MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Se suspende el interrogatorio previsto para el próximo 9 de octubre
Ordena juez someter a Pinochet a exámenes siquiátricos
Enrique Gutiérrez, corresponsal, Santiago, 25 de septiembre Ť El ex dictador chileno Augusto Pinochet será sometido a exámenes médicos siquiátricos para establecer su salud mental y determinar si puede ser enjuiciado por violaciones a los derechos humanos, por lo que automática- mente se postergó su interrogatorio que tenía previsto efectuar el juez Juan Guzmán, el 9 de octubre próximo.
Guzmán ordenó hoy los exámenes al desaforado senador vitalicio y le dio un plazo de 30 días para que acuda al Servicio Médico Legal, donde le realizarán los estudios necesarios "con el fin de garantizar el debido proceso al inculpado, especialmente por su avanzada edad (en noviembre cumplirá 85 años)".
El magistrado tomó la decisión luego que la defensa del ex dictador solicitó la semana pasada posponer la diligencia y la realización de exámenes físicos, pero no mentales, al argumentar que Pinochet no está en condiciones de soportar un juicio. Los abogados defensores han asegurado que Pinochet no sufre de perturbación mental.
El juez Guzmán decidió además enjuiciar por homicidio, en lugar de secuestro, a tres de los colaboradores de Pinochet que encabezaron la Caravana de la Muerte, lo que abrió una controversia sobre la posible aplicación de una antigua ley de amnistía. La resolución del magistrado es en contra del jefe de la Caravana, el ex general Sergio Arellano Stark, el brigadier retirado Pedro Espinoza y el ex coronel Marcelo Moren Brito, quienes ya se encontraban procesados y detenidos por el cargo de secuestro en este mismo caso, ocurrido en octubre de 1973, un mes después del golpe que instaló a Pinochet en el poder.
El magistrado remplazó el cargo de secuestro por el de homicidio después que en una fosa clandestina fueron hallados los cadáveres de dos de los ejecutados por la comitiva militar en la zona campesina de Cauquenes, ubicada 315 kilómetros al sur de Santiago.
Al configurarse los homicidios de los presos Pablo Vera y Claudio Lavín, los tres acusados pueden invocar a una ley de amnistía que dictó Pinochet en abril de 1978, que liberó de castigo a los autores de los crímenes políticos durante los primeros años de la dictadura.
Por otro lado, agrupaciones de derechos humanos anunciaron hoy querellas por los presuntos delitos de espionaje y traición a la Patria contra Pinochet y el ex general Manuel Contreras, basados en los informes desclasificados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la semana pasada y que dan cuenta de un nexo con la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
En tanto, el ex presidente Patricio Aylwin aseguró hoy que ningún integrante del partido Demócrata Cristiano (DC), recibió dinero de la CIA para desestabilizar al gobierno del presidente constitucional Salvador Allende. Un informe de la CIA reveló que entre 1968 y 1973 se financió a varios partidos chilenos, como el derechista nacional y la DC.
El presidente de la DC, Ricardo Hormazabal, señaló que si bien su colectividad "saludó el golpe militar", nunca recibió dinero o participó en una "conspiración" para desestabilizar al gobierno de Allende.