JUEVES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Ť Represión en Chenalhó, Yajalón y El Bosque
Se recrudece la persecución contra civiles zapatistas
Ť Paramilitares apoyan a policías, dice el concejo de Polhó
Hermann Bellinghausen, enviado, San Cristóbal de las Casas, Chis., 27 de septiembre Ť La persecución policiaca y paramilitar (no siempre distinguibles una de la otra) contra civiles zapatistas se ha recrudecido en semanas recientes al menos en los municipios constitucionales de Chenalhó, Yajalón y El Bosque, escenarios de algunas de las acciones paramilitares más graves. Acusados, y con frecuencia aprehendidos ilegalmente por los propios paramilitares, varios tzotziles inocentes han ingresado al penal de Cerro Hueco estas semanas. Con ellos, el número de zapatistas detenidos ascendió a 107, 87 de ellos presos y el resto en libertad provisional.
En una confusión de términos, de hasta dónde llega lo legal y si los paramilitares forman parte del aparato de la ley, durante septiembre las policías y los grupos que las comunidades señalan como civiles armados han hostigado, perseguido e incluso aprehendido a campesinos zapatistas.
El 19 de septiembre, el concejo municipal autónomo de San Pedro Polhó denunció que en el cercano banco de arena, un grupo de desplazados (que viven por millares en la comunidad de Polhó) que había salido "a traer leña", fue interceptado por cinco "cardenistas" (en caso de que aún exista aquel partido del ferrocarril cuyos militantes participaron junto con los priístas en la masacre de Acteal), que "tomaron fotografías de nuestros compañeros para entregarlas a la PGR, y los amenazaron de muerte con armas blancas". Dos de los agresores, identificados como Onorio Pérez Pérez y Lorenzo Vázquez, están acusados de haber participado en la matanza de Acteal.
La ofensiva contra los autónomos empezó el 2 de septiembre con la aprehensión de Manuel Gutiérrez y Antonio Arias, desplazados en Polhó, bajo la acusación sin pruebas de la muerte de dos priístas en 1997. Sus captores fueron los paramilitares responsables de Acteal, quienes no sólo siguen libres, sino además con la potestad de enviar gente a Cerro Hueco. Al día siguiente, detuvieron en Pantelhó a otro desplazado zapatista y lo entregaron a las autoridades.
Por esos días, la Procuraduría de Justicia estatal había anunciado que practicaría todas las órdenes de aprehensión existentes contra indígenas desplazados.
El 4 de septiembre, Bartolo Gutiérrez Vázquez, presidente del concejo autónomo de Polhó, denunció la persecución por parte de la PGR de "compañeros bases de apoyo del EZLN que realizaban su labor de repartidores de refrescos". Provenientes de Yabteclum, donde cargaron su mercancía para llevarla a Naranjatic Bajo, cruzaban en su vehículo frente al cuartel militar de Mamojut (antes beneficio de café), cuando de las instalaciones castrenses salió a toda velocidad "una camioneta de la PGR con personal federal, y los persiguió por más de un kilómetro", sin lograr interceptarlos.
El concejo de Polhó consideró el hecho "como una acción que realizan el presidente municipal de Chenalhó, Antonio Pérez Arias, y su grupo de paramilitares de diferentes comunidades, en común acuerdo con personal de la PGR".
El día 6, en la comunidad pedrana de Lázaro Cárdenas, cuatro simpatizantes del EZLN estuvieron a punto de ser aprehendidos y linchados. El concejo de Polhó responzabilizó a los "caciques paramilitares" Adán Hernández Pérez y Manuel Pérez Hernández, y al agente municipal José Méndez Gutiérrez (identificados como participantes en la masacre de Acteal), así como a Agustín Guzmán Pérez, Fernando Ruiz Arias y Domingo Hernández Velasco.
Una vez más, los autónomos responsabilizaron al alcalde de Chenalhó, y declararon: "en este municipio no hay tranquilidad. Está aumentando cada vez más la presencia de la PGR, Policía Judicial estatal, Seguridad Pública, Ejército federal, juntamente con los paramilitares". En días posteriores proliferaron las agresiones en Yabteclum, Poconichim, Takiucum, Polhó y Acteal. Las fuerzas públicas federal y estatal, "acompañadas por los paramilitares, sigue señalando a bases de apoyo del EZLN como responsables de actos en los que nada tienen que ver".
El 10 de septiembre, el concejo de Polhó aseguró que los responsables de crímenes y delitos eran esos paramilitares que actuaban como brazo de la ley. "No hay tranquilidad, paz, ni libre tránsito para realizar nuestras actividades en los cafetales", y señaló que, contra lo anunciado por el edil priísta Pérez Arias, no existen condiciones para el retorno de los desplazados. "Son pretextos y engaños para hacernos caer en sus manos".
Acusaciones que se desvanecen
Mientras se desarrolla este fenómeno de culpables protegidos por la ley, quienes además acusan a inocentes, las hipótesis originales de la PGR respecto de la masacre de Acteal se derrumban en el vacío. La reciente liberación de Juan Luna Vázquez, zapatista acusado de asesinar a Joaquín Vázquez Tzecum el 17 de diciembre de 1997, lo cual habría provocado la masacre de cinco días después, echa por tierra la versión oficial de aquellos hechos.
Con la absolución de Juan Luna Vázquez "queda en el aire la hipótesis de la PGR", según el defensor del indígena, Miguel Angel de los Santos. Como se recordará, la procuraduría ha sostenido que la masacre se debió a un conflicto intracomunitario, en torno a la presunta disputa por un banco de arena, que habría causado la muerte del priísta Joaquín Vázquez y la consecutiva "venganza" del 22 de diciembre de aquel año, hoy conocida en todo el mundo. Según el abogado, "la PGR no tiene hipótesis ahora". No obstante, siguen vigentes, "ya sin fundamento", otras siete órdenes de aprehensión relacionadas con el caso de Luna Vázquez. En buena medida, esta circunstancia deja sin argumento legal la persecución y el encarcelamiento de civiles zapatistas.
En tanto, en el caso de los desplazados de Tierra y Libertad, en Yajalón, "el gobierno ha demostrado el apoyo y la protección a favor de los paramilitares de Paz y Justicia, sin disimular de manera alguna", según la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos. "Los desplazados han intentado dialogar con el gobierno en tres ocasiones, y los resultados han sido nulos debido al incumplimiento de las autoridades". Los campesinos expulsados de dicha comunidad el pasado 3 de agosto por civiles armados de Paz y Justicia han sido plantados por las autoridades los días 5, 11 y 13 de septiembre, las cuales demuestran "su desinterés en solucionar el conflicto mientras niños, ancianos y mujeres siguen sufriendo en lugares inadecuados, perseguidos y sin protección alguna", según la red.
En cambio, Paz y Justicia sí ha realizado encuentros con gente del gobierno. El día 5, en Takinukum, poblado que colinda con Tierra y Libertad, se efectuó una asamblea del grupo priísta donde se profirieron amenazas contra los desplazados. La Red de Defensores señala que estas reuniones de Paz y Justicia se hacen con el apoyo de camionetas de la presidencia municipal de Yajalón y la presencia del diputado Raymundo Ildefonso y el ex diputado (y activo aliado de Pablo Salazar Mendiguchía en la zona norte) Samuel Sánchez Sánchez. "Es improbable que la paz llegue a la región mientras estos grupos no sean desarmados y el gobierno local y del estado se conduzcan de acuerdo con su compromiso con todo el pueblo", dice la red, que además notifica:
"Se ha presentado una querella contra los paramilitares ante el Ministerio Público común y el Ministerio Público Federal, los cuales tampoco han cumplido con sus deberes de ejercer la acción penal necesaria en contra de los grupos armados de Paz y Justicia, tomando en cuenta que la Red de Defensores Comunitarios presentó pruebas videográficas que atestiguan las actividades de los paramilitares y testigos que dicen conocer origen y nombre de los paramilitares que aparecen en el video".
El patrón de impunidad de paramilitares y persecución de zapatistas se repite en el caso de la matanza de policías en Las Limas (entre El Bosque y Simojovel). Mientras la PGR sostiene que priístas y zapatistas maquinaron y ejecutaron la masacre (hipótesis por demás arriesgada), el único priísta detenido por los hechos ya salió libre, mientras Salvador López González, zapatista de Unión Progreso, sigue preso por su presunta (e improbable) participación en el ajuste de cuentas entre priístas ocurrido en Las Limas el 12 de junio.
Además, tanto los abogados como los testigos presentados por la defensa han sido amenazados por el fiscal Javier Vázquez Moctezuma en los tribunales de Tuxtla Gutiérrez, según denuncia también la Red de Defensores, para la cual se trata de maniobras "que permiten la impunidad de los verdaderos responsables de la emboscada". Las autoridades amenazan con aprehender a más civiles zapatistas.