JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Ernesto Villanueva Ť
RTC, impunidad y corrupción
Los denominados tiempos oficiales del Estado parece que habrán de convertirse en el centro de una discusión que muestra sus primeras expresiones. Anteayer, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) se pronunció por reabrir la discusión sobre la ley en la materia, con especial énfasis en los tiempos oficiales, y esta semana el consejero electoral Jaime Cárdenas Gracia ha proseguido su travesía para que se aplique la ley a Alejandro Montaño Martínez, director de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación. Habrá que recordar que el 23 de febrero de este año la CIRT emitió la circular número 3236, en la que recomendaba a sus socios que no transmitieran mensajes institucionales del IFE, con cargo al 12.5 por ciento de los tiempos oficiales, toda vez que, a su juicio, la entidad electoral no era parte del Estado mexicano.
Resulta absurdo que la propia CIRT hubiera tenido el desparpajo de interpretar la ley para obviar su cumplimiento, pero lo es más la displicencia, por decir lo menos, con la que actuó Montaño Martínez. Esa notoria violación a la ley fue motivo para que el consejero Cárdenas formulara una denuncia administrativa contra el titular de RTC ante el contralor interno de la Secretaría de Gobernación, Raúl Medina Rodríguez, en virtud de haber causado perjuicio a los partidos políticos, al IFE y a la ciudadanía. Y el daño no fue mínimo. Nada más y nada menos que inhibir el derecho a la información de los ciudadanos en aspectos torales del proceso electoral: cuándo y dónde recoger la credencial para votar, por ejemplo. ƑSe imagina alguien algún mecanismo mejor a los medios para hacer llegar esta información a más de 30 millones de ciudadanos? Qué decir también de las campañas de promoción del voto libre y secreto y de participación ciudadana que Montaño Martínez puso en riesgo, pero que parcialmente pudieron ser transmitidas después gracias a la presión de la opinión pública y a la unidad de los partidos políticos de oposición en esta causa.
El 4 de septiembre, el consejero Cárdenas recibió un oficio de la Contraloría Interna de Gobernación donde llegaba a la siguiente conclusión: "Se declara improcedente instruir procedimiento administrativo de responsabilidades en contra del Lic. Alejandro Montaño Martínez, director general de la Secretaría de Gobernación", y se ordenaba "archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido". Frente a esa resolución, Jaime Cárdenas ha decidido hacer uso de los recursos que la ley le confiere para evitar que Montaño Martínez quede impune de las faltas cometidas en el ejercicio de su encargo público. Y es que la declaración de improcedencia emitida por la Contraloría constituye una violación a los principios de legalidad previstos por los artículos 14 y 16 constitucionales, al resolver el fondo del asunto sin haber desahogado el procedimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Por estas razones, Cárdenas presentó este lunes una denuncia ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo contra el contralor interno de Gobernación, Raúl Medina Rodríguez, por "las omisiones y acciones que en el ejercicio de su encargo cometió en perjuicio del estado de derecho, la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia". De igual forma, interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos solicitando que se emita una recomendación "determinando que las autoridades señaladas (Medina Rodríguez y Montaño Martínez) han violado los derechos humanos, al haber incurrido en actos y omisiones ilegales, irrazonables, injustos, inadecuados y erróneos, y se señalen las medidas que procedan para la efectiva restitución de los derechos humanos violentados". Y, finalmente, solicitó un amparo ante un juez de distrito a efecto de que "se instruya el procedimiento disciplinario correspondiente y se sancione al director general de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación".
El uso de las herramientas legales para combatir la corrupción y la impunidad que hace el consejero Jaime Cárdenas pone de relieve dos elementos clave del proceso de construcción democrática, que habría que tomar en cuenta: a) Documenta la ausencia de estado de derecho y la subordinación de la ley a criterios de ventaja política para satisfacer intereses de grupo en perjuicio de la sociedad toda. Esta práctica del régimen actual es, ahora, por primera vez impugnada más allá del impacto efectista que ofrecía la coyuntura electoral y se inscribe dentro de un legítimo interés para transformar la conducta de los servidores públicos ante el derecho, y b) Confirma la necesidad de reformar el marco jurídico de la radio y la televisión, de tal suerte que la administración de los tiempos oficiales, si se llegara a considerar su permanencia, y -de manera especial- la aplicación de la ley en la materia no quede nunca más a la discreción de un funcionario de Gobernación. Por el contrario, estas tareas deben corresponder a un organismo colegiado, de naturaleza autónoma, susceptible de vencer las presiones provenientes tanto de los concesionarios como del propio Poder Ejecutivo, siempre presto a cultivar la relación con los medios sobre bases insanas y secretas, y donde no hay evidencia empírica que demuestre que únicamente el cambio de partidos y personas en el poder constituye la garantía de un cambio democrático.