MIERCOLES 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Convenio firmado en 1997 confirma su manejo autónomo y privado

El GDF, sin atribuciones en los recursos de la Policía Auxiliar

Ť El documento fue firmado por el director de la corporación y 26 comandantes de la asociación civil

Elia Baltazar Ť Un convenio firmado el 25 de septiembre en 1997, entre la Policía Auxiliar y la asociación civil conformada por 26 comandantes y su entonces director, Jorge Juárez Loera, deja al Gobierno del Distrito Federal, incluida la Secretaría de Seguridad Pública, sin atribuciones para intervenir en el manejo de los recursos destinados a las prestaciones sociales de sus elementos, y confirma el manejo autónomo y el origen privado del dinero que ingresa a esa corporación, según lo estipulado en los lineamientos para el manejo de recursos humanos y materiales de esta corporación, autorizados en agosto de 1988.

Este convenio y los lineamientos, vigentes a la fecha, son sólo dos de los documentos en que basó su resolución la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para determinar el no ejercicio de la acción penal en la denuncia de hechos presentada por la SSP, contra tres funcionarios administrativos de la PA, así como en contra de "todos los servidores públicos administrativos y policiacos de la PA, y los particulares que hayan manejado o recibido indebida o ilegalmente fondos públicos o que hayan operado la nóminas en forma ilegal".

Recomendación improcedente

Los términos de esta denuncia significa-rían la presunta responsabilidad de los 41 mil elementos de la PA, según argumentos del fiscal para Servidores Públicos de la PGJDF, Roberto Pérez, quien advirtió sobre la improcedencia de la recomendación emitida en este caso por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y rechaza que el Ministerio Público actuara con negligencia en la investigación, pues a la fecha ha llevado a cabo 49 diligencias, la última de ellas con fecha del 13 de septiembre pasado.

Así, la procuraduría capitalina determinaría por segunda ocasión el no ejercicio de la acción penal, al concluir que el dinero ejercido por esa corporación no forma parte del erario sino de particulares, y que la Secretaría de Seguridad Pública no está legitimada para presentar denuncia a nombre de los uniformados.

Procedería, en cambio, por el presunto delito de fraude si alguno de los 41 mil elementos que conforman la corporación presentara una querella, pues fue su patrimonio, y no el de la SSP, el que se habría visto afectado por presuntos malos manejos de los recursos manejados por la asociación civil Servicios Sociales para la Policía Auxiliar.

El sustento legal

El origen particular de los recursos de la Policía Auxiliar y su autonomía respecto de la SSP están acreditados en su normatividad vigente, en sus lineamientos para la administración de recursos materiales y humanos, así como en el contrato de adhesión de sus elementos a la asociación civil y en el convenio signado en 1997 por esta última y la corporación, entre otros.

En principio, la Ley de Ingresos del DF establece en su artículo primero, fracción VI, párrafo uno, inciso a, que los recursos de la Policía Auxiliar son "productos" provenientes de la "prestación de servicios que corresponden a funciones de derecho privado".

En sus lineamientos generales, signados en su momento por el secretario de Protección y Vialidad, Enrique Jackson; los titulares de la Tesorería y la Contraloría General capitalinas, Fernando Hernández Valenzuela y Alejandro Posadas Espino, así como el oficial mayor Espinosa Palacios, se apunta que "la PA seguirá prestando sus servicios en los mismos términos y condiciones establecidos (en el decreto presidencia de 1949), sin alterarse la relación con los usuarios y con los elementos de su corporación".

Acredita también a la corporación para seguir cobrando sus servicios en el tiempo y forma habituales, tal y como lo marca su normatividad, que corrobora el origen privado de los fondos de la PA, aunque establece el procedimiento para la integración de estos recursos a la Tesorería del DF, así como para su presentación, aplicación y retiro.

Ya en 1997, en el convenio se apunta que, "como consecuencia de que los elementos de la corporación, desde sus orígenes no han sido incorporados a las prestaciones de que gozan los servidores públicos, sobre todo en lo que corresponde al rubro de seguridad social, en virtud de que no ha sido posible su incorporación al ISSSTE, los elementos se reunieron por conducto de sus mandos operativos para constituir en febrero de 1988 la asociación civil y los fideicomisos establecidos para este fin".

Por lo anterior, en su cláusula primera, se apunta que "la asociación se obliga a prestar al personal que haya celebrado y mantenga vigente el contrato al servicio permanente de la corporación todas las prestaciones de seguridad social incluidas en el Plan de Previsión Social de Servicios Sociales para la Policía Auxiliar del DF, AC, recabando los finiquitos correspondientes a efecto de librar de cualquier responsabilidad en este aspecto a la corporación y al gobierno del Distrito Federal".

"Brinqué de un fuero a otro, sin pisar el suelo": Serrano

Gabriela Romero Sánchez Ť Luego de definirse como recuperador de terrenos que le pertenecen a los campesinos, que no invasor, el priísta Humberto Serrano aclaró que sus enemigos, que son los terratenientes, no han tenido oportunidad de acusarlo de nada, "porque como los changos que brincan de una liana o otra sin pisar el suelo, yo brinqué de un fuero a otro, sin pisar suelo".

Sentado en la curul, que desde el pasado viernes ocupa en la Asamblea Legislativa, Serrano responde a las preguntas que las reporteras le hacen en torno a las múltiples denuncias que se han iniciado en su contra por invadir predios.

De entrada admite que anda detrás de la recuperación de 19 millones de hectáreas que por ley son de los campesinos, "sólo nos han entregado 85 de las 104 millones de hectáreas que nos corresponden. Iztapalapa ya la tenemos recuperada y Magdalena Contreras, también".

--ƑTiene más terrenos en la mira para ser recuperados?

--Son millones de hectáreas en todo el país.

--Pero Ƒen qué lugares?

--En Morelos, en el estado de México y aquí en el Distrito Federal".

Precisa que a causa de las denuncias presentadas en su contra, "supuestamente por invasor de tierras", ha estado 11 veces en la cárcel, por espacio exactamente de 134 días.

--ƑNo se arrepiente?

--No, al contrario, para mí es un honor ir a la cárcel por defender a los campesinos.

--Pero, este tipo de acciones es ilegal

--Son revolucionarias y mi partido es revolucionario, sólo me atengo a la resolución presidencial".

Asegura que en este momento no hay ninguna demanda en su contra, algo que atribuye al fuero que ha tenido en los últimos años --primero como diputado federal y ahora del DF--. "Quisieron promover algunas, pero como tengo fuero se archivaron", añade.

Sobre la denuncia que su partido, el Revolucionario Institucional, levantó en su contra por daños al inmueble del CEN, Humberto Serrano apunta que se retiró. "Hablé con Dulce María Sauri, en realidad yo fui el ofendido, porque los guaruras de ahí me corrieron, me sentí ofendido, por eso reaccioné", justifica.

Otros de los diputados locales del PRI, integrantes de la segunda legislatura, que han enfrentado alguna demanda son: Arturo Barajas, en 1998 por despojo y en 1999 por supuestas amenazas de muerte. "Ninguna procedió", subraya

De hecho adelanta que los próximos días interpondrá ante la procuraduría una denuncia en contra del perredista Victorio Montalvo por falsedad de declaración ante una autoridad.

Otro caso es Cuauhtémoc Gutiérrez, en 1997 por despojo. Al respecto el legislador recuerda escuetamente a dos reporteras, que el juez 55 de lo penal lo declaró absuelto y esta sentencia se ratificó en 1999.

Del PRD se señala a Adolfo López Villanueva, hermano de El Grandote, y rechaza que haya denuncias en su contra.