MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Cancelaré actos que buscaron invalidarlos, dice
Ofrece Pablo Salazar revisar los acuerdos de San Andrés
Ť Afirma que el desarrollo social será una prioridad en su gestión
Angeles Mariscal y Elio Henríquez, corresponsales Ť El gobernador electo de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía se comprometió a revisar los acuerdos de San Andrés y, en su caso, cancelar todas aquellas acciones emprendidas por el actual gobierno estatal que pretendieron invalidarlos y neutralizar las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Su pronunciamiento fue dado a conocer durante el inicio del proceso de entrega y recepción de la administración estatal, para lo cual se nombraron representantes de 16 grupos sectoriales. Salazar explicó que tales nombramientos "no significan compromisos para la conformación del próximo gabinete", y añadió que las prioridades de su administración serán las acciones tendientes al desarrollo social y el fortalecimiento del estado de derecho.
Al término de una reunión privada de casi dos horas con el gobernador Roberto Albores Guillén, el mandatario electo subrayó que con las reuniones se pretende "dejar claro hasta dónde pinta su raya el gobierno saliente", en torno a las acciones emprendidas durante la administración que termina el próximo 8 de diciembre.
"Nos preocupa conocer el estado de salud que guarda la entidad, y a partir de ahí asumir nuestra responsabilidad". Advirtió que "no habrá cacería de brujas, pero tampoco compromisos con la impunidad".
La primera acción del gobernador electo fue nombrar a quien fungirá como vocero de la próxima administración, el actual secretario de prensa del PRD estatal, David Santiago Tovilla; en seguida anunció que la entrega-recepción del gobierno se dará a partir de 16 grupos sectoriales, para hacer ágil y transparente dicho proceso.
Dijo que una cuestión urgente que atenderá será lo referente al presupuesto del año próximo, para que sea la nueva administración la que defina cuáles son los sectores que se quiere privilegiar o fortalecer.
Por otra parte, organizaciones priístas de Altamirano informaron que bases zapatistas les quitaron un predio, por lo que demandaron la intervención del gobernador Roberto Albores Guillén para que las tierras les sean devueltas. En un comunicado, las sociedades de producción rural de responsabilidad ilimitada, La Esperanza, La Victoria y La Tzaconejá -que en conjunto tienen 500 hectáreas- manifestaron que el pasado domingo unos 400 indígenas pro zapatistas "invadieron nuestros terrenos",.
Agregaron que simultáneamente otros 280 campesinos rebeldes "se concentraron en los terrenos del rancho Tulipán, donde nos dijeron que sacáramos nuestros animales o de lo contrario ellos lo harían, pero nosotros somos los dueños, no tenemos dónde ponerlos".
Según los dirigentes de las tres sociedades referidas, José Lino López, Mario Yáñez López y Jorge Jiménez, los socios de aquellas tierras son 38 campesinos, "seis de los cuales pertenecen a la organización del EZLN y son apoyados por estas 400 personas que vinieron de diferentes comunidades, a apoderarse de las sociedades y dejarnos fuera".