MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť CLASE POLITICA
Miguel Angel Rivera Ť Cualquier enmienda a la legislación laboral debe basarse en consensos, porque ninguna de las partes tiene la verdad absoluta, afirmó ayer el secretario del Trabajo, Mariano Palacios Alcocer, al comentar diversas versiones acerca de cambios en la relación obrero-patronal de nuestro país.
Esta es una vieja historia, anterior a las elecciones federales de julio y al ya inminente cambio de estafeta al frente del gobierno federal. De hecho, se puede decir que es una de las tareas pendientes de los gobiernos neoliberales que se iniciaron con el régimen de Miguel de la Madrid Hurtado, en 1982.
Los cambios fueron contenidos por el llamado movimiento obrero oficial, que no se atrevió a llevar su sometimiento ante el poder al grado de dejar que se perdieran importantes e innegables conquistas del sindicalismo mexicano.
Sin embargo, inversionistas y empresarios insisten en los cambios, sobre la base de que las cargas derivadas de la actual legislación laboral les impiden ser más competitivos en los mercados internacionales. Nada dicen de los salarios mucho más elevados que pagan las empresas de Estados Unidos y Canadá, los socios de México en el TLC.
Mientras crecen estas presiones, el sindicalismo oficial agrupado en torno al Congreso del Trabajo está muy disminuido, al grado que sus ex aliados y ahora competidores que han formado la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) lo han declarado muerto.
Para dar el golpe de muerte al CT, los sindicatos afiliados a la UNT han anunciado que con apoyo del PRD impulsarán una reforma para castigar penalmente el enriquecimiento ilícito de los dirigentes sindicales.
Uno de los acusados, el líder de la CTM y del SUTERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, no se dio por enterado. Ayer, al ser entrevistado sobre la iniciativa, dijo que sería bueno que se aprobara, "porque así habrá transparencia en el manejo de los dineros de los sindicatos".
La cosecha
Al defender el impulso que la administración del presidente Ernesto Zedillo ha dado al proceso de democratización del país, a la reforma electoral y al fortalecimiento del federalismo, el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, afirmó que en materia de comunicación social, el gobierno federal siempre se ha conducido con estricto respeto a la ley, a la vigencia del estado de derecho y con tolerancia a todas las manifestaciones políticas. Al comparecer ante el pleno del Senado, el funcionario federal escuchó diversas protestas de los representantes de PAN, PRD y PVEM por la actuación del gobierno federal en Chiapas, en materia de derechos humanos y en la relación con los medios de comunicación... En la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, José Angel Gurría, hizo la defensa de la política económica del régimen y destacó los aspectos positivos en esa materia, pero a cambio recibió una nueva andanada porque esas cifras positivas no se tradujeron en una mejor distribución del ingreso ni en el prometido "bienestar para la familia". Asimismo, los legisladores protestaron nuevamente por la enorme deuda para la sociedad como resultado del rescate bancario.