JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Sigue adelante el procedimiento contra Cavallo, dice
Cometió prevaricación el juez que lo liberó, acusa el abogado Slepoy
Armando G. Tejeda, corresponsal, Madrid, 20 de septiembre Ť La liberación del ex torturador argentino Jorge Olivera representó una "gravísima" violación la jurisprudencia internacional, por lo que el juez del tribunal de Apelación de Roma que tomó ayer esta decisión ha cometido "prevaricación", señaló hoy Carlos Slepoy, abogado de la acusación popular y particular en el proceso abierto en la Audiencia Nacional de España contra la última dictadura militar argentina (1976-1983).
Se trata, agregó, "de una violación del Convenio Europeo de Extradición del 27 de septiembre de 1996, que es un agregado al convenio de 1957, en el que se establece que los tribunales del país requerido no podrán entrar a considerar el tema de la prescripción, y sin embargo lo han ignorado".
El también presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Argentina en Madrid se refirió además a la decisión adoptada por los tribunales italianos, que consideraron "prescrito" el delito por el que se le acusa, el secuestro y desaparición de Anne Marie Erize, en 1976.
"Nos llamó mucho la atención, pues si lo hubieran dejado en libertad con alguna medida cautelar a la espera de la decisión de la extradición hubiera tenido cierta razón, pero tal como ha ocurrido creemos que el juez ha prevaricado y tomó esta resolución sabiendo que es injusta", sostuvo
Slepoy explicó que la única vía legal que es posible adoptar en estos momentos es la de presentar una querella criminal contra las autoridades judiciales italianas, lo que se analiza por ahora.
En torno al recurso de apelación presentado ayer por la fiscalía española contra el auto de extradición del ex torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, solicitada por el juez Baltasar Garzón a México, Slepoy dijo que decisiones de este tipo "no tienen la menor importancia" ya que no afecta al curso del proceso contra Cavallo.
"Lo que hay que destacar es que no tiene efectos suspensivos, es decir que el procedimiento contra Cavallo sigue adelante".
Agregó que "este recurso es uno más de los tantos que tiene que poner la fiscalía, que a su vez son sistemáticamente desestimados por la sala de lo penal de la Audiencia Nacional".
"Lo que pretende la fiscalía ha sido ya resuelto por la sala de lo penal contundentemente con la unanimidad de sus 11 magistrados, el 3 y 4 noviembre de 1998, que dijeron que la justicia española sí es competente para investigar estos hechos, por tanto es un recurso que no tiene ninguna importancia en el proceso", concluyó.