Ť Jorge Olivera retornó a Buenos Aires en el más absoluto secreto

Causa polémica la liberación en Italia de ex represor argentino

Ť Repudio de grupos humanitarios y juristas Ť París pedía su extradición por el asesinato de francesa

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 20 de septiembre Ť Llegó a Argentina envuelto en las sombras ya que nadie pudo localizar su entrada aquí, aunque fue aplaudido por un grupo de personas: se trata del mayor retirado Jorge Olivera, liberado en Italia, desde donde debía ser extraditado a Francia acusado secuestro y tortura de la joven de origen francés Anne Marie Erize, en octubre de 1976, posteriormente desaparecida.

La resolución colocó en un escenario negativo a la justicia italiana ya que de acuerdo con los juristas locales "una extradición no puede ser rechazada porque el delito en cuestión haya prescrito en el país requerido (Italia)", de acuerdo con un convenio firmado el 27 de diciembre de 1976.

Además, existe una obvia extralimitación al juzgar los camaristas italianos que "la muerte de la ciudadana francesa no sólo no puede ser adjudicada al extraditado y no resulta ocurrida durante el secuestro o como consecuencia de la acción delictiva" lo que debía dirimirse en Francia, porque en Italia sólo podía juzgarse si la extradición tenía o no los argumentos jurídicos necesarios.

¿Cómo llegaron a esta conclusión los jueces italianos cuando el mismo Olivera buscó el amparo de las leyes de punto final y obediencia debida (1987) para eludir un juicio firme, con pruebas que fueron admitidas por la justicia argentina?

"La determinación fue tomada sin realizar ni siquiera una consulta o una pericia sobre la validez de 'la prueba', una partida de nacimiento donde en un extremo figura una presunta defunción en noviembre de 1976, sin especificar la causa del deceso ni el lu

gar donde está el cuerpo de la víctima", sostiene un grupo de abogados locales.

Detenido en Roma aún no se habían vencido los plazos para que el juez francés Roger le Loire presentara la documentación para el pedido de extradición, cuando los camaristas italianos María Luisa Carnevale, Serenella Siriaco y Massimo Mhelozzi sostuvieron que no existían condiciones para una sentencia favorable.

"¿Sobre qué base actuaron estos camaristas?", es la conclusión y la pregunta de los dirigentes de organismos humanitarios.

La imprevista liberación de Olivera es considerada como "una mancha negra" para la justicia italiana y concitó el rechazo y la sospecha del enorme arco de los organismos de derechos humanos.

Por una parte los juicios que se llevan adelante en Italia por desapariciones en Argentina habían creado expectativas lógicas aquí, que de alguna manera han sido golpeadas, y por la otra existe la presunción de la "mano negra" que surge del enorme peso de la ultraderecha fascista italiana.

Con alto poder económico, estos grupos ultraderechistas han sido señalados como cómplices y partícipes en los crímenes de las dictaduras del Cono Sur, que fue comprobado en varios juicios, como los realizados en Roma por el atentado en 1975 contra el ex vicepresidente chileno Bernardo Leighton y su esposa Anita Fresno, del que ambos sobrevivieron con graves secuelas.

Este atentado, que se juzga dentro de los crímenes de la Operación Cóndor, coordinación criminal de las dictaduras conosureñas, reveló ante el mundo los estrechos lazos y complicidades de grupos neofascistas italianos y ultraderechistas, como Avanguarda Nazionale bajo la jefatura de Stéfano Delle Chiaie, comprometidos en todos los crímenes de esos años en Sudamérica.

Augusto Sinagra, uno de los influyentes abogados italianos de Olivera, no sólo está ligado a los movimientos fascistas sino también a Silvio Berlusconi, cuyos vínculos mafiosos para llevar a la derecha al poder en Italia han sido fuertemente denunciados.

Eloy Camus, testigo fundamental en el juicio por la desaparición de Anne Marie Erize, sostuvo, desde San Juan, que existen suficientes pruebas sobre el hecho, presentadas en tribunales militares y en la Cámara Federal de Mendoza, las que determinaron la indagatoria de Olivera como autor del secuestro y la tortura de la joven, cuyo cuerpo nunca apareció, como no aparecieron los de los otros desaparecidos en San Juan ni en otros lugares del país.

"Si Olivera no hubiera sido culpable, la justicia argentina no hubiera aceptado las pruebas y no lo hubiera llamado a indagatoria por éste y otros 14 secuestros. ¿Cómo podía ser inocente el hombre que tantos testigos reconocieron, cuando era jefe de inteligencia del regimiento 22 de infantería de San Juan?", se pregunta Camus, cuya hermana estuvo plagiada en esos tiempos.

En San Juan, en la provincia del mismo nombre, donde la joven fue secuestrada en octubre de 1976, no existe una partida de defunción ni una tumba para Anne Marie y nunca nadie vio su cadáver.

El abogado Horacio Méndez Carrera, que patrocina a los familiares de origen francés de las víctimas de desapariciones forzadas, sostiene que en 1990 se tramitó un certificado por presunción de fallecimiento, que no significa que se declare la muerte.

Por su parte, la abogada francesa Sophie Thonon consideró que la resolución italiana era una abierta violación del convenio de extradición y a diversos acuerdos, por lo cual presume que puedan producirse conflictos entre ambos países.

Para Hebe de Bonafini, presidenta de un sector de Madres de Plaza de Mayo, la libertad concedida a Olivera demuestra la complicidad de Italia, "ya que existe un delito que no prescribe, la desaparición forzada de personas. Y es más grave aún que se haya tenido en cuenta un certificado de defunción cuando los militares tenían gente, escribanos, que anotaban los nombres en algunos cementerios".

Bonafini está segura de que no va a haber condena porque las justicias "son corruptas y los intereses enormes".

Pero también esto plantea otro aspecto de las desapariciones y es que para cualquier tipo de trámite familiar la característica de "desaparición" no sirve jurídicamente y se tiene que aceptar la presunción de defunción, que origina este tipo de injusticias.

Los trámites que deben seguir las familias de desaparecidos son una tortura, ante la cuál la justicia no toma previsiones.

La liberación apresurada de Olivera se produce cuando otro ex oficial, el marino argentino Ricardo Miguel Cavallo, detenido en México el 24 de agosto, espera la solicitud de extradición de España por crímenes de lesa humanidad, cuyas pruebas han sido presentadas en forma abundante por los sobrevivientes de la temible Escuela de Mecánica de la Armada.

Sin embargo, en este caso los abogados locales reconocen que la movilización de los organismos humanitarios fue lo suficientemente rápida y que hubo apoyo tan fuerte de la sociedad, los medios y los partidos políticos de México que ha permitido ajustar las formas para evitar que una vez más un acusado de genocidio, torturas y terrorismo pueda eludir a la justicia.