JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Ejércitos de siete países practicaron "juegos de guerra" en Argentina
Piden a De la Rúa que informe sobre maniobras militares
Stella Calloni, corresponsal/I, Buenos Aires, 20 de septiembre Ť El diputado argentino Ramón Torres Molina del Frente País Solidario, en la Alianza gobernante, presentó hoy un pedido de informes al Poder Ejecutivo, ante las maniobras militares que realizaron en la provincia central de Córdoba tropas de Estados Unidos, Argentina, Ecuador, Chile, Perú, Paraguay, Uruguay y Bolivia, que finalizaron hoy y sobre las que nunca se informó a la opinión pública ni se pidió autorización a la legislatura. Los llamados "juegos de guerra" giraron alrededor de una hipótesis de conflicto en un país llamado para estos efectos "Sudistán", que nadie duda aquí sería Colombia.
Relativamente cerca de allí, los juegos de guerra se hicieron reales cuando la policía reprimió en Jujuy al extremo noroeste del país una manifestación de protesta de los trabajadores, lo que dejó un saldo de una docena de heridos y varios detenidos.
En tanto, en el pedido de informe de Torres Molina se demanda que se expliquen las razones por las cuales el Ejecutivo no cumplió con los artículos constitucionales que determinan que el ingreso de tropas extranjeras en el país debe ser autorizado por el Congreso. Asimismo, si esto indica algún tipo de participación argentina en el Plan Colombia, que está financiado por Estados Unidos mayoritariamente, y por qué razón no han sido invitados los ejércitos de Venezuela y Brasil. Estos países resultan especialmente afectados por la presencia estadunidense en Colombia y se oponen a un incremento armado de este tipo en la región. Las maniobras "ocultas" -ayer Clarín publicó una nota sobre esto- suceden en momentos en que el país atraviesa un periodo de fuerte convulsión política ante los escándalos por sobornos en el Senado, que datarían de mucho tiempo, y que hoy se vieron aumentados por la denuncia de la senadora Silvia Sapag, de Neuquén, a quien un colega suyo del justicialismo habría intentado comprar el apoyo para favorecer a grandes empresas petroleras que se han quedado con ese sector, el más importante que tenía el país.
En Córdoba, en tanto, 400 boinas verdes del ejército estadunidense -que tuvo la fuerza mayoritaria en las maniobras- dirigieron el operativo denominado Cabañas 2000, que comenzó el pasado 6 de agosto y finalizó hoy, y es el primero de este tipo que se realiza en América del Sur, en un momento muy grave para la región.
Los juegos de guerra se realizaron en un área de 40 mil hectáreas del ejército argentino en Córdoba, involucrando a militares de ocho países de América, mientras que el costo de 2 millones 500 mil dólares fue asumido por Estados Unidos.
El ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, así como el teniente general Ricardo Brinzoni, jefe del ejército, asistieron a la clausura de las maniobras junto al general Peter Pace, del Comando Sur, y el embajador de Estados Unidos, James Walsh. Y en su regreso a esta capital, el avión en el que viajaba el ministro López Murphy se salió de la pista en el Aeroparque de esta capital.
La hipótesis de los "juegos de guerra", que han causado hondo malestar no sólo en círculos legislativos, sino políticos y de derechos humanos, estaba basada en la supuesta fragmentación territorial de la llamada "República Islámica de Sudistán" estableciendo en el norte de ésta el grupo del Islam y en el sur una Federación de raíz cristiana-ortodoxa y una guerrilla formada por miembros del anterior ejército regular de Sudistán que controlaba la región y era el componente más activo, según describió Clarín, el único medio que dio trascendencia a las maniobras un día antes de su finalización.
Tampoco fueron avisados los pobladores de Córdoba y el gobierno no puede justificar que el Ministerio de Defensa o la cancillería habían avisado a una Comisión del Congreso porque el mecanismo constitucional es que el Congreso debe aprobar previamente el ingreso de tropas y también en momentos en que existen fuertes movilizaciones campesinas en Bolivia, contra el establecimiento de bases militares en la zona del Chapare, región cocalera de ese país.
Y mientras el Senado es un caldero hirviente, el vicepresidente Carlos Chacho Alvarez llamó a los senadores comprometidos por la sospecha a dar un paso al costado para permitir la recuperación de la credibilidad perdida y reveló que se buscará oxigenar al gobierno, y que el gabinete sufrirá cambios integrales, pero que el presidente Fernando de la Rúa "no quiere que le impongan tiempos desde afuera". La durísima denuncia de intento de soborno en 1999, realizada por la senadora Silvia Sapag, en el tema petrolero echó más leña al fuego que se acerca al infierno.