VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť El general Garfias denuncia delitos de militares
La guerra sucia aquí, igual o peor que en Argentina y Chile
Ť Se han soslayado asesinatos, torturas y desapariciones, acusa
Jesús Aranda Ť En México se ha soslayado lo ocurrido en los sesenta y setenta, décadas en las cuales fueron asesinadas, torturadas y desaparecidas muchas personas --principalmente en Guerrero--, durante la lucha contra la guerrilla, afirmó el general Luis Garfias Magaña.
La guerra sucia aquí, añadió, fue igual o peor que la ocurrida en países como Argentina y Chile, con la única diferencia de que allá la represión tuvo alcance nacional, mientras en México se focalizó en algunos lugares y se realizó contra desconocidos.
Lamentablemente, añadió el general retirado, todavía ocurren acciones ilegales: los soldados se meten a las casas, establecen retenes inconstitucionales y detienen de manera ilegal a ciudadanos, en cumplimiento de órdenes superiores.
En entrevista, declaró que existen condiciones para que Vicente Fox ordene la investigación de lo que ocurrió esos años, porque no fueron sólo los generales Humberto Quirós Hermosillo o Arturo Acosta Chaparro.
Ellos, argumentó, recibieron órdenes de los titulares de la Defensa Nacional, así como de los gobernadores en turno y de los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo.
"En el Ejército no se mueve nada sin el consentimiento del secretario de la Defensa y del presidente, en su calidad de comandante supremo."
La investigación debe incluir también a los policías judiciales y al personal que estuvo en la Dirección Federal de Seguridad --que encabezó el actual senador Fernando Gutiérrez Barrios, además de Miguel Nassar Haro y Salomón Tanús, entre otros--, y los miembros de la Brigada Blanca, en la cual participaron militares y policías.
Agregó que la responsabilidad de los funcionarios de primer nivel que participaron en esos actos de represión --entre ellos, dijo, el actual secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, quien fue jefe del Estado Mayor del Ejército en Guerrero en esos años-- también incluye la muerte de militares en acciones antiguerrilleras.
Es hora de investigar a los funcionarios que solaparon la impunidad y los hechos delictivos que se achacan a personas como Acosta y Quirós "porque la gente de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez no eran tampoco ningunas palomitas".
Los miembros de la extinta Brigada Blanca "cometieron desmanes terribles", comparables con la represión que tuvo lugar en Argentina y Chile, con la diferencia de que aquí el problema se ha soslayado por parte de las autoridades.
Irónico, manifestó que aquí nos llenábamos la boca acusando a los militares de esos países de ser unos "gorilas" y diciendo que en México teníamos, por fortuna, un Ejército diferente.
En los hechos, aquí se hacían cosas iguales o peores, con la diferencia de que allá los asesinatos de personas famosas llamaron la atención de la comunidad nacional e internacional, mientras en México los muertos fueron gente humilde, cuyos asesinatos pasaron inadvertidos.
No es casual que hasta la fecha, expuso, la Procuraduría General de Justicia Militar no haya iniciado una averiguación previa en contra de Acosta Chaparro y Quirós, y no porque carezca de elementos para actuar, sino debido a que saben que si se abre una investigación sobre el asunto, saldrían a relucir los nombres de personas como los generales Hermenegildo Cuenca Díaz, Marcelino García Barragán y Félix Galván López, ex secretarios de la Defensa.
Confirmó que los militares han sido involucrados durante muchos años en actos "sucios", particularmente cuando el sistema en turno considera que hay una emergencia para la seguridad interna.
Pero "hasta la fecha ni siquiera contamos con una definición de seguridad nacional y seguridad interna, por lo que el uso de estos términos se ha utilizado como pretexto para reprimir a opositores al régimen".
Debe terminar, enfatizó, el uso discrecional del poder público, a fin de obligar a la autoridad a aplicar el artículo 29 constitucional --que prevé la afectación de las garantías individuales en caso de emergencia-- cuando se considere que hay una situación extrema, como en su momento ocurrió en Chiapas.
De manera paradójica, explicó, la aplicación de este precepto constitucional obligaría a la autoridad a actuar conforme a la ley y no discrecionalmente, en perjuicio de la población.