JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Astillero Ť
Ť Julio Hernández López Ť
Resulta absolutamente ocioso preguntarse si existe el espionaje telefónico en México. Lo hay las 24 horas del día, con cientos de miles de personas sujetas a ese y otros escrutinios de los ámbitos público y privado (sobre todo éste) de su vida, y con abundantes recursos de los gobiernos estatales y del federal puestos al servicio de esa práctica que sus operadores ven como natural.
El espionaje suele confundirse con el "manejo de información" tan anhelado por políticos instalados en áreas de toma de decisiones de gobierno (hay una frase de cajón que repiten como loros algunos políticos: información es poder). También es frecuente que se estime que el husmeo se convierte de manera natural y automática en materia de "inteligencia" y seguridad nacionales. Por ello, muchos gobernadores (difícil sería asegurar que todos, por falta de pruebas a la mano, aunque sobren los indicios al oído), muchos funcionarios federales y, desde luego, los encargados de la gobernación, se han armado de los mejores equipos y servicios que les es posible en esa materia.
El voyeurismo político
Tal moda de intervención selectiva en la vida de otros ha generado ya varios desaguisados peligrosos. Uno de ellos es que el Estado ha perdido el control de esos ejercicios de voyeurismo político. Así como el auge de la delincuencia llevó a los hombres de poder económico o político a crear sus propias guardias privadas, así hoy muchos de esos personajes tienen sus propios sistemas particulares de indagación permanente, sus estructuras paralelas, autónomas, con equipos modernos y costosos, instalaciones clandestinas y personal jurado en la guarda del secreto.
Tal guerra de espionajes cruzados mueve a veces a risa. Es tal el volumen de información que se llega a captar con los equipos modernos, que luego los depositarios no saben ni qué hacer con ella. Llegan momentos en los que el problema no es la recolección de informes (por ejemplo, de llamadas telefónicas), sino su clasificación inteligente y la traducción de esos datos o pistas seleccionadas en material útil para prever acontecimientos políticos y, adelantándose a ellos, o esperándolos en ventaja, corregirlos, aprovecharlos o contrarrestarlos. (En Campeche, por ejemplo, que es un estado con pocos recursos económicos en comparación con otras entidades, el gobierno mantenía o mantiene un sistema de espionaje que puede interceptar decenas de miles de llamadas al día, como si acaso hubiese en un sitio como el mencionado tantos personajes dignos de seguimiento especial, y como si además hubiese tanto personal especializado para ubicar con tino lo que es útil de entre esos torrentes de información).
Palabras y conceptos clave, como en Echelon
Dadas las limitaciones de criterio más que conocidas del mundillo laboral del espionaje, los jefes de esas actividades aprovechan las crecientes ventajas tecnológicas que permiten, por ejemplo, establecer palabras y conceptos clave que al ser pronunciados o escritos hacen que las máquinas los transporten a carpetas especiales a las que los especialistas revisarán luego para valorar su importancia.
Tal es el principio básico con el que funciona el sistema multinacional Echelon para la intercepción mundial de los mensajes que viajan por Internet. Las agencias estadunidenses de seguridad también han reconocido que aplican programas similares para detectar cuando en un mensaje se usan palabras relacionadas con terrorismo, drogas y otras áreas de parecida peligrosidad para los intereses del Estado norteño vecino.
Las orejas, los celulares
Pero no es necesario dárselas de versado en asuntos cibernéticos ni ver demasiadas películas hollywoodenses para saber que el espionaje es una práctica permanente, abierta, conocidísima en la política mexicana. Las "orejas" de Gobernación, del Cisen y de inteligencia militar son parte que ya adquirió carta de naturalización en todo acto público importante. Por otra parte, no hay político más o menos destacado que no se cuide de hablar cosas delicadas por teléfono y mucho más si éste es celular (interceptar llamadas hechas en teléfonos móviles es cosa de niños: por cientos de dólares se pueden adquirir aparatos sencillos pero eficaces para esas tareas).
Y a Fox, Ƒno lo iban a espiar?
Pensar, por ello, que Vicente Fox podría estar exento de espionaje telefónico sería una ingenuidad inaceptable. En los años recientes, el guanajuatense, junto con Roberto Madrazo y Cuauhtémoc Cárdenas, han sido los nombres que encabezan las listas de intercepciones telefónicas. De hecho, puede asegurarse que todo presidente electo, e incluso todo presidente en funciones, ha sido permanentemente monitoreado (como dicen con elegancia) por los servicios de inteligencia del propio Estado.
ƑQuiénes son esos pájaros en los alambres?
Pero, en el caso de Fox, conviene preguntarse si las intercepciones provienen de un ejercicio ilegal pero institucional, es decir, realizado por órganos del propio Estado mexicano, o por grupos paraestatales de políticos priístas desplazados, o por grupos de interés criminal, como el narcotráfico, deseosos de conocer rutas, criterios, tendencias e incluso debilidades del hombre con el que buscan negociar el sostenimiento de la narcoeconomía y la narcopolítica.
Oportunidad de corregir
Habrá que agradecer, sin embargo, al triunfo foxista, la posibilidad de conocer y denunciar hechos como el del espionaje telefónico. No por conocidos y perma- nentemente solapados pueden ser considerados justos los actos de intervención del Estado, del gobierno o de grupos de poder en la vida privada de los particulares ni en las comunicaciones de funcionarios públicos, salvo cuando un juez de manera fundada así lo ordene. El ruido que se ha hecho porque el teléfono intervenido era el del presidente electo, debería llevar a impulsar regulaciones estrictas de esas actividades. Lo peor de todo sería que, al paso del tiempo, nos enteráramos de que ese aparato de espionaje ilegal estuviese ya al servicio del nuevo poderoso.
Olivera, libre; Cavallo, tal vez dentro de poco
Hay además otras preocupaciones derivadas del hecho de que graves delitos van quedando sin castigo, para pernicioso ejemplo social. En Italia, un juez decidió dejar en libertad al mayor Jorge Olivera, que había sido detenido en aquella nación europea por haber sido uno más de los militares argentinos torturadores y genocidas. Acá, en México, parecen acomodarse las piezas judiciales para que Ricardo Miguel Cavallo quede en libertad dentro de poco, beneficiado por la división de criterios que se ha dado en España respecto de la petición de extradición del criminal argentino que así, al no ser demandado por la justicia hispana, estaría en condiciones de regresar a Argentina, donde se aprobaron las vergüenzas judiciales llamadas ley de obediencia debida y ley de punto final, que eximen de responsabilidad a militares torturadores como Olivera y Cavallo.
Hostigamiento contra Digna Ochoa
En cambio, defensores de los derechos humanos como la abogada Digna Ochoa, perteneciente al centro Miguel Agustín Pro, deben abandonar su país ante las amenazas y atentados que se cometen en su contra sin que haya autoridad ni leyes suficientes para resguardarla. Digna Ochoa ha denunciado con energía violaciones gravísimas a los derechos humanos como las cometidas contra los dirigentes del EPR detenidos meses atrás en acciones militares y policiacas que nada le piden a las de la dictadura argentina. Defender esos derechos no significa de ninguna manera comulgar con los planteamientos de esa agrupación ni compartir la idea de que mediante las armas se pueden lograr cambios en nuestro país. Pero a la abogada Ochoa la han perseguido los órganos encubiertos de seguridad nacional como si ella misma fuese una guerrillera. Hoy, se ha trasladado a Estados Unidos en espera de respeto y protección.
Frente a ese monstruo oculto de mil cabezas deberá actuar Fox, para que no haya más espionajes como el telefónico, pero también para que ningún mexicano deba irse a otro país por las amenazas y agravios que impunemente hayan cometido contra él en su propia patria.
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