JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Cuestionan dirigentes el espionaje telefónico
Hay que investigar al gobierno de Zedillo, exige Bravo Mena
Roberto Garduño, Jesús Aranda y Enrique Méndez Ť La intervención telefónica de las conversaciones privadas "es un hecho suficientemente agraviante para que el gobierno sea sujeto de una severa investigación", expresó el dirigente del PAN, Luis Felipe Bravo Mena. Sobre el particular, la presidenta del PRI, Dulce María Sauri, pidió a la Procuraduría General de la República investigue el espionaje a Vicente Fox durante su campaña presidencial.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro David Góngora Pimentel, comentó que la denuncia hecha sobre un eventual espionaje, en contra de Vicente Fox, resulta una "muy mala opinión".
El ministro fue entrevistado en el marco de la inauguración del Primer Seminario de Derecho Procesal Constitucional, donde dijo que las "libertades esenciales de la persona, las garantías a la paz y al desarrollo, son derechos comunes que deben garantizarse en todo proceso de reforma jurídica".
Bravo Mena adujo que su partido actúa en la legalidad "y no tenemos nada que esconder, no hay nada que temer. Sin embargo, es un delito y es un abuso absoluto de poder del gobierno".
El presidente panista recordó el espionaje como "una vieja historia" propia de los sistemas autoritarios y de las dictaduras contra la oposición política:
"Lo cual no descarga de la inmoralidad y el delito porque las autoridades, aun sean las de inteligencia del Estado, no tienen por qué estar interviniendo las líneas ni las conversaciones privadas de los dirigentes políticos o de los ciudadanos. Eso nos habla de la necesidad urgente de que pensemos en una legislación que ponga límites a las actuaciones de los órganos de seguridad, para que no abusen como lo han estado haciendo hasta ahora".
Dulce María Sauri rechazó que las grabaciones del espionaje fueran utilizadas con fines electorales y con el propósito de beneficiar al ex candidato de su partido, Francisco Labastida Ochoa.
"Si así hubiera sido, el destino de las supuestas intercepciones se habría revelado antes del 2 de julio. šQué casualidad que aparezca esta información cuando hay un serio cuestionamiento en torno del pago de los coordinadores del equipo de transición!".
La postura de la líder priísta se enfocó a solicitar a la PGR, y no a la Secretaría de Gobernación, que realice las indagatorias sobre la intervención telefónica, porque a la fecha también algunos de sus correligionarios han sido objeto del espionaje telefónico, y el resultado de esto fue utilizado en su momento como herramienta electoral.