elementos del Ejército, la Marina, la Policía Judicial Federal y la Dirección Federal de Seguridad, para realizar desapariciones forzosas, torturas y detenciones extralegales durante la década de los setenta y principios de los ochenta.
El diputado perredista aseguró que Acosta Chaparro, quien contó con el apoyo del entonces procurador de Justicia de Guerrero, Carlos Acosta Viques, ''arrojó vivos al pozo Meléndez'' a centenares de detenidos, mientras que en el arroyo Japón, del municipio de Atoyac, ''personas inocentes eran amarradas de pies y manos, poniéndolas en una zanja para después sepultarlas con maquinaria pesada, o aquellos que sumidos hasta la mitad del cuerpo en botes de cemento, eran dejados caer al fondo del mar desde las avionetas de los militares''.
Aguirre Ponce responsabilizó al general detenido por la desaparición de ''al menos 500 personas, durante la guerra sucia contra la guerrilla de Lucio Cabañas'', y lo relacionó con la matanza de Aguas Blancas. La propuesta del perredista se turnó a la Junta de Coordinación Política para su dictamen.
''Estos pronunciamientos no sólo deben de acotarse en el hecho de que la PGR investigue a los responsables, cuando éstos son una vergüenza nacional, ni en la acción de sólo plantear solicitudes. Como representantes populares y al tenor de las disposiciones constitucionales que tienen como imperativo la salvaguarda de las garantías de cada uno de los ciudadanos, debemos asumir una posición objetiva que accione mecanismos de legalidad interna y externa de nuestra soberanía nacional'', enfatizó el perredista.
Así, la propuesta del PRD se suma a los pronunciamientos del Congreso del estado de Guerrero, para que por conducto de la PGR se actualicen las investigaciones tendientes a demostrar la responsabilidad penal que tienen Acosta Chaparro y Carlos Acosta Viques en la desaparición forzada de personas.
Por su parte, la sexta Reunión Nacional de Secretarios de Derechos Humanos del PRD consideró que ''si Vicente Fox quiere dar pasos hacia una auténtica democratización del país, es necesario que se aclaren y castiguen todos y cada uno de los delitos de lesa humanidad cometidos en las pasadas administraciones gubernamentales'', entre ellas las masacres de Acteal, El Bosque, Aguas Blancas y El Charco.
Los saldos de la política represiva alcanzan varios estados
Y sobre la ampliación de las investigaciones a quienes integraron la Brigada Blanca, los perredistas afirmaron que el mayor número de víctimas de esta agrupación paramilitar se localiza en Guerrero, pero los saldos de la política represiva de su actuación ''los tenemos en los estados de Sinaloa, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Hidalgo y Veracruz''.
Mientras tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez indicó que ''las recientes declaraciones de fuentes castrenses, con el fin de exonerar a los generales Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, como responsables de desapariciones forzadas y otros crímenes de lesa humanidad, ''demuestran lo alejados que se encuentran los miembros del Ejército Mexicano del conocimiento de las leyes y aún más de su debido respeto y cumplimiento''.
Refutó que los argumentos de que ''recibían órdenes superiores'' y realizaron ''trabajos sucios, necesarios para el país, por razones de Estado'', no son válidos y ''los equipara a los integrantes de las juntas militares de América del Sur, que con estas argumentaciones intentaron excusar lo injustificable: la comisión de crímenes condenados por la humanidad''.
La ley aprobada el 18 de agosto pasado -recordó el Centro Pro Juárez-, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para penalizar la desaparición forzada, establece que comete ese delito el servidor público ''que detenga y mantenga oculta a una o varias personas, o bien autorice, apoye o consienta que otros lo hagan, sin reconocer la existencia de tal privación o negándose a informar de manera precisa sobre su paradero, impidiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes''.
Lo que es más, apuntó el Pro Juárez, la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes, en vigor desde el 26 de junio de 1987 -en la parte 1, artículo 2, fracciones segunda y tercera-, señalan: ''En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, como el estado de guerra o amenaza de guerra; inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública, como justificación de tortura''.