MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Bernardo Bátiz Vázquez Ť
Cajas de ahorro
La Constitución política, en su artículo 25, reconoce que la economía mexicana se integra con tres sectores que son: el público, el privado y el social; en dicho precepto se establece que los tres concurrirán con responsabilidad social al desarrollo económico nacional.
En el mismo precepto se encomiendan al Estado, en forma exclusiva, las áreas estratégicas de la economía y se confiere a éste la responsabilidad de apoyar e impulsar a las empresas de los sectores social y privado de la economía con criterios de equidad social y productividad.
Las cajas de ahorro, cajas populares, cooperativas de ahorro y préstamo, que han proliferado en los últimos años, son parte de ese sector social reconocido constitucionalmente, junto con los ejidos, las organizaciones de trabajadores, las cooperativas de producción y de consumo, y otras comunidades productivas, que no tienen el lucro como fin principal.
Estas instituciones sociales, las cajas de ahorro popular, aparecieron en México (alrededor de 1940) impulsadas por el padre Pedro Velázquez, que fue quien tomó la idea del sistema cooperativista europeo, como una alternativa para las empresas capitalistas, que se caracterizan por buscar utilidades y emplear el trabajo asalariado como uno más de los factores de la producción.
La banca popular es propiedad de los propios ahorradores y en algunos países como Italia, España, Bélgica y otros, ha tenido un desarrollo notable y compite con los bancos comerciales, contribuyendo al desarrollo, especialmente de medianas y pequeñas empresas, servicios, talleres artesanales y otras fuentes de trabajo, que no llevan implícita, como está sucediendo cada vez más con el trabajo asalariado, la pérdida parcial de la libertad individual.
Nuestra historia y nuestra Constitución reconocen el valor de estas empresas de ahorro popular, pero no así los educados tecnócratas del neoliberalismo, a los cuales este tipo de empresas les parece más bien un estorbo al mercado y a la globalización; ellos prefieren maquiladoras y grandes inversiones que nos llevan a la pobreza y a la dependencia. Todo lo anterior, porque los ahorradores de alguna de esas cajas han acusado al gobierno y a algunos de sus funcionarios de una campaña en contra de estas organizaciones, acusación que apenas se esboza, pero que de tener fundamento confirmaría la falta de visión y el desprecio por el pueblo de los elegantes y agringados representantes de la tecnocracia.
El escándalo de las cajas de ahorro bien puede haber sido provocado para combatirlas y evitar su presencia en la economía de nuestro país, y si así fuera, tendríamos un agravio más en contra del gobierno que se va y una exigencia para el que llega. La Constitución debe respetarse también en este campo de la economía popular y las autoridades deben alentarla e impulsarla, facilitar su organización y su expansión y no combatirla como una plaga.
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