JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Presuntas irregularidades en financiamiento electoral
Adeudaría el PRI $33 millones al IPAB: Julio César Méndez
Ť Plantean destinar $40 mil millones al rescate, el próximo año
David Zúñiga Ť Si el Congreso determina que se cometieron irregularidades en el financiamiento de las campañas del PRI, a través de Banco Unión, dicho partido deberá pagar 33 millones de pesos al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, según estipula el artículo séptimo de la ley del IPAB, señaló el secretario ejecutivo de ese organismo, Julio César Méndez Rubio.
"La legislación establece que cualquier institución que haya recibido financiamiento y causado quebranto a una institución bancaria debe reintegrar los recursos, pero no determina un plazo ni a quién se debe reclamar", aclaró en entrevista posterior a la reunión mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).
Por su parte, el presidente del IMEF, Francisco Avila Heredia, señaló que el IPAB requerirá alrededor de 40 mil millones de pesos del presupuesto para servir su deuda el próximo año y mantenerla constante en términos reales.
En un encuentro organizado por el IMEF, vocales del IPAB insistieron en la necesidad de consolidar como deuda pública los pasivos del rescate bancario, a más tardar en 2002; argumentaron que ello permitirá reducir costos financieros, reactivar el crédito y disminuir el riesgo del sistema bancario.
Alejandro Creel Cobián, vocal del IPAB, descartó que la llegada del gobierno de Vicente Fox implique cambios en el instituto, cuya junta de gobierno está formada por vocales designados cada cuatro años. Asimismo, señaló que la deuda del instituto asciende a 50 mil millones de dólares, y que su liquidación tardará alrededor de 20 años.
El modelo de garantía explícita limitada adoptado por México, argumentó Creel, es "el más conveniente" y el que recomienda el Fondo Monetario Internacional (FMI). Según el funcionario, se trata de un esquema de garantía de depósitos "diseñado para proteger a los pequeños ahorradores".
Algunas alternativas que deberá analizar el IPAB, abundó, son indizar el monto de la cobertura y constituir algún mecanismo de coaseguro, que trasladaría al ahorrador parte del riesgo sobre los depósitos. Asimismo, propuso cambiar el sistema de cuotas fijas de cobertura por uno de cuotas variables, basado en el grado de riesgo.
Creel insistió en que la estrategia para hacer frente a la deuda del IPAB debe consistir en destinar recursos presupuestales para pagar la parte real del débito (la proporción en que excede la inflación), con la esperanza de que la economía crezca a tal ritmo que dicho adeudo sea cada vez menos gravoso en términos relativos.
Según Creel, la ley del IPAB tiene "grandes deficiencias", por ejemplo, limita el seguro de depósito a las instituciones de banca múltiple, lo que concentra aún más el crédito y reduce las alternativas de financiamiento. Asimismo, consideró excesivo el monto de cobertura en México, que equivale a 20 veces el PIB por habitante (proporción similar a la aplicada en Estados Unidos), mientras que el promedio mundial es de sólo 3.