MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Defendió Carrasco en el Senado la participación del Ejército en la lucha antidrogas

La guerrilla, sin justificación histórica: SG

Ť Debe diferenciarse al EZLN de otros grupos armados, dice Ť Evade hablar de comicios en Tabasco

Andrea Becerril y Alonso Urrutia Ť El secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, sostuvo ayer que en la actualidad no hay justificación histórica para la existencia de grupos armados en el país, aunque reconoció que los movimientos guerrilleros han surgido por condiciones de rezago y pobreza ancestrales.

Asimismo, el funcionario advirtió que debe diferenciarse al EZLN del EPR y de otros movimientos radicales, y aseguró que el régimen por concluir deja las condiciones para avanzar a la solución del conflicto chiapaneco.

Durante su comparecencia en el Senado de la República, Chiapas volvió a ser uno de los temas recurrentes, al igual que el papel del Ejército en el combate al narcotráfico, mismo que fue plenamente reivindicado por el funcionario. Incluso, ante críticas del PRD, Carrasco hizo una amplia defensa de la institucionalidad de las fuerzas armadas.

Ante un tema tan delicado y crucial como el narcotráfico, dijo, no hay otro organismo "con la capacidad, la logística, la lealtad institucional y la visión del propio Ejército Mexicano" para combatirlo. Rechazó que el gobierno conociera previamente la corrupción de algunos mandos militares ahora presos.

Fue una comparecencia sin mayores sobresaltos para el secretario de Gobernación, pese a que sus recientes declaraciones en torno a las elecciones de Tabasco le fueron recriminadas en tribuna por el senador del PRD y candidato al gobierno de la entidad, Raúl Ojeda Zubieta. El perredista incluso le pidió que renuncie, pero Carrasco no entró a la discusión, lo hizo la priísta Georgina Trujillo, a quien otro tabasqueño, el senador del PAN Juan José Rodríguez Prats, llamó al orden.

Al fijar la postura del PRI, el guerrerense Netzahualcóyotl de la Vega demandó al funcionario una explicación sobre la estrategia para combatir, dijo, al EZLN, al EPR, al ERPI y a otros grupos armados.

-ƑQué se hará en estos últimos meses del régimen para llevar adelante la estrategia desde el punto de vista militar, político y social? ƑO ya se decidió heredar el problema como está a la nueva administración?

Carrasco advirtió que "primero habría que ubicar la diferencia entre el EZLN y el EPR", y dijo al legislador de su partido que si bien los grupos armados no tienen hoy ninguna justificación histórica, su surgimiento obedece a motivaciones sociales, al rezago y a la pobreza ancestrales en regiones como Chiapas y Guerrero.

Prurito excesivo sobre los acuerdos de San Andrés

Insistió en que el gobierno por concluir generó las condiciones para resolver en un futuro inmediato el conflicto chiapaneco a través de la negociación y la discusión políticas. Quedó pendiente, detalló, el debate sobre la ley de derechos y cultura indígenas, legislación que, sostuvo, no pudo aprobarse en el Congreso "por un prurito excesivo sobre el enfoque textual de los acuerdos de San Andrés".

Explicó a los legisladores que el gobierno tiene diferencias en las interpretaciones sobre temas sustantivos de esos acuerdos firmados con el EZLN, en particular los esquemas de propiedad de la tierra, el concepto de usos de medios de comunicación y las definiciones de autonomía.

Sin embargo, sostuvo, la "filosofía y el sentido fundamental de los acuerdos de San Andrés están en la iniciativa (enviada por el presidente Ernesto Zedillo al Congreso) que no llegó a ser discutida en las cámaras de Diputados y Senadores".

Carrasco reprochó a los legisladores no haber tenido la voluntad política para resolver las diferencias y haber buscado condiciones para redactar, como se ha hecho en otros estados de la República, los aspectos particulares de los acuerdos de San Andrés que fueron motivo de diferencias.

Qué mecanismos permitieron la aberración del Renave: Ortega

Las críticas más severas a la política interior del país fueron formuladas por el PRD, y se refirieron al Ejército. El coordinador de ese partido en el Senado, Jesús Ortega, advirtió que el problema del narcotráfico se ha convertido en un asunto toral del país y en un fenómeno fuera del control gubernamental, hasta poner en riesgo la seguridad nacional.

"ƑCómo terminar con la perversa inercia de seguir violentando la Constitución al utilizar al Ejército en el combate al narcotráf ico?", le preguntó. Más adelante se refirió a los casos de los generales Jesús Gutiérrez Rebollo, Arturo Acosta Chaparro y Humberto Quirós Hermosillo, y sostuvo que no es creíble que el gobierno desconociera sus actividades de corrupción y sus vínculos con los cárteles de las drogas.

Ortega siguió machacón: "ƑNo se conocía desde hace mucho tiempo la vinculación de esos militares con el narcotráfico, pero se les consentía en esta actividad ilegal por su papel de especialistas en la contrainsurgencia?".

El perredista agregó que así se llama en el lenguaje de la seguridad del Estado a los represores, a los torturadores y a los violadores de derechos humanos. Derivó luego los cuestionamientos hacia otro torturador: el argentino Ricardo Miguel Cavallo, a quien, dijo, la Secretaría de Gobernación le dio permiso para trabajar en México como director del Registro Nacional de Vehículos, pese a sus antecedentes de terrorista, asesino y ladrón de automóviles.

-ƑQué mecanismos de la secretaría permitieron esta aberración? -inquirió Ortega.

El titular de Gobernación defendió al Ejército; sostuvo que la implicación de los generales en el narco lastima al gobierno y al propio Ejército. Consideró una "extrapolación de la lógica y del buen sentido" asegurar que desde antes se conocían los nexos de Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quirós Hermosillo con el narcotráfico.

Al referirse al Renave, dijo que cuando Cavallo ingresó al país, la dependendencia a su cargo no tenía información ni denuncia de ningún cuerpo policiaco que hiciera suponer que el argentino Cavallo hubiera participado en los delitos que se le imputan.

Carrasco eludió el intento del perredista Ojeda Zubieta por entrar a la discusión de las próximas elecciones locales de Tabasco. El senador y candidato a la gubernatura de ese estado del sureste lo acusó de "abandonar sus deberes de imparcialidad y comportarse como un confeso militante del PRI" en su reciente gira por la entidad, al aludir a una encuesta que favorece al candidato del tricolor.

Incluso, lo responsabilizó de tratar de apoyar al candidato priísta Manuel Andrade en su afán de alcanzar la secretaría general del PRI, por lo que le pidió que mejor presente su renuncia.

Carrasco Altamirano le respondió que en ningún momento se inmiscuyó en asuntos locales, pero como el perredista insistió en una segunda intervención, le hizo notar que no era el espacio ni la tribuna para dirimir un proceso electoral local.

La que al parecer no entendió el mensaje fue Georgina Trujillo, ex alcaldesa de Villahermosa y ahora senadora del PRI, quien insistió en llevar el tema a tribuna para enfrentarse al perredista, con acusaciones de desviación de recursos públicos del Gobierno del Distrito Federal en su favor.

Otro tabasqueño, el panista Juan José Rodríguez Prats, desde su curul exigió que se hiciera una moción a la llegada de Roberto Madrazo. No es un debate sobre la situación en Tabasco, sino una comparecencia, y se está faltando al respeto al secretario, gritó para terminar el frustrado debate.

Ortega tampoco dejó pasar la actitud de Trujillo, y expresó a Carrasco lo lamentable de que "una senadora de su propio partido" no tuviera confianza en su capacidad para responder él mismo a los cuestionamientos de Ojeda Zubieta.

Pero, también el panista Federico Ling Altamirano pareció olvidar que se trataba de un diálogo con Carrasco, y dedicó los últimos cinco minutos del tiempo correspondiente al PAN a cuestionar el formato de las comparecencias.

En general, los legisladores del blanquiazul centraron sus intervenciones en su preocupación por reglamentar los medios de comunicación. La respuesta de Carrasco Altamirano fue que Zedillo ha sido muy preciso y claro en el sentido de que "prefiere los excesos a cualquier propósito o acción que coarte la libertad de expresión".