MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000

Ť "Han servido para hacer el ridículo": Castro y Castro

Los testigos protegidos, sin lugar en el sistema jurídico nacional

Ť El magistrado pugna por el establecimiento de juicios orales

Gustavo Castillo García Ť En México no pueden existir los testigos protegidos porque no tienen cabida en el sistema jurídico nacional y "sólo han servido para hacer el ridículo", afirmó el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juventino Castro y Castro.

Entrevistado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, al término de la inauguración del seminario Nuestro juicio de amparo, su actualidad y perspectiva, declaró que aquellos que en sus procesos penales han sido afectados en sus garantías por los llamados testigos protegidos pueden recurrir al amparo.

Para Castro y Castro la protección que brindan las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) a personas relacionadas con una actividad ilícita, sobre todo en materia de narcotráfico, para que declaren en contra de otras, y con ello no ser sujetos de una pena carcelaria, "es un atraco".

Los testigos protegidos -aseveró- "es algo que han tomado de emergencia (las autoridades encargadas de procurar justicia, la PGR) y ojalá recapaciten. No puede haber testigos protegidos porque la ley es muy clara: al que comete un delito se le castiga conforme a la ley. No se puede proteger a alguien afirmando: 'Si tú declaras algo en contra de aquel, te perdono la pena', eso es un atraco y en nuestro sistema no tiene cabida".

Al preguntársele cómo es que se actúa dentro del marco legal, el ministro de la SCJN dijo que "las leyes se reforman, se aplican y solamente hasta que alguien plantea su desacuerdo mediante un amparo o en alguna otra forma jurídica, la Corte lo puede resolver".

Señaló que pueden pasar años entre que se promulga una ley y que un ciudadano apela su inconstitucionalidad, y consideró que en este momento, en lo referente a la legislación relacionada con la figura legal del testigo protegido, "estamos en la parte intermedia, pero llegará el momento" en que la Corte tenga que decidir sobre el particular.

En cuanto a la utilidad que han tenido los testigos protegidos en los juicios en curso, el ministro señaló: "Han servido para hacer el ridículo a todo el mundo. Es para lo que han servido".

Por lo que, refirió, en este momento estamos en el punto donde todo aquel que se vea afectado puede interponer un amparo, porque mientras esta ley se esté aplicando y no haya nadie que proteste, uno sólo ve la situación, pero cuando surja un caso concreto de demanda de inconstitucionalidad y llegue a la Corte, entonces hablaremos concretamente.

Externó que es necesario establecer en México los juicios orales para contar con una justicia expedita, ya que -señaló- "como en muchos otros lugares del mundo, en México los juicios escritos tardan años", mientras que el juicio oral se da en audiencias generales, y rápidamente se llega a una sentencia. "Eso es un ideal que muchos países han logrado. ƑPor qué México no?"

Juventino Castro y Castro expuso en su ponencia ante más de 500 abogados que es necesario dejar atrás los juicios escritos porque retrasan la aplicación de la justicia, por lo que los procedimientos penales debieran ser como los juicios de amparo que no tardan en resolverse más de dos meses.

Sostuvo que los juicios orales son procesos "concentrados" que se resuelven de manera rápida, en los que en una, dos o hasta tres audiencias se aceptan y desahogan las pruebas aportadas por las partes, se escucha a los testigos y se llega hasta una sentencia.

Indicó que en este momento en la SCJN no existe ninguna discusión respecto a si es necesario promover reformas legislativas que permitan la práctica de este tipo de juicios, pero señaló que los juristas y profesionales del derecho deberían promoverlo desde sus distintas tribunas, como él lo hace tanto en la academia como en la corte.

En cuanto al juicio de amparo, el ministro refirió que toda la comunidad jurídica del país entrará muy pronto a punto de reflexión muy importante, una vez que se dé a conocer la propuesta de reformas a la legislación en la materia.

Destacó que, desde su punto de vista, el juicio de amparo es la defensa de las garantías individuales incluyendo, los derechos políticos de los ciudadanos.