MARTES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Acusa Luege Tamargo al PRD de recurrir al autoritarismo y mayoriteo
Presentan PAN y PVEM juicio contra reformas al Código Penal
Ť Se llevaron a cabo sin ningún consenso y se violaron procedimientos de la ALDF, considera
El dirigente del PAN capitalino, José Luis Luege Tamargo, anunció que 22 diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre blanquiazules y del Partido Verde, interpusieron un juicio de acción de inconstitucionalidad en contra a los decretos que reformaron el Código Penal del Distrito Federal durante la pasada legislatura y que definieron las cinco causales, entre ellas la violación, en las que no puede ser penalizado el aborto.
En conferencia de prensa realizada dentro de las instalaciones de la ALDF, Luege Tamargo afirmó que dichas reformas "se llevaron sin ningún consenso" y que representan, a su juicio, una violación grave a los procedimientos internos de la órgano legislativo .
El recurso promovido por los legisladores locales es de carácter jurídico y esta previsto dentro de la ley reglamentaria que establece que una tercera parte de los diputados pueden interponer la llamada acción de inconstitucionalidad en contra de un decreto, modificación o iniciativa que consideren violente los principios constitucionales.
Acompañado por Bernardo Fernández del Castillo, representante legal del PAN, el dirigente blanquiazul acusó al Partido de la Revolución Democrática de recurrir a las mismas practicas priístas de autoritarismo y mayoriteo: "un país que permite que una mayoría absoluta aplique cambios de esa naturaleza es un país totalitario y yo creo que México está muy lejos ya de sus estados de dictaduras".
A pregunta expresa de que si se oponían a establecer la violación como una causal de aborto, Fernández del Castillo señaló: "no estamos hablando nada a cerca de la violación y además tampoco en la desafortunada ampliación de ese concepto respecto a la fertilización o inseminación practicada en contra de su voluntad, imagínese si es difícil que una mujer violada se embarace porque sus épocas de fertilidad son relativamente breves, pues más aún en el caso de una mujer, yo no creo que sea posible fertilizar o inseminar a una mujer en contra de su voluntad".
Conforme a lo establecido por la Ley reglamentaria del artículo 105 de la Constitución este recurso de apelación debe promoverse dentro de los 30 días subsiguientes a la fecha de publicación de las reformas aprobadas, plazo que se cumplió el sábado anterior, pero fue hasta ayer que se interpuso el juicio de acción de inconstitucionalidad ya que dentro del mismo reglamento se contempla que si el día 30 cae en un día inhábil, se prolonga al próximo día hábil siguiente hasta las 12 de la noche.
De acuerdo al mismo reglamento luego de presentarse la apelación se designa a un ministro ponente que siga el proceso de análisis que decida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, institución que tiene un periodo de seis meses para dictaminar una resolución.
Cuestionados sobre si la acción jurídica que emprendieron en el Distrito Federal trataran de extenderla a otros estados de la república en los cuales existen causales similares a las del Código Penal del DF, Fernández del Castillo lo negó categóricamente al argumentar que "son cuestiones completamente distintas" y que el recurso interpuesto el día de ayer "es un análisis estrictamente jurídico" ajeno a todo carácter partidista aunque aceptaron que el tema en cuestión se encuentra a debate a nivel nacional.
Por último los dirigentes panistas calificaron las reformas aprobadas por la legislatura pasada como un "albazo de última hora por motivos políticos" y provocado por las reformas que se dieron en el congreso de Guanajuato, las cuales finalmente no procedieron por decisión del ejecutivo estatal y que preveían acción penal en contra de las mujeres que abortaran el producto de una violación.
Entre los legisladores que apoyaron la controversia constitucional se encuentran Salvador Abascal Carranza, Hiram Escudero Alvarez y Patricia Garduño.