JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť Decide juez conceder su extradición a España

Presiona Aznar al gobierno del presidente Zedillo: preso vasco

Ť Lázaro Galarza Larrayoz, acusado de colaborar con ETA

David Aponte Ť El juzgado primero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte, consideró procedente la extradición del ex concejal de Herri Batasuna, Lázaro Galarza Larrayoz, acusado de colaborar con la organización armada Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

"Esta es una determinación política, porque el gobierno español no presentó ninguna prueba". Sin embargo, "todo lo vasco les huele mal", y "los perseguidos políticos hemos pasado a ser terroristas", dijo el extranjero.

Entrevistado en el interior del reclusorio, opinó que el gobierno del presidente José María Aznar "presiona" a México para justificar la lucha antiterrorista. Desafortunadamente, la administración del presidente Zedillo está quedando bien con España por "intereses económicos y políticos", opinó.

Galarza Larrayoz, fundador de las Juventudes Revolucionarias en el País Vasco y ex concejal en Larraún por el partido Herri Batasuna, ahora Euskal Herritarrok y considerado brazo político de ETA, recibió el lunes la notificación del juzgado primero de distrito, con la opinión jurídica en favor de la extradición solicitada por la Audiencia Nacional de España.

Las autoridades españolas acusaron al vasco de proporcionar un automóvil para un ataque con granadas que realizó un comando de ETA contra el cuartel de la fuerza pública Lecumberri, hechos registrados en los primeros meses de 1990.

El procesado argumentó en el juicio de extradición que la Audiencia Nacional procesó ya a Javier Goldaraz, dueño del vehículo utilizado en los hechos mencionados. Pero las evidencias de la defensa no fueron tomadas en cuenta ni por la PGR ni el juez mexicano, expuso.

"Para mí hay una presión por parte del gobierno español, por la razón de que desgraciadamente ETA les está dando muy duro. Eso no tendría nada que ver en realidad con que se la tomen contra nosotros, los perseguidos políticos. Pero ellos (los españoles) necesitan de alguna manera, ante la gente, decir que están realizando algo.

"Necesitan demostrar tanto en España, como fuera de ella, que están intentando erradicar el terrorismo, pero únicamente por la vía policial, sin intentar que haya una interlocución política. Necesitan demostrar que tienen una fuerza y que sus acuerdos bilaterales con otros países se están llevando a cabo. Y que eso tiene una finalidad: la represión del pueblo vasco en general. Ahí no vamos a poner si uno perteneció a Herri Batasuna o no, simplemente todo lo vasco les huele mal", dijo.

El extranjero llegó a México en 1992 para buscar refugio, a consecuencia de la "persecución política que ejercieron las autoridades españolas" y tras dos allanamientos de la policía en su domicilio, de acuerdo con su relato. Sin embargo, las condiciones han cambiado. El gobierno de México ha entrado al juego de las entregas de vascos, por la extradición y la deportación administrativa, y el territorio mexicano ya no es un sitio seguro para los refugiados políticos, expuso.

"Sabemos que el gobierno mexicano utiliza un arma de doble filo: cuando no hay orden de detención y saben dónde está, utilizan la expulsión por estar ilegalmente en el país, cuando no necesariamente lo puede expulsar a España, sino a cualquier otro país... Pero es mucho más fácil, para un gobierno como el de Zedillo o el gobierno que esté, lavarse las manos, quedar bien con España, comentó Galarza Larrayoz, detenido el 30 de mayo pasado en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Pilar Noriega y Lamberto González, abogados del inculpado, dijeron que el juez "aplicó de manera retroactiva las modificaciones al tratado de extradición México-España, que entraron en vigor en 1997, porque el gobierno español no presentó ninguna prueba de las acusaciones; únicamente llevó la orden de procesamiento y prisión contra el vasco.

"Sin embargo, de ese auto no se aprecian los hechos atribuidos al defendido, ni siquiera un resumen de los mismos o de las declaraciones que dicen que lo inculpan. Por lo tanto, no se desprenden los indicios racionales de su comisión, por Lázaro Galarza, que es un requisito que se establece en el tratado de extradición", expusieron.

A partir de la opinión jurídica del titular del juzgado primero, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene 20 días hábiles para declarar si procede o no la petición de extradición formulada por el gobierno español.