MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť La no entrega de un aeropirata y un secuestro masivo, las causas
Por diferencias con las FARC y el ELN, en peligro el proceso de paz
Ť Suspendidas, las pláticas del 22: Camilo Gómez Ť Se fuga de cárcel bogotana un jefe guerrillero
Dpa, Afp y Ap, Santafé de Bogotá, 19 de septiembre Ť El proceso de paz colombiano entró hoy en una situación de estancamiento al surgir diferencias con la insurgencia, ante la negativa de las Fuerzas Arma- das Revolucionarias de Colombia (FARC) de entregar a un aeropirata, lo que se sumó a un nuevo secuestro masivo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla en importancia del país.
El alto comisionado gubernamental para la paz, Camilo Gómez, confirmó que las negociaciones de paz con las FARC, que iban a comenzar el próximo viernes 22, quedaron suspendidas hasta que esa guerrilla reflexione y entregue al aeropirata Guillermo Arnubio Ramos.
Gómez reiteró que la zona de distensión de 42 mil kilómetros cuadrados en el sur del país no puede convertirse en un santuario para quienes escapan de la justicia, en tanto que el comandante de las FARC Carlos Lozada afirmó que "se trata de un revolucionario y los revolucionarios tienen el deber de buscar la libertad cuando están prisioneros del régimen".
Arnubio Ramos secuestró el pasado día 8 con una pistola una avioneta con 21 pasajeros cuando era trasladado por la justicia de Santafé de Bogotá a Florencia para una instrucción judicial, y la desvió a San Vicente del Caguán, la zona desmilitarizada donde se han llevado a cabo las negociaciones de paz con el gobierno.
Lozada aseveró que la única solución estriba en que el ministro de Justicia y el director del instituto penitenciario sean destituidos, pues a ellos les cabe la principal reponsabilidad en este asunto. No obstante, las partes acordaron un nuevo encuentro para el día 26 a fin de darle una solución al inesperado diferendo.
Al tiempo que se conocía la fuga de una cárcel bogotana del comandante rebelde William Marín Cano, junto con tres delincuentes comunes, las FARC afirmaron que al gobierno del presidente Andrés Pastrana se le acabó la voluntad de paz y que utilizó la mesa de negociaciones para conseguir el apoyo militar y económico estadunidense para su plan antidrogas.
El fiscal general colombiano, Alfonso Gómez, comentó que el gobierno tendrá que enviar tropas a la zona de distensión, ya que las FARC se niegan a entregar a un recluso que decidió ocultarse allí.
A su vez, el ex precandidato presidencial Alvaro Uribe propuso que la Organización de Naciones Unidas imponga "un gobierno internacional" en la zona sur ocupada por rebeldes de las FARC.
En paralelo, el gobierno exigió al ELN que "libere de inmediato" a las mujeres, ancianos y niños del grupo de 55 personas que secuestró el domingo, y el presidente Andrés Pastrana encomendó al comisionado Camilo Gómez contactar a la guerrilla para que defina su posición y adoptar así las medida necesarias.
Más tarde Gómez dijo que ya había entrado en comunicación con los rebeldes y que confiaba en que este caso pueda encausarse hacia una solución, sin que se tomen decisiones precipitadas. No obstante, admitió que la situación era difícil.
El nuevo secuestro masivo del ELN ocurrió cuando una delegación internacional de países amigos intercedía para acercar a las partes, pues la guerrilla exige la desmilitarización de una región de Bolívar para celebrar allí negociaciones de paz.
Sin embargo, ha habido resistencia tanto del gobierno como de los pobladores de la zona para acceder a esa demanda.
Aunque el ELN no se ha adjudicado este secuestro, realizado en un sector exclusivo próximo a Cali, la policía denunció que el grupo rebelde comenzó a contactar telefónicamente a los familiares de las personas en su poder para discutir la cuantía de un eventual rescate.
Por su parte, sectores empresariales e industriales suspendieron sus contactos con el ELN, al señalar que la sociedad civil a la que el ELN decía que había que darle interlocución en el proceso de diálogo es a la que ese grupo está plagiando.
En tanto, la comunidad indígena embera katío acusó a paramilitares de derecha del asesinato de cuatro de sus miembros y del secuestro de otros 21, en hechos ocurridos en los últimos días en Córdoba.