JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Rechazan que sea una solución adecuada para erradicar la delincuencia
Se oponen juristas a que se aplique la pena de muerte
María Esther Ibarra Ť La pena de muerte no es solución para erradicar la inseguridad, la delincuencia y el crimen organizado, además de que tampoco se ha demostrado que sea necesaria para mantener el orden público, coincidieron los juristas Raúl Carrancá y Rivas, Rafael Márquez Piñeiro y Carlos Daza, así como el presbítero Juan Fernando Martínez García.
Aun cuando se esté a favor de la pena capital, ésta "elimina delincuentes y no delincuencia, anula el efecto y no la causa, pues con la muerte del criminal no se retribuye el daño que causó", dijo Carrancá y Rivas durante en el primer Congreso de Derecho, efectuado en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Desde luego, planteó, "sería una locura renunciar a la represión constitucional y apegada a las garantías individuales", por lo cual propuso que ésta se "combine" con la prevención y una política criminal que determine y combata las causas de la delincuencia.
El Estado debe conservar "impecable e inalterable el respeto a la vida, lo cual no implica que renuncie a su función punitiva. Que castigue, pero nunca transgrediendo el principio de que la vida es sagrada, pues inclinarse a favor de la pena de muerte es desviar el problema de la inseguridad pública", advirtió el también colaborador del equipo de transición de Vicente Fox.
En su turno, Martínez García, presbítero y segundo sacristán de la Catedral Metropolitana, expuso que si el mundo antiguo reconoció y aceptó la pena de muerte, así como en un determinado contexto social y cultural la Biblia también lo aprueba, fueron "evidentemente leyes propias de una época".
Márquez Piñeiro, director del Instituto de Documentación e Investigación Jurídicas de la Universidad Panamericana, manifestó que la justificación de la pena de muerte ha tenido motivaciones nada jurídicas, como son la necesidad de eliminar físicamente a los sujetos incapaces de adaptarse a la convivencia social y peligrosos, "pretextando la ineficacia de otras penas para conseguir esas finalidades".
Destacó que a pesar del desarrollo de las técnicas de investigación criminal "son numerosos los casos en que se ha comprobado la existencia considerable de casos de errores judiciales". Reconoció que es polémico el tema de la pena de muerte como máximo castigo para los delincuentes, pero al mismo tiempo consideró que también "juegan factores de oportunismo político que concurren para hacer más espinoso el tema y menos susceptible de la posibilidad de un acuerdo".
Lo más grave ante una eventual instauración, advirtió, es el riesgo de que la justicia se pueda convertir en instrumento de venganza o de mayor violencia, lo cual provocaría una "maldita espiral de la que luego es muy difícil salir".
Carlos Daza Gómez, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, expuso que a partir del asesinato de Luis Donaldo Colosio y luego de la detención de secuestradores sanguinarios como Daniel Arizmendi, la ciudadanía volvió a proclamar la adopción de la pena de muerte. "Pero ni este tipo de hechos o la inseguridad pública justifican la aplicación de la pena capital, y en caso extremo de ser adoptada se debe tener una fundamentación jurídica sólida", concluyó.