MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť El mayor Jorge Olivera está acusado de secuestro, desaparición y tortura
Presunto genocida argentino fue liberado en Italia
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 19 de septiembre Ť Familiares de desaparecidos en Argentina lamentaron la decisión tomada hoy por un un juez italiano de dejar en libertad al mayor retirado Jorge Olivera, quien está acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura militar (1976-1983), y que había sido detenido en Roma el 6 de agosto pasado a solicitud de Francia.
''Estoy asombrada por la rapidez con que el juez de un país que está llevando adelante varios juicios por desaparición de personas en Argentina, un delito imprescriptible, decide dejar en libertad a Olivera, sin comprobar siquiera si un acta de defunción de una desaparecida que le presentaron es legal o falsa'', dijo a La Jornada Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Olivera, además abogado, participó en el operativo de secuestro, tortura y desaparición de la joven francesa Marie Anne Erize, desaparecida en la provincia de San Juan desde el 15 de septiembre de 1976, cuando el militar estaba a cargo del regimiento 22 de Infantería de Montaña, del que dependieron centros clandestinos de detención. Olivera fue acusado por varias de sus víctimas y por ex detenidos que testimoniaron sobre el secuestro, tortura, violación y desaparición de Marie Anne, ex modelo y estudiante de periodismo, quien trabajaba en poblaciones humildes con el Peronismo de Base.
En agosto pasado, el ex militar fue a Italia como defensor del general retirado Guillermo Suárez Mason, acusado por la desaparición de italianos en Argentina -y de cientos más en este país y en Centroamérica-, después que la justicia de Italia tomara ocho casos sobre el robo de niños nacidos en cautiverio en los centros clandestinos de detención del Ejército, entre ellos el nieto de Estela de Carlotto. Olivera estaba acusado en el libro de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) y figuraba en la lista del grupo que secuestró a la joven francesa.
El gobierno argentino se limitó a una asistencia de tipo consular, según dijeron en el Ministerio de Justicia local. Sin embargo, desde que Olivera buscó el apoyo de influyentes abogados fascistas vinculados con grandes poderes económicos se temió aquí alguna jugada jurídica, dijo a este diario el abogado Héctor Trajtemberg, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre.
''La idea de manejar un acta de defunción de la joven desaparecida pudo servir ante un juez italiano, que consideró con esta simple acción que no estaban dadas las condiciones suficientes e impuso el criterio de las normas prescriptorias de las leyes de Italia, dejando sin efecto la extradición, pero el fiscal apeló, aunque lamentablemente esto permitió a Olivera perderse en un mundo donde puede encontrar protecciones, mientras trataba de viajar a la Argentina, su seguro refugio'', añadió el abogado.
También sostuvo que habría que haber tomado en cuenta las normas del país que requería la extradición, en este caso Francia.
Por su parte, Carlotto dijo que era necesario conocer la partida de defunción, ya que Marie Anne figura aquí -como otros desaparecidos- en los padrones electorales, como si estuviera viva. ''Se tienen que aclarar muchas cosas, cómo y dónde murió, si fue por golpes, nada se sabe, sólo que fue secuestrada un día y llevada a las mazmorras de la dictadura desde donde nunca volvió'', dijo.
Asimismo, esperan justicia en Argentina políticos y dirigentes sindicales que cayeron en manos de Olivera e incluso José Luis Gioja, quien ahora preside el Bloque de los Senadores del opositor justicialismo y que fue víctima directa del ex militar, cuyo paradero se desconoce en las últimas horas. ''Así, la historia de un intento de mínima justicia ante un hecho tan doloroso como el genocidio en Argentina, naufraga por los tentáculos de los mismos poderes. No hay que olvidarse de que la ultraderecha italiana, los neofascistas, los grupos criminales de Stéfano Delle Chiae, entre otros, colaboraron con los crímenes en América Latina y con los atentados en la época de la Operación Cóndor y negociaron luego su libertad porque existe un suprapoder que los defiende en uno y otro lado'', sostuvo un jurista aquí.